La Audiencia impone tres meses al funcionario que se quedaba con el dinero del DNI

La petición del fiscal era de tres meses de prisión y una multa de 360 euros, y coincide con la condena que la Audiencia impone a este funcionario de la Administración General del Estado, adscrito a la Policía y que estaba destinado en la comisaría santanderina de López Dóriga, en las oficinas del DNI. Además, el funcionario tendrá que indemnizar a la Administración General del Estado y a algunas de las personas con cuyo dinero se quedó.

Según se recoge en el escrito de calificaciones de la Fiscalía, con el que se ha conformado esta persona, en junio de 2010 y "en aproximadamente veinte ocasiones" atendió a ciudadanos que iban a renovar el DNI o el pasaporte por estar caducado, a los que cobraba las tasas que fija la legislación. Sin embargo, según la Fiscalía, este funcionario tramitaba el expediente de renovación como un trámite gratuito y se quedaba con el dinero que le entregaban esas personas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la cantidad que dejó de ingresarse en las arcas públicas fue de 191,90 euros, aunque este hombre ha restituido ese dinero. A una de estas personas que estaba exenta del pago de tasas le cobró 60,60 euros y a otras dos 10,10 euros a cada una, unas cantidades con las que, según el Ministerio Fiscal, se quedó él.

El Ministerio Fiscal entendía que los hechos constituían un delito de malversación de caudales públicos, por lo que el juicio estaba previsto con Jurado Popular, y una falta continuada de estafa. Concurría la atenuante de reparación del daño, al haber consignado las cantidades este funcionario.