A vueltas con las bajas emisiones en Torrelavega

Contrariamente al aviso que se les envió hace mes y medio, ninguno de ellos tendrá que cambiar de vehículo el 1 de enero para entrar en el centro de Torrelavega. El susto ya ha pasado y todo ha cambiado. Tanto la fecha, porque no llegará antes de 2024;como la propuesta, que pasa de 600.000 a, como mucho, 160.000 metros cuadrados. Vean la diferencia en el plano adjunto a la información. La alternativa acotada en color naranja, la primera que presentó la Concejalía de Movilidad a propuesta de la adjudicataria Doymo, ya ha quedado completamente descartada por el Consistorio, consciente de la forma tan atropellada con la que había irrumpido la iniciativa en todos los bares, tiendas y casas del centro de la capital del Besaya.

A medio año de las elecciones municipales, ni Torrelavega ni ninguna otra ciudad de más de 50.000 habitantes –la cota afectada por la medida– tiene ganas de meterse en ningún berenjenal. La prórroga solicitada por la Federación de Municipios fue determinante para ganar margen de maniobra ante el Ministerio de Transición Ecológica y poder posponer la aplicación de estas restricciones hasta el Año Nuevo de 2023 o 2024. No está del todo claro cuánto durará finalmente esa moratoria. Como mínimo, todos esos conductores vetados del centro –uno de cada cuatro a juzgar por el estudio del parque móvil encargado a la adjudicataria– han ganado un año.

Han ganado tiempo y espacio, eso seguro. Desde que se confirmó el alivio, el equipo de gobierno se debate entre dos propuestas mucho más reducidas. Están las dos en la imagen:la intermedia, en verde, que se queda en 160.000 metros cuadrados y un impacto directo sobre 3.500 conductores;y la más laxa, en amarillo, que no pasa de los 60.000 metros cuadrados y alcanzaría a chocar con cerca de 1.500 vecinos, según los datos que Doymo viene presentado al municipio en el marco de sus funciones.

Sea cuál sea la decisión final, cabe tener claro algo importante. Cada metro que se le quita a la zona de bajas emisiones se traduce no sólo en un posible impacto negativo sobre el comercio o los conductores sino, sobre todo, su eficacia real en relación a sus objetivos. Eso también lo deja claro la empresa adjudicataria. De poco sirve marcarse unas metas verdes si los límites al tráfico no afectan más que un par de calles de la ciudad.

A más restricciones, mayor impacto. Para lo bueno y para lo malo. Y aunque Doymo viene haciendo un trabajo exclusivamente técnico desde que fue contratada por la Concejalía de Movilidad, sus informes son meridianamente claros a la hora de resumir cuáles son tanto las grandes claves como los pros y contras de cada uno de los dos modelos que ahora mismo circulan por los despachos de Baldomero Iglesias:La alternativa verde, la intermedia, «posiblemente necesitará ser ampliada a futuro». Su versión reducida, en amarillo, no supone un 'shock' especialmente dañino para los vecinos y comerciantes, pero «tendría un impacto prácticamente nulo en la reducción de emisiones».

Ha pasado prácticamente un mes desde que el equipo de gobierno, los grupos de la oposición, la Mesa de Movilidad y la Cámara de Comercio avanzaron sus intenciones comunes con respecto a todos estos mecanismos y la norma que obliga a implantarlos, la Ley Contra el Cambio Climático. Desde entonces, este espacio de trabajo transversal se ha propuesto conciliar el cumplimiento de este código con el compromiso de no perjudicar drásticamente a las empresas ni a los vecinos de la capital del Besaya.

El calendario que plantean sus integrantes es el de acotar esta delimitación «a lo largo de 2023», si bien su implantación no llegará antes de 2024. Otro de los mensajes de tranquilidad que el alcalde, Javier López Estrada, quiere enviar tiene que ver con las aplicaciones de la zona de bajas emisiones y su impacto para los vecinos que viven en su ámbito de influencia. Sea cual sea el modelo elegido y el coche que conduzcan estos residentes, «todos» estos residentes tendrán acceso a sus viviendas y garajes porque, entre otras cosas, la ordenanza podrá conceder excepciones en ese sentido, también a las personas con movilidad reducida.