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«Dejar sin efecto la resolución de Alcaldía -aprobada el 16 de mayo de 2020- sobre otorgamiento de permisos especiales para incrementar la superficie destinada a terraza de los establecimientos de hostelería del término municipal, dejando con ello sin efecto las autorizaciones especiales otorgadas al ... amparo de dicha resolución». Con esas palabras, y tras una exposición de razones basadas en el fin oficial de la emergencia sanitaria, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, anula desde hoy la legalidad de las terrazas covid, esas que, hace tres años, debido a las restricciones aplicadas en los espacios cerrados y gracias a una mano tendida del Ayuntamiento, permitieron al sector incrementar su espacio al aire libre y aliviar su delicada situación durante la crisis.
Esa etapa ya ha finalizado y López Estrada se ha encargado de hacerlo efectivo en esta decisión, un cambio de ciclo normativo esperadísimo para algunos vecinos que, en los últimos meses y sobre todo tras el fin de la mascarilla obligatoria en abril de 2022, venían cargando no solamente contra esta traducción del espacio público en privado sino en el «obstáculo» que, debido a la proliferación de terrazas, decían enfrentarse a la hora de caminar por la calle, acceder a su vivienda o, ante una hipotética emergencia, permitir el paso de un vehículo a través de las plazas o vías más estrechas.
Decaída la vigencia de la Resolución de la Consejería de Sanidad de mayo de 2021 por la que se establecía un marco de prevención y control de la pandemia, primero, y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y por orden del Consejo de Ministros del fin oficial de la crisis sanitaria, después -el pasado 5 de julio-, el Ayuntamiento de Torrelavega restaura la normativa previa a la expansión del coronavirus y obliga a «todas las terrazas» a ajustarse a las autorizaciones concedidas de acuerdo con el régimen de la ordenanza municipal vigente, la que regula su ocupación del dominio público con sillas, mesas y otros elementos auxiliares. Todas las que se beneficiaron del permiso especial hoy devuelven ese espacio. La Policía Local se encargará de velar por el cumplimiento de esta resolución, procediendo a una inspección periódica en las cerca de 200 terrazas afectadas.
La aplicación de este documento sigue no sólo al enfrentamiento de posiciones entre los vecinos y los hosteleros -que siempre defendieron la vigencia de las terrazas tanto por el uso que se hacía de ellas como por los hábitos de consumo que según ellos salieron renovados tras la crisis- sino también a una lista de incontables anuncios por parte del Consistorio para hacerlo efectivo. Ha pasado más de un año desde que, por primera vez, antes del tercer verano afectado por la pandemia, el Ayuntamiento empezó a avanzar sus planes para restaurar la normativa. El calendario jamás se cumplió en los catorce meses siguientes. Ni en aquella primavera, ni durante el periodo estival ni en el otoño, exasperando así a algunos de los grupos de la oposición de la anterior legislatura y también a algunos colectivos como la Mesa de Movilidad del Besaya. Fue esta entidad la que, a preguntas de El Diario Montañés, hace dos semanas, lamentó la «vista gorda» que, hasta hoy, venía haciendo el Consistorio.
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