El PP cree que el Gobierno está obligado legalmente a someter el acuerdo de basuras a la decisión del Parlamento

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que ha llevado en persona las negociaciones con los responsables de la cartera de Medio Ambiente de la diputación guipuzcoana -también socialistas-, ha variado su criterio en la última semana. Primero dijo que, además de su intervención para explicar los detalles de los acuerdos -el de tres meses y el posible de cuatro años- se votaría la decisión del contrato a largo plazo, aunque el resultado no sería vinculante. Después rectificó y señaló que sólo se sometería al criterio de los diputados la rebaja de tasas de vertidos municipales que conllevaría la aprobación del acuerdo, pero no el contrato en sí mismo. Mientras tanto, la postura del PRC, su socio de Gobierno, siempre ha estado más cercana a la del PP: se debe someter al Parlamento y acatar lo que decida la mayoría.

"Puedo decir con certeza de que se va a votar y que se debe respetar la decisión", subrayó Diego, quien cargó contra la "falta de coordinación, ausencia de diálogo interno y diferencias de criterios" que el asunto de las basuras ha demostrado que existe en el seno del Gobierno. "Pero no sólo pasa con esto, puedo dar una larga lista de los seis meses que llevan de legislatura", añadió.

"Por solidaridad lo haremos, pero nunca más"

El presidente del PP sí quiso dejar claro que su partido apoyará la "ayuda de emergencia y por salud pública" que Gipuzkoa demanda de Cantabria para los próximos tres meses, en los que verterá 42.000 toneladas de residuos en Meruelo ante la falta de una instalación de este tipo en su territorio. "No tenemos nada que objetar y por solidaridad lo haremos, pero nunca más. Es insostenible ampliarlo a cuatro años, insistió. No en vano, el dirigente popular cree que existe un interés "irresponsablemente mercantilista" del Gobierno por que se firme ese acuerdo, ya que quiere imponer a Gipuzkoa la llegada de un mínimo de 50.000 toneladas anuales de basura. "¿No debería fijar unos máximos en lugar de unos mínimos? Es una falta total de concepto de Estado", denunció.

Diego también disparó contra la política sobre construcción de vertederos que ha mantenido la diputación vecina en los últimos años. "Cada territorio debe adecuar sus recursos a las necesidades que genera", señaló. Y descartó que la situación actual se deba a un problema de urgencia. De hecho, ya en mayo de 2008, Bizkaia y Gipuzkoa firmaron un acuerdo de "solidaridad intraterritorial" para acoger residuos de los segundos en Zabalgarbi, una instalación muy similar al de Meruelo. Cuando caducó el convenio, en 2012, no se renovó. Incluso, los diputados socialistas d Gipuzkoa, alguno de los cuales forman parte ahora del Gobierno que negocia el traslado de basuras a Cantabria, votaron en 2014 en contra de construir vertederos en su territorio, donde se han cerrado en los últimos años hasta tres depósitos de residuos. "No quieren vertederos en su tierra a pesar de que tienen recursos para ello, quieren traer la basura a Cantabria", subrayó Diego, quien apeló a la "responsabilidad" del Gobierno cántabro para no aceptar un acuerdo a largo plazo.