Torrelavega pasa de siete a treinta y cuatro viviendas turísticas en solo dos años

El regidor aportó los datos en la última sesión plenaria de la Corporación, para responder una pregunta sobre esta cuestión del portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas. El control de la actividad le realiza el Gobierno de Cantabria y la normativa municipal no la impide, puesto que se trata de un uso residencial. La Dirección General de Turismo viene informando al Consistorio, desde 2022 y sin una periodicidad fija, sobre las viviendas de uso turístico dadas de alta mediante declaración responsable y solicita un informe municipal sobre su compatibilidad urbanística. Son dadas de alta si se encuentran en zonas de la ciudad clasificadas como de uso residencial.

Según esta información, en los dos últimos años se han autorizado 27 viviendas turísticas en la capital del Besaya. Concretamente, en 2021 (desde marzo) fueron tres, en 2022 un total de diez y este año (hasta junio) se han creado catorce. En total, en los últimos años se ha solicitado autorización al Gobierno de Cantabria para 35 viviendas turísticas en Torrelavega, de las una ha sido dada de baja y varias todavía se encuentran en periodo de tramitación.

Si se consultan portales de búsqueda en internet, las cifras se incrementan, sobre todo porque la oferta incluye viviendas de toda la comarca del Besaya. Por ejemplo, hasta junio Airbnb ofrecía 45, Booking 21, Holidu 5, Rentalia 21, Hundredrooms 2 y el Gobierno de Cantabria 12.

Según el alcalde, sobre los pisos turísticos ilegales no tienen datos, pero seguro que existen, aunque no tantos cono en Santander, donde el asunto fue objeto de debate en una reciente sesión plenaria en el Ayuntamiento porque su número se ha disparado. El concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez, recordaba en una moción que en la capital cántabra las plazas ofertadas en los pisos de alquiler turístico alcanzan en temporada alta las 5.800, superando ya a las plazas de las que disponen los 76 establecimientos hoteleros de la ciudad, que son 5.150.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Javier Bedia, hacía referencia ayer a este problema en El Diario Montañés: «El balance del verano es positivo pese al daño que están haciendo las viviendas de uso turístico sin legalizar, que es enorme, porque restan ocupación a los hoteles y empiezan a afectar a los restaurantes: si se te meten ocho personas en un piso, al final acaban consumiendo en el supermercado. Pero es que este fenómeno no va solo contra nuestra economía, es ya un problema social». «Ahora nadie sabe quién se ha metido en su rellano en un alquiler de este tipo porque no se lleva ningún registro -añadía-. Los hoteles estamos obligados a informar a la Policía de las personas que alojamos. Este asunto me preocupa muchísimo, porque llegarán los conflictos y se nos puede venir encima un sentimiento de turismofobia como ya pasa en otros lugares».