El PP dice que el Gobierno cesó al interventor para ocultar las irregularidades del SCS

En rueda de prensa, Sáenz de Buruaga ha acusado a los consejeros socialistas Juan José Sota (Economía, Hacienda y Empleo), María Luisa Real (Sanidad) y al secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, de urdir una «maniobra para quitarse del medio» y derrocar a los hasta entonces interventor, Gabriel Pérez Penido, y el subdirector de Gestión Económica del Gobierno, Rafael Gutiérrez, para evitar que investigaran.

«El verdadero motivo del cese del interventor general fue el reguero de irregularidades en la contratación del SCS. Fue la necesidad de abortar el seguimiento y la fiscalización extraordinaria de la gestión del SCS que se planificó cuando estas irregularidades eran un secreto a voces», ha asegurado Sáenz de Buruga.

La dirigente del PP ha relatado que la intervención «no era ajena» a dichas irregularidades y conoció «oficiosamente» el escrito enviado por la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, a Real y al gerente del Servicio, Julián Pérez Gil, informándole de la situación.

Además, ha señalado que la Intervención se disponía ya a investigar este año en profundidad las «anomalías existentes en la contratación» del SCS.

Sáenz de Buruaga ha asegurado que, por este motivo, Sota y Zuloaga urdieron una «estrategia para salir al rescate» de Real que pasaba por cesar al interventor y al subdirector de Control Financiero, una «maniobra» que, según ha dicho, se diseñó en una reunión celebrada en febrero, a los pocos días de que la funcionaria remitiera su escrito denunciando las supuestas irregularidades.

La presidenta del PP, que también implica a Real en esta maniobra, se ha preguntado «qué más necesita saber» Revilla para que haya «reacciones inmediatas y contundentes» y le ha pedido «coherencia política, integridad y ética» para que «aplique la receta» en su Gobierno que desde los «platós de televisión exige a todos los demás».

«Al parecer, la vara de medir no es la misma para las irregularidades de unos que de otros y tampoco el nivel de exigencia. Para Revilla, solo los gestores y políticos del PP tienen presunción de culpabilidad», se ha quejado.

Sáenz de Buruaga ha criticado que, tras hacerse públicas estas supuestas irregularidades, el Consejo de Gobierno haya encargado el jueves a la Consejería de Sanidad, y no a la Intervención, como reclama el PP, abrir una investigación sobre lo ocurrido.

En este sentido, ha criticado que la consejera de Sanidad, que, según el PP ha estado «escondida», que «no investigó» tras conocer la denuncia de la funcionaria y «echó tierra para tapar el asunto», sea, precisamente, la persona encargada de «iniciar y conducir» la investigación ordenada por el Consejo de Gobierno.

«El presidente ha encargado a la consejera de Sanidad que se investigue a sí misma y eso es tanto como dejar escrito el resultado y exculparla», ha censurado la líder del PP, que considera que esto solo es una «maniobra de distracción».

Sáenz de Buruaga ha insistido que es la Intervención la que debe llevar a cabo la investigación y también ha señalado que no debe limitarse a las irregularidades en los contratos que ha denunciado el PP sino que tienen que investigarse «todos los contratos» del SCS en esta legislatura pues, a su juicio, con lo que se ha conocido están todos «bajo sospecha».

La presidenta del PP ha insistido en que lo que se ha visto es solo una «aguja en un pajar», el SCS, en el que se gestionan cada año más de 800 millones de euros.

En ese sentido, ha preguntado a Revilla que, «si después saber lo que sabe» de la actuación del gerente del SCS y del subdirector de Gestión Económica, éstos siguen mereciendo su confianza política para gestionar tal volumen de recursos públicos. Para Sáenz de Buruaga, después de lo que se ha conocido, «no debían continuar ni un minuto más» en sus cargos y tienen que ser «apartados y cesados» y ello al margen de las responsabilidades jurídicas.

«Una cosa son las responsabilidades políticas y otras las jurídicas», ha advertido la presidenta del PP, que «tampoco sabe a qué espera Revilla» para «depurar» responsabilidades en relación a la consejera de Sanidad.

Por su parte, el PP ha insistido en que «no descarta denunciar estas irregularidades» ante la Fiscalía o cualquier medida en el Parlamento de Cantabria.

Sin embargo, por el momento, antes de dar nuevas medidas, dará unos días para ver la reacción del Ejecutivo. «Me gustaría que el Gobierno empezase a dar pasos por sí solo y exija responsabilidades».

Y es que Sáenz de Buruaga ha subrayado que, hasta el momento, «absolutamente nadie ha rebatido o dado explicaciones sobre ninguna de las irregularidades en la contratación del SCS denunciadas por el PP».

También ha calificado de «chusqueros» los argumentos del gerente del SCS y del subdirector de Gestión económica del Servicio, Javier González, de que la trabajadora que denunció los hechos lo hizo por «despecho» y porque no se llevaba bien con su jefe.

«Estamos hablando de una funcionaria, una profesional con más de 35 años de carrera en la Administración, que ha convivido y trabajado con gobiernos de todo signo político, una funcionaria que está a punto de jubilarse y que jamás ha tenido ningún problema en su larga trayectoria», ha defendido la presidenta del PP.