La presión vecinal obliga a tres okupas a abandonar una casa que habían asaltado horas antes en Tanos

Goñi, hijo del concejal del mismo nombre que falleció en 1994 tras sufrir un infarto durante una rueda de prensa, señalaba a El Diario Montañés, poco después de recuperar el domicilio con la ayuda de la Policía Nacional, que el inmueble solo había sufrido daños «en las puertas y en un cristal». Con ayuda de su hija, se ocupó en un primer momento de realizar diversas llamadas telefónicas «al seguro, la empresa de las alarmas y el cerrajero».

«Coincidí con ellos en el juzgado y me pidieron perdón al enterarse de que mi madre murió aquí en un incendio, pero se han marchado por la presión del pueblo», insistía el propietario, que ahora dormirá unos días en el inmueble «como medida de seguridad». Goñi, residente en una localidad cercana, indicaba que tras el incendio acudía con frecuencia al domicilio para que se ventilase –todavía huele a humo–, tarea en la que también cuenta con el respaldo de los vecinos, que «nunca han dejado de apoyarme». Hace un mes logró que se cambiasen las puertas y las ventanas, y ahora sigue en «trámites» con el seguro para continuar con la recuperación de la casa.

Una vecina que vive al otro lado de la calle, en la Urbanización Santa Ana, dio la voz de alarma en la tarde del miércoles, tras detectar que dos jóvenes estaban intentando abrir la puerta principal. La Policía Nacional recibió la primera llamada a las 17.30 horas y actuó con rapidez, lo mismo que Goñi, que fue avisado por un cuñado de la vecina. «No les dio tiempo a trancar la puerta», comentaba otro residente.

Los okupas no accedieron entonces a marcharse voluntariamente, alegando problemas económicos, ni dejaron a los agentes entrar en el domicilio. Sí mostraron un contrato de alquiler que resultó ser falso y uno de ellos ejerció de portavoz, desde una ventana, para justificar su acción. Según los testigos, dijo que era drogadicto, que acababa de salir de la cárcel y que «su pareja estaba embarazada y no estaban dispuestos a seguir pasando frío durmiendo en la calle».

Una vez conocidos los hechos, el juzgado tampoco tardó en actuar, fijando para las 10 de la mañana de este jueves la declaración de ambas partes. La Ley señala que una vez que la autoridad pública requiere el desalojo, los okupas deben dejar la vivienda en 24 horas o demostrar que tienen autorización para estar en ella. En este caso no fue necesario que los agentes procediesen al desalojo. Los okupas, una pareja y un amigo, señalaron incluso que habían abandonado la vivienda esa madrugada.

Mientras esto ocurría en el juzgado, vecinos de Tanos, muchos de ellos niños (todavía están de vacaciones) se arremolinaban en torno a la vivienda, de color amarillo, situada en la calle que da acceso al colegio público de la localidad. «Ya está arreglado, ya no están», decía de repente el cuñado de la vecina que dio la voz de alarma y que también había ido a declarar. «Son muy jóvenes. A ella incluso le han dado pena», señalaba, a la vez que anunciaba que la Policía no tardaría en llegar para comprobar que Ignacio Goñi recuperaba lo que es suyo.

Y así fue, no tardaron en llegar los agentes en tres coches patrulla, con los que cortaron la calle y después accedieron al inmueble. Primero examinaron el exterior, donde faltaba la portilla de entrada, y después el interior, con ayuda del propietario y su hija.

«Afortunadamente, se ha resuelto rápido y los afectados han recuperado pronto su casa. Felicito a los vecinos y a la Policía», afirmaba el alcalde en funciones, José Luis Urraca, mientras muchos torrelaveguenses temen que este tipo de hechos se vuelvan a repetir y los rumores se disparan. Uno de ellos señalaba que uno de los okupas había entrado el pasado viernes en un chalet en otra localidad cercana, Campuzano, y que, finalmente, habían sido desalojados «el lunes o el martes» tras actuar Desokupa, una empresa especializada.

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