Guatemala, entre el narco y las maras

Las pandillas aparecieron en Guatemala a finales de los ochenta y principios de los noventa. A diferencia de lo que ocurre en Honduras y El Salvador, no son el principal fenómeno delictivo del país, ya que su violencia convive con la de la delincuencia común y, cada vez más, con la de los cárteles mexicanos de la droga. Para la DEA –la agencia antidroga norteamericana–, este país ya es una de sus grandes prioridades. En el último año, la Policía guatemalteca presume de haber capturado a 54 extraditables (requeridos por la Justicia de Estados Unidos), desarticulado 15 organizaciones de narcotráfico y desestabilizado 6 maras. Éxitos que no han impedido al presidente del país, Alejandro Giammattei, solicitar ayuda internacional para combatir el crimen organizado. En la imagen, un integrante de Barrio 18 –también conocida como Mara 18, Calle 18 o, simplemente, La 18–, una de las pandillas más temidas, junto a la Mara Salvatrucha, aliada ahora de los narcotraficantes mexicanos.

En Guatemala, los agentes de la Policía se sienten en una situación de gran indefensión a la hora de enfrentar el crimen. Disparar a un sospechoso en enfrentamiento directo implica prisión y suspensión de sueldo durante los tres a seis meses que dura la investigación. En este sentido está en marcha una reforma del Código Penal para que puedan aguardar la resolución del caso sin perder su empleo. «Es urgente una nueva normativa que dé seguridad a la institución y a todos sus componentes para hacer frente al crimen con garantías», exige el criminólogo Stu Velasco, exdirector general de investigación criminal de la Policía. Arriba, agentes patrullan la Colonia El Búcaro, en el peligroso sector (o barrio) La Isla.

En 2012, Estados Unidos incluyó la mara Salvatrucha, rival de La 18, en su lista negra de grupos criminales (junto con Los Zetas, la Yakuza o la Camorra). Desde entonces, el fenómeno ha vivido «una metamorfosis radical en su modus operandi», señala el criminólogo Stu Velasco. La tasa de homicidios se ha reducido –del 41,8 por cada 100.000 habitantes en 2010 al 15,3 en 2020, aunque la gran mayoría se quedan sin resolver–, entre otros motivos, porque los pandilleros son más selectivos al aceptar encargos como sicarios para centrarse en la extorsión, el secuestro, atracos y el menudeo de droga de la mano de los mexicanos. Además de crear empresas fantasma para blanquear sus ingresos. En la imagen: dos miembros de La 18 son sometidos a un cacheo en uno de los distritos más conflictivos de la capital, la Zona 18.

Los agentes detienen a cuatro mareros tras una persecución. En su coche hallan el cadáver de una joven (arriba) con las manos atadas y una soga al cuello. Lo trasladaban para hacerlo desaparecer. Asesinos y víctima pertenecen a la Little Psycho Criminal, temida clica (grupúsculo con poder de decisión) de La 18. La chica se dedicaba al cobro de extorsiones y fue ejecutada por quedarse con parte del dinero. Al revisar la ficha de los sospechosos, resulta que ya están condenados por asesinato. ¿Cómo es posible que estén en libertad? La corrupción. El sistema judicial y sobre todo la Fiscalía despiertan poca confianza entre la población por su fracaso en la lucha contra el narco y las pandillas y sus errores en la ejecución de las condenas.

Los principales presidios de Guatemala están bajo el control de la Mara 18, la Salvatrucha y de los cárteles mexicanos. Desde aquí, los pandilleros veteranos, que gozan de una especie de sueldo con cargo a la organización, dirigen a los miembros que están en libertad, obligados estos a cargar con el peso criminal de la banda. Los intentos por actuar al margen de los jefes encarcelados y crear cualquier grupo independiente se pagan muy caro. En la fotografía de arriba: un grupo de agentes cachea a un preso durante un registro en el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18, en la capital. La operación se salda sin resultados, ya que, en realidad, la entrada de los policías en la prisión ha sido negociada previamente entre la Fiscalía y los líderes de La 18, una elocuente prueba del dominio criminal sobre las prisiones guatemaltecas.

La extensión del crimen organizado está alcanzando tal extremo que el país va quedando dividido de forma progresiva entre fronteras invisibles que delimitan los territorios de cada grupo. Se trata de las zonas, además, con las mayores tasas de homicidios. En plena pandemia, sin ir más lejos, la mara Barrio 18 asumió en sus áreas de influencia la imposición (implacable, por supuesto) de las medidas de combate al coronavirus. Es más, hizo público un comunicado que instaba a la población a acatar las órdenes del Gobierno contra la extensión de la pandemia. Son los síntomas de un poder creciente cada día más difícil de combatir en Guatemala y el resto de Centroamérica. Así lo advierten, al menos, los expertos, que alertan sobre el incierto futuro de una región a cuya larga lista de calamidades –pobreza, catástrofes naturales, gobernantes corruptos...– se suma ahora el crimen organizado. Arriba, integrantes de la mara Barrio 18 en una prisión de la Ciudad de Guatemala, controlada por esta temida pandilla.