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«Es una aberración. La mayoría de mis clientes son de fuera de Torrelavega y, además, esta es una ciudad de gente mayor. Van a cerrar lo poco que tenemos». Cuando abrió su tienda de moda infantil, Canela, en la calle Francisco Díaz, en 2016, ... a Susana Gutiérrez Martín jamás se le pasó por la cabeza que acabaría estando en el corazón de algo llamado Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una superficie del centro urbano flanqueada por las calles José María de Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina en la que, por Ley, los coches considerados más contaminantes –los que no tienen etiqueta ambiental– estarían absolutamente vetados. Han pasado siete años desde aquel día y ahora, a los problemas de aparcamiento, la inflación, el encadenamiento de crisis y a la salud del comercio torrelaveguense en general, se suma esta otra preocupación, un imperativo de la Unión Europea basado en la promoción de la movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire, pero que, en muchas persianas, viene causando auténtico pavor.
Basta dar una vuelta por el centro, por las empresas directamente afectadas por esta medida, para corroborar ese rechazo generalizado. «¿A quién beneficia? Estamos echando a los consumidores, de los cuales muchísimos vienen de los pueblos. Podríamos tener tanto potencial… Y lo estamos echando a perder». Gutiérrez Martín es sólo un ejemplo. Su opinión se repite mucho dentro de la ZBE que –junto a la empresa Doymo– ha diseñado el Ayuntamiento.
A partir del 1 de enero de 2024, la calle Ruiz Tagle será otra de esas arterias 'exclusivas' y –salvo en el caso de los residentes, que seguirán circulando «como siempre» según promete el Consistorio– sólo al alcance de coches con etiqueta ambiental. Marta Fernández tiene su negocio en esta vía y le preocupa que el futuro de La Garlopa, donde vende muebles y decoración en general, se vea dañado por esta suerte de 'monopolio' de vehículos limpios. «Es el colmo para los comerciantes. Estamos invitando a los clientes a que vayan a los centros comerciales, en vez de dar facilidades», lamenta, antes de cuestionar la urgencia de esta imposición y la densidad de coches que afecta a la calidad del aire en Torrelavega. «Esto no es Madrid».
Las frases
Marta Fernández-La Garlopa «Estamos invitando a los clientes a que vayan a los centros comerciales, en vez de dar facilidades»
Susana Gutiérrez-Canela «¿A quién beneficia? Estamos echando a los consumidores; muchos vienen de los pueblos»
Maite Coterillo- Amparito «Mis clientes me dicen que actualmente no pueden aparcar; pues imagínate con estos impedimentos»
Maite San Emeterio «Si tienen problemas para entrar se irán al centro comercial ¿Diálogo con el comercio? Nulo»
Conchi Calle-Covadonga «Va a ser negativo; la gente está acostumbrada a aparcar en la puerta. Todo son obligaciones»
En cualquier caso, «somos unos mandados», que diría Conchi Calle, a dos minutos de ahí, en la Plaza Mayor. Responsable de Calzados Covadonga, ella es otra de esas empresarias pesimistas con respecto a este mandato. Sus declaraciones revelan la resignación con la que una gran parte de sus colegas asume este nuevo límite a la circulación. «Habrá que hacer lo que nos digan, pero va a ser negativo y perjudicará la llegada de clientes. La gente está acostumbrada a aparcar en la puerta; con esto me imagino que se irán a los centros comerciales», predice.
Como ella, muchos no pueden evitar terminar la conversación sin lamentar que, «al final, todo son obligaciones». Y es que la Zona de Bajas Emisiones es, como zanja Maite Coterillo, «la puntilla» para el comercio. La propietaria de Amparito, en Félix Apellaniz, se reconoce «asustada» ante la implantación de esta medida. «Mis clientes me dicen que actualmente no pueden aparcar; pues imagínate con estos impedimentos», pronostica, escéptica sobre los aparcamientos disuasorios, la mala calidad del aire que señalan algunas entidades y la política de comunicación de la Concejalía de Movilidad: «No preguntan. ¿Hay que ponerlo? Vale, pero mira en qué calles, ¿no? Y, encima, vamos a estar sin estación de tren en el centro durante cuatro años –con el inicio del soterramiento, a partir de 2025–».
María Teresa (Maite) San Emeterio, gerente de Calzados La Clínica, llega a una conclusión muy similar cuando piensa en lo que puede pasar, una vez que la ZBE eche a andar. Ese escenario ya se lo han avanzado sus propios clientes, que vienen de «Suances, Villapresente o Hinojedo», entre otras localidades. «Si tienen problemas para entrar se irán al centro comercial», reproduce. Ella, con un negocio fundado hace 50 años, también está «preocupada» y cuestiona tanto la urgencia como las formas del Consistorio a la hora de comunicarse con uno de los sectores más afectados por la medida: «¿Diálogo con el comercio? Nulo». El Ayuntamiento ha iniciado esta semana unas reuniones con las asociaciones de comerciantes para informar sobre su propuesta y resolver dudas. Tarde, quizá. Ese reproche es habitual en las persianas.
En las persianas y en las asociaciones. El sector ha echado en falta el diálogo del Ayuntamiento en todo momento. Es más, algunos propietarios que están dentro de la ZBE ni siquiera saben lo que estas siglas significan. «La participación tendría que haber sido más activa», opina Carlos Augusto, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega.
Como él, otros representantes encarnan la enmienda del sector frente a los postulados más optimistas, esos que sostienen que, lejos de dañar, la ZBE alimentará la circulación de peatones y, con esta, la caja. «Claro que me preocupa», expresa, Julián Crespo, presidente de la Asociación EmTorre; «El desastre», predice Miguel Rincón, su homólogo en Apemecac;«Hay que llegar a un punto de encuentro para que no sea lesiva», apela Augusto. Entre tanto, lejos de la ZBE, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Tanos, Alfredo Pozueta, encarna a la minoría menos inquieta: «No lo veo tan preocupante. Total, vamos a tener que pasar por el aro».
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