La Zona de Bajas Emisiones toma forma y arrancará «en el primer trimestre de 2025»

Mientras, y esto puede ser un palo en la rueda clave el día de mañana, los servicios jurídicos municipales mantienen un ojo puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Hace medio año que, aquí, los jueces admitieron a trámite un recurso de la plataforma 'Salvar Torrelavega', contraria a esta restricción y convencida de los «incumplimientos flagrantes» que, dicen, habría cometido la Administración local a la hora de tramitar la delimitación geográfica de la ZBE -no la ordenanza-.

De momento, hay calma en Baldomero Iglesias. «Estamos tranquilos; hay un proceso judicial paralelo que no tiene nada que ver con nuestra ruta», declaraba el martes la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, durante el debate de una moción de Vox para solicitar una moratoria. Como una pausa «hasta que se resuelva la demanda», como expuso sin éxito -porque sólo contó con el apoyo del PP- el portavoz Roberto García Corona.

Es difícil saber qué pasaría si los jueces fallan en contra de los intereses del Ayuntamiento de Torrelavega, pero la oposición ya ha mostrado su preocupación. «Estando pendiente de resolución, puede suponer un problema posterior de tesorería», augura García Corona, en relación a las multas; «si al final se dicta una resolución contraria a la ZBE, habremos tirado por la borda 750.000 euros», añade Miguel Remón (PP), inquieto por la «seguridad jurídica» de la restricción.

Pero este horizonte judicial no altera los planes de PRC y PSOE. En los últimos meses, los socios de gobierno han abierto la mano para alcanzar consensos con la oposición y aliviar algunos puntos de la ordenanza, que definen como «laxa», pero ordenar un aplazamiento ahora por culpa del recurso de 'Salvar Torrelavega' nunca ha sido una opción.

¿Y por qué se va a activar la ZBE en el primer trimestre de 2025 y no antes? ¿O después? La ordenanza reguladora se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 8 de agosto y, técnicamente, entró en vigor al día siguiente; sin embargo, el Ayuntamiento de Torrelavega fijó un periodo transitorio de seis meses a partir de ese día en el que no sería de aplicación el régimen sancionador previsto en la misma.

El otro condicionante -acordado esta vez con la oposición, salvo Vox- afecta al aparcamiento de La Carmencita. En este caso, PRC y PSOE se comprometieron a no activar las restricciones hasta después de estar acabada esta obra, clave para el aparcamiento en la ciudad -y de hecho financiada con fondos para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones-. También está contemplada la posibilidad de alargar el periodo de gracia a criterio de Alcaldía, pero aún, y según asegura dicen en el área de Movilidad, «no hay motivos para hacerlo».

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