Torrelavega iniciará contactos con el comercio para informar sobre la Zona de Bajas Emisiones

La llegada de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a Torrelavega, la única ciudad cántabra en la que, al menos de momento, se implantará esta restricción, viene generando una ola de inquietud importante entre algunos sectores de la ciudadanía. Uno de estos es el comercio, un tejido de empresas que, en algunos casos, ya ha demostrado estar altamente preocupado por la implantación de esta superficie restringida a los coches considerados más contaminantes –aquellos sin etiqueta ambiental–. Esa área exclusiva para vehículos 'limpios' tiene que estar implantada el 1 de enero de 2024; hasta entonces, el Ayuntamiento quiere volcarse no sólo la parte técnica de esta ZBE –cámaras, medidores de ruido, etc.– sino también en hacer una labor pedagógica de cara a estos negocios, resolver dudas y templar el nerviosismo que ha generado su llegada en las últimas semanas.

Esa ronda de contactos estará coordinada por las Concejalías de Movilidad y Deportes, que lideran Jezabel Tazón y Cristina García Viñas, respectivamente. De aquí a los dos próximos meses, ambos departamentos se reunirán con las asociaciones del sector para dar a conocer la propuesta que regirá el tráfico rodado en una zona del casco urbano, 200.000 metros aproximados de superficie delimitados por las calles José María de Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina. Además de la tecnología y diferentes paneles informativos orientados a que ningún conductor no autorizado rebase esas líneas, el Ayuntamiento ha contratado ya la instalación de nueve cámaras de vigilancia por 745.000 euros.

Mientras todos estos avances se suceden, la inquietud de algunos residentes y comerciantes aumenta. En las últimas semanas, la plataforma 'Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa' ha integrado las voces más escépticas con la propuesta del Ayuntamiento. Sus portavoces, Ángel Herrero y Miguel Rincón, urgen dos medidas importantes: la primera, un estudio que ayude a medir el impacto económico que la ZBE podría tener sobre la actividad privada; y la segunda y fundamental, la disminución del área de exclusión a, mínimo, 100.000 metros cuadrados –la mitad–.

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