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Cantabria podrá conceder hasta 50 millones en avales a las empresas

El Gobierno regional amplía en diez millones el límite previsto inicialmente aunque no significa que se vaya a agotar

DM .

Jueves, 28 de enero 2016, 13:48

El Gobierno regional ha fijado hoy en 50 millones el límite de avales y garantías que podrá conceder a las entidades cántabras del sector público empresarial a lo largo del año 2016

El Gobierno ha transformado el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) en una suerte de banco que concederá avales a empresas, públicas y privadas. A cambio, requerirá proyectos interesantes que enfoquen sectores productivos emergentes, o que pretendan reactivar viejas industrias en decadencia. Para tal fin, el Ejecutivo ha reformado por enésima vez a través de la Ley de Acompañamientos las normas que regulan la constitución del ICAF. Ahora le permitirá avalar directamente proyectos privados, prestar dinero y correr riesgos por terceros. En segundo lugar, el ICAF dispondrá de 50 millones de euros para "proporcionar liquidez" a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que planteen una inversión viable, rentable y con posibilidades de crear puestos de trabajo.

El departamento de Juan José Sota ya ha solicitado los trámites administrativos para que el Consejo de Ministros autorice una operación que se prolongará durante 2016. Los constantes incumplimientos del déficit obligan a que el Estado dé luz verde, aunque es un mero trámite para una actuación destinada a financiar a las pymes.

Los avales se destinarían a operaciones de financiación superiores a 100.000 euros y el porcentaje de cobertura se distinguiría en función de su finalidad entre el 60% y el 80%. El destino es para circulante e inversiones, con lo cual servirá por ejemplo para que las empresas dispongan de dinero para las nóminas cuando estén pendientes de cobrar facturas.

El límite de 50 millones se ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana en el que tambien se ha dado el visto bueno al Plan de Emergencia Social dotado con 86,7 millones de euros para permitir que las familias con menos recursos tengan garantizados unos ingresos mínimos, unos suministros básicos, el acceso a los servicios de salud y la movilidad.

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