Los vecinos de Ronda Garcilaso afirman que no pueden pagar la consolidación del edificio

Esa situación perdura hasta hoy y las responsabilidades de aquellas primeras grietas, de la inestabilidad del inmueble, siguen judicializadas. Los vecinos la atribuyen a unos trabajos que acometió el Gobierno de Cantabria en 2019, tras la construcción de una oficina para el Icass en la planta baja. Al final de esa misma legislatura, la Consejería de Políticas Sociales –hoy Inclusión Social– aseguró que, de haber responsabilidades, estas serían de la constructora, AC1 Plus, pero todo sigue en manos de los tribunales. Entre tanto, saber que el coste de la consolidación recaerá sobre su bolsillo ha caído como una losa entre la comunidad, que, al igual que Rosa Nieves, asegura no poder hacer frente a «una segunda hipoteca» a estas alturas de la vida. El Ayuntamiento se mostró firme a la hora de anunciar el carácter subsidiario de esas tareas, ya sea con el pago o, en última instancia, medidas extremas como el embargo de los pisos.

«Nos sentimos totalmente abandonados. ¿Y qué se supone que tenemos que arreglar? Si no hemos hecho nada en el edificio», declara Ibáñez. A la situación insostenible del inmueble se suma ahora otra más: la incapacidad de estos vecinos, personas mayores que perciben una pensión de entre 400 y 800 euros, para hacer frente al presupuesto. Las conjeturas sobre qué inversión requerirán las labores no duran mucho en las conversaciones de portal que mantienen, porque sea cuál sea, no lo podrán pagar. «¿Con qué dinero?», «¿nadie entiende nuestra situación?» o «¿por qué lo tenemos que arreglar nosotros?» son solo algunas de las preguntas que ayer, en otra de esas reuniones en el descansillo, intercambiaban Rosa Nieves, Rosario y Mari Carmen, residentes aquí desde que el inmueble se levantó hace tres décadas.

«Desde entonces nunca le hemos hecho nada al edificio», compartían las cuatro, en el rellano del segundo piso y junto a la puerta de un ascensor que no ha vuelto a subir ni bajar desde que se desplomó en 2022, dejando a algunos residentes –sobre todo a los más mayores, que necesitan el elevador para bajar a la calle– «atrapados en sus casas».

Olga Obregón, del 2º izquierda, es hija de dos de esos mayores: él, con un problema pulmonar, y ella, que apenas baja únicamente para ir al médico, como relata. «Están totalmente encerrados», aseveraba ayer. En frente, casi al lado, Mari Carmen Pérez, del 2º derecha, la escuchaba desde el quicio de la puerta: «Es que esta situación es una vergüenza. Entramos aquí hace 34 años. ¿Qué quieren? ¿Tenemos que pagar otra hipoteca?».

Rosario Arroyo, del 4º izquierda, también estaba ahí. «Es un dineral. No lo podemos pagar», lamentaba ayer, ya en el descansillo del segundo piso, y después de visitar la planta baja del inmueble, apuntalada desde hace tres años con decenas de pilares de sujeción. Aquí, junto a otra vecina que ha ejercido las labores de portavocía estos últimos años, Lourdes Verdeja –hija de Mari Carmen–, todas volvieron a pedir una ayuda desesperada a la Administración cántabra.

Ha pasado más de un lustro desde que las señales de la inestabilidad y miles de grietas empezaron a aparecer por las cocinas, los baños, el portal y decenas de rincones en varias plantas del edificio. Con ellas, nació también el medio, la polémica y un asunto que continúa judicializado y pendiente de sentencias aún hoy.

Aquí también ha habido disparidad de opiniones estos años. En 2020, la Audiencia Provincial dio la razón a los vecinos del 2º derecha, ratificando un fallo del Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Santander que asociaba la obra del Icass a las grietas. Dos años después, sin embargo, el Juzgado Nº5 negó dicha relación en el caso del 1º derecha.

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