Torrelavega no recurrirá la sentencia del parque acuático y confía en construirlo con el nuevo Plan General

Uno rato antes, por la mañana, los servicios jurídicos del Gobierno parecía que todavía estaban revisando el VAR y sus opciones de salir ganadores en un posible recurso ante el Supremo. El vicepresidente y portavoz del Gobierno Pablo Zuloaga había dicho esto a preguntas de los periodistas, a la salida de Consejo de Gobierno. «Se estudia la sentencia para saber si la solución pasa por un recurso o por instar al Ayuntamiento a ordenar su urbanismo adecuándolo a la inclusión de la figura necesario para el desarrollo de este parque acuático».

Al final el gol ha entrado y el Gobierno ha encajado la sentencia. Ahora todo queda en manos del PGOU y una actualización que, según venía avanzando el alcalde, Javier López Estrada, a El Diario Montañés hace unas semanas, atravesaba ya su «último año» de tramitación. Desde que se vienen limando sus detalles, el Ayuntamiento se ha encargado de adecuar los terrenos de Sierrallana a las características urbanísticas de su megaproyecto, presentado como un «centro de ocio y deportivo -ni siquiera este jueves tras la sentencia el Ayuntamiento renunciaba a llamarlo a así en su comunicado-, pero desautorizado por el TSJC precisamente por parecerse más a una instalación turística que a un espacio recreativo donde hacer ejercicio. Ambas facetas tan incompatibles a tenor de los jueces están completamente integradas en el anteproyecto que presentó el municipio hace meses bajo el nombre 'Piscinas Del Paleolítico. Parque Acuático y de Aventuras de Torrelavega' y un presupuesto base de licitación de 17 millones de euros.

La reacción del Gobierno a última hora de la mañana llega tras una noche larguísima y de caras largas tanto en los despachos de Baldomero Iglesias como los de Peña Herbosa. El Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria se han pronunciado 24 horas después de que los jueces tumbaran el proyecto estrella de PRC y PSOE en Torrelavega. Los expertos de ambas administraciones pasaron todo el día leyendo la estimación del recurso presentado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), pero, sobre todo, la demoledora argumentación de la Sala de lo Contencioso: «Un parque con piscinas, toboganes y barranquismo como negocio turístico no puede autorizarse en una parcela calificada como sistema general de uso deportivo».

Ese debate, al menos a nivel procesal, ya está fuera de toda discusión y lejos del Supremo. La coalición de gobierno guarda silencio y opta por la vía de cocinar un Plan General a medida del parque, aunque eso suponga esperar un poco más. Lo cierto es que, promesas al margen, la tramitación del PGOU tampoco arroja demasiadas luces. Aunque encara la fase final hacia su aprobación definitiva, el documento urbanístico perdió a su equipo redactor el pasado mes de julio, tras la expiración del contrato con la empresa C. Andrés y Ll. Masiá, que ya había agotado todas las prórrogas posibles.

Ese es el gran problema -y no tanto el número de alegaciones en esta segunda fase de exposición pública (107 frente a las primeras 500)- que atraviesa la actualización del planteamiento urbanístico. El Ayuntamiento viene asegurando que podrá ser capaz de ampliar su relación con el equipo técnico. Entre tanto, y sólo porque ya empezaron a abordar la argumentación antes de que este pacto caducara, la compañía, la segunda que trata de coger el Plan por los cuernos y dejar atrás el obsoleto PGOU de 1986, aborda este periodo de exposición prácticamente en funciones.

Para la portavoz del Partido Popular y líder de la oposición en Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, lo ocurrido con el parque acuático en las últimas 48 horas es un error comparable a los mayores despropósitos de la legislatura. «Esta bofetada a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) implica también a los niveles regionales de la coalición PRC y PSOE, porque esta es una pifia también del señor Revilla y su Gobierno, no solamente del alcalde López Estrada». La sentencia, unida a reveses como la falta de una ubicación para las pistas de skate –que siguen interponiéndose en el camino de las obras de la vía auxiliar–, el «esperpento» derivado de los retrasos del soterramiento o la parálisis de actividad en el Centro Cívico de Sierrapando, se traduce en un «desastre» que, según la popular, «alcanza cotas inimaginables».El partido de Fernández-Teijeiro fue uno de los tres grupos del Ayuntamiento de Torrelavega que, el pasado 2 de septiembre, se manifestó con una abstención a la hora de votar la cesión de la parcela a manos de Cantur. Aquel día, el equipo municipal se quedó solo; el PP, Ciudadanos y Torrelavega Sí se abstuvieron;y la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT) fue la única formación que votó en contra. Cuatro meses después, ese debate sigue pendiente de llegar a un Pleno municipal.