Las zonas de bajas emisiones de Torrelavega no se implantarán antes de 2024

Las zonas de bajas emisiones (ZBE), que están obligadas a habilitar todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes para reducir la contaminación que provoca el tráfico, no se implantarán en Torrelavega antes de 2024. Así lo anunció ayer el alcalde, Javier López Estrada, tras participar en una reunión de la mesa de trabajo en la que intervienen representantes de la Corporación municipal y el sector del comercio. Todos los grupos políticos acordaron en octubre solicitar una moratoria al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

«Hemos llegado a la conclusión clara de que hay que cumplir la Ley Contra el Cambio Climático por imperativo legal, y todos somos conscientes de nuestra responsabilidad y de que hay que evitar cualquier movimiento que pudiera hacer daño a la economía y al tejido social de Torrelavega. Por eso nos hemos emplazado a buscar una delimitación que cumpla esos dos objetivos», explicó el regidor.

En el encuentro de trabajo se estudiaron las tres propuestas de delimitación para la implantación de las ZBE realizadas por la empresa adjudicataria y se acordó descartar la opción que abarca una mayor superficie, 600.000 metros cuadrados, en la que no podrían circular los vehículos más contaminantes. «Se han aceptado como posibles –detalló López Estrada– dos pequeñas actuaciones con una superficie de 60.000 y 160.000 metros cuadrados, cuya delimitación estaría situada entre las calles Julián Ceballos, La Llama, José María Pereda y Julián Urbina. Vamos a seguir trabajando con ellas». El calendario que se ha planteado es realizar la delimitación de las ZBE y la ordenanza que regulará las mismas en 2023, mientras que su implantación «no será antes de 2024».

Respecto al efecto que va a tener la creación de estas áreas de bajas emisiones para los vecinos que vivan en ellas, López Estrada ha querido dejar claro que «todos tendrán acceso a sus viviendas y garajes, y la ordenanza contemplará excepciones para acceder a la misma, como las personas con movilidad reducida». Un total de 149 municipios españoles se verán afectados por esta regla para luchar contra el cambio climático.

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