Los sindicatos acusan a Mañanes de rescatar un decreto de Wert para justificar el aumento de la jornada escolar

En ese informe elaborado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, dependiente de la consejería de Presidencia, concluye que no puede aplicarse la jornada lectiva reducida en los meses de junio y septiembre en Educación Primaria. Este informe establece que en Primaria el horario escolar es de 25 horas semanales lectivas, porque así lo determina la normativa estatal básica de 2012, y recoge que la reducción del número de horas se compense con un incremento equivalente en otras semanas del curso escolar.

Se trata de un documento elaborado a petición de la consejería de Educación respecto a la «aplicabilidad del régimen de jornada continua para los días lectivos de los meses de junio y septiembre», fechado el 7 de junio y traslado a los sindicatos un día después.

Fernández Mañanes ha insistido en que la jornada lectiva de la que disfrutaba Cantabria hasta ahora no podrá continuar, según han determinado tanto el informe de la Asesoría Jurídica de la consejería de Educación como el de la Dirección General del Servicio Jurídico de la consejería de Presidencia y Justicia.

«Hay que ser claros: los informes dicen que no podemos seguir con la jornada que estábamos disfrutando hasta la fecha; eso sí, el informe de nuestra Asesoría también señala cómo se puede mantener en cierto modo la jornada reducida siempre que se compense en el cómputo global de horas», ha precisado.

A preguntas de la prensa sobre el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, que ha criticado este lunes la Junta de Personal Docente, el consejero ha enfatizado que ni éste ni el anterior, encargados por su departamento, «los ha hecho este consejero» sino funcionarios, y que con ellos pretende tener «plenas garantías de que lo que hagamos se corresponde plenamente con lo que podemos hacer». «Faltaría más que la consejería se situara al margen de la legalidad», ha enfatizado.

Para la Junta de Personal Docente, se trata de un decreto «moribundo», que ha afirmado que «ni siquiera están aplicando ya» en los territorios gobernados por el Partido Popular (Ceuta y Melilla) y que «figura en la agenda de la nueva ministra de Educación, Isabel Celáa, como una de las reliquias de la época de Wert a derogar definitivamente».

La Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO y UGT, ha acusado a Fernández Mañanes de «originar un conflicto» y de haber «tomado la decisión» de ampliar las jornadas en los colegios durante el periodo de comienzo y final de curso «porque así lo ha pactado con otras instancias que no son el profesorado».

La Junta de Personal Docente aportará este martes un segundo informe -ya facilitó uno en el comienzo del conflicto- realizado por otro gabinete jurídico que, según ha dicho, «avala la legalidad» de la jornada reducida en los meses de junio y septiembre.

Para los sindicatos, la consejería «no termina de contestar» cómo es posible que se cuestione la legalidad de la jornada reducida del comienzo y final de curso en Cantabria cuando más de la mitad de las comunidades autónomas también la tienen, y consideran «incomprensible» que una consejería al frente de la cual hay una persona del PSOE «resucite ahora el decreto más duro de los recortes de Rajoy y Wert».

El consejero de Educación ha aclarado que él no está «apostando» por «seguir» un real decreto -de la época «más dura de los recortes», censuraba hoy la Junta de Personal Docente- sino que está siendo respetuoso con los informes jurídicos. «Nada más lejos de la intención de la Consejería», ha asegurado.

También ha rechazado la comparativa con otras comunidades autónomas porque «en cada una ocurre una cosa: hay comunidades que tienen 180 días lectivos y no 175 (como Cantabria), otras con jornada completa de más de cinco horas que compensan con jornadas reducidas...», ha puesto como ejemplo. «En todo caso, en las comunidades donde hay jornada reducida, la reducción es de una hora no de hora y media como en Cantabria», ha esgrimido.

Con todo, el consejero se ha mostrado dispuesto a seguir hablando con los sindicatos, a los que hoy y mañana Educación hará llegar propuestas para «avanzar en la negociación del calendario», que se cerrará mañana, según ya dijo el propio Fernández Mañanes.

En este sentido, Fernández Mañanes ha expresado su deseo de que no haya conflictividad con los sindicatos porque «cuestionar informes jurídicos de funcionarios públicos independientes que muestran que estamos en una situación que debemos corregir es una cuestión que no podemos discutir, que no puede estar dentro del debate», ha sentenciado, mostrándose dispuesto a negociar «dentro de la legislación vigente».

Por otra parte, el titular de Educación ha negado que se vayan a subir las ratios de alumnos por aula, posibilidad a la que abre la puerta el Decreto ley de 2014 según la Junta de Personal Docente. «Cantabria dispone de un sistema educativo muy avanzado... y es en la línea que vamos a seguir pero siempre en la legalidad vigente», ha concluido.

El informe sobre la ampliación del calendario lectivo ahora reducido en junio y septiembre en las etapas de Infantil y Primaria concluye que «los docentes que impartan Educación Primaria, de conformidad con la legislación básica estatal, han de tener una jornada lectiva semanal mínima de 25 horas». Y en lo que concierne al horario escolar de los alumnos, regulado en la Orden de 23 de junio de 2014, se establece que éste no puede ser inferior a 25 horas semanales, sin perjuicio del margen de distribución horaria que se deja a los centros.

Por tanto, la Dirección Jurídica del Gobierno de Cantabria entiende que el régimen establecido en la orden de 2010 «no puede resultar de aplicación a la vista de la normativa aplicable», que se desprende del Real Decreto Ley de 2012. O lo que es lo mismo no se puede aplicar la norma de 2010, pues la de 2012 la deja invalidada.

Los informes han tenido en cuenta la normativa vigente, entre otros, el Decreto Ley de 2012 que «efectivamente plantea algunos inconvenientes respecto a la jornada que hasta hora se venía disfrutando en la región», ha reconocido el consejero.

En su informe, los Servicios Jurídicos se remiten a la regulación del horario escolar que se lleva a cabo en el decreto de 2014, que establece que «se distribuirá de lunes a viernes siendo de 25 horas semanales en cada uno de los cursos, incluyendo el tiempo de recreo».

«Y lejos de hacerse alguna referencia a los meses de junio y septiembre como excepción a esa regla general de 25 horas semanales, se recalca que los centros decidirán a qué áreas otorgan media hora más». «El cómputo total deberá ser, en todos los casos, de 25 horas semanales, y la decisión adoptada no supondrá en ningún caso, incremento de la plantilla del centro», subraya.

Este informe se suma al de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de Educación, a petición de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, fechado el 1 de junio, y en el que se considera «posible» contemplar en el calendario escolar una jornada lectiva reducida en junio y septiembre, «siempre y cuando esa reducción del número mínimo de horas que debe incluir la parte lectiva de la jornada semanal del profesorado que imparte Educación Primaria se compensase con un incremento equivalente del número de horas lectivas en otras semanas del curso escolar».

En este sentido, apunta que la legislación no especifica la forma de computar el cumplimiento del mínimo de horas que deberá tener la parte lectiva de la jornada semanal de los profesores, por lo que éste «debe verificarse de forma global, es decir, considerando la totalidad de semanas lectivas que integran cada curso escolar».