Urbanismo frena el intento del concejal de Torrelavega Rufino Sasián de legalizar sus naves

Uno de los conflictos urbanísticos más polémicos de la legislatura en Torrelavega vuelve a ser noticia. Después de un complejo proceso de varios años, la empresa Paruvi, propiedad del concejal no adscrito Rufino Sasián, sólo ha logrado legalizar cuatro de sus ocho naves y su solicitud para construir otras dos ha sido denegada, todo ello en suelo no urbanizable de Tanos. Así lo ha determinado la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). En concreto, este organismo público, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ha declarado prescrita la infracción derivada de la construcción de las cuatro naves que levantó Paruvi antes de 2001, sin que exista la obligación de restitución de los terrenos a su estado anterior. La Crotu también ha resuelto denegar la legalización de las cuatro naves construidas a partir de la referida fecha, en la que entró en vigor una nueva ley más exigente con los infractores, así como el permiso para levantar otras dos naves.

La empresa, especializada en la recogida de residuos y fabricación de palés, pidió en 2015 la legalización de sus instalaciones, que suman 3.657 metros cuadrados y fueron construidas sobre una superficie de 20.355, separada por un camino vecinal. Paruvi también pidió legalizar un aparcamiento de camiones y construir otras dos naves en un suelo clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega como urbanizable no programado, asimilable por tanto al urbanizable residual, que «sigue el régimen jurídico del suelo rústico de protección ordinaria».

Un informe técnico sobre las construcciones efectuadas en la parcela concluyó que la edificación original ya existía en 1989 y se construyeron el aparcamiento y cuatro naves de distinta superficie antes de 2001. En un periodo posterior, entre 2005 y 2007, se levantaron cuatro naves más. La finca se encuentra afectada por el Plan de Ordenación del Litoral y las dos naves que ha solicitado construir ahora forman parte de la zona de policía de un cauce público de aguas (arroyo), por lo que será preceptiva la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para «cualquier actuación».

Según la Crotu, no es suficiente el informe emitido el año pasado por la Dirección General de Innovación, Industria y Comercio, en el que señalaba que las instalaciones podían ser consideradas de interés público o social. Dado el volumen de las naves existentes y las previstas, así como el hecho de que se ubiquen en suelo clasificado como urbanizable no programado industrial, determina que «no pueda tener encaje legal la solicitud», por entender que «supone una actuación aislada en suelo rústico, pero no un conjunto de instalaciones que conforman un pequeño polígono industrial, siendo preciso para su legalización el desarrollar urbanísticamente el citado suelo».

No obstante, la empresa de Rufino Sasián señala que, después de un «tortuoso camino», ha logrado legalizar parte de sus instalaciones y recuerda que, con carácter previo a la resolución de la Crotu, la Confederación Hidrográfica emitió informes favorables a su solicitud de legalización. También recuerda que en 2017 la Crotu había declarado prescrita la infracción respecto a la construcción de todas las naves, pero «el Ayuntamiento indicó que parte de las instalaciones habían sido construidas con posterioridad a 2001, lo que ha supuesto que en la resolución final la legalización sólo alcance a una parte de las instalaciones».

Respecto a la solicitud de construcción de otras dos naves, Paruvi señala que la Crotu decidió no pronunciarse hasta que el Ayuntamiento no efectuase una declaración sobre la utilidad pública o interés social de la actuación. Sin embargo, el Consistorio se consideró incompetente y la Consejería de Industria asumió esa responsabilidad, resolviendo el año pasado que «las instalaciones proyectadas pueden ser consideradas de interés público o social». La empresa de Sasián lamenta que, pese a ello, la Crotu haya denegado finalmente parte de su petición de legalización porque «considera que es una actuación aislada y no un polígono industrial», acuerdo que recurrirá.

Por otro lado, una vez obtenida la declaración de interés público o social, Paruvi solicitó autorización de uso provisional de las instalaciones para «poder continuar funcionando», petición que el Ayuntamiento aún no ha resuelto. El Consistorio tampoco ha culminado la tramitación de la «solicitud de relleno de una finca para destinarla a aparcamiento». Por último, la empresa se muestra «tremendamente decepcionada» con el trato que recibe de la Concejalía de Urbanismo y considera «intolerables» los «constantes ataques verbales» del portavoz de ACPT, Iván Martínez.