Amenaza de ERE en el servicio de ayuda a domicilio en Santander y Torrelavega

La empresa Seralia, que también presta servicios de jardinería y se encarga de la limpieza de los juzgados de Las Salesas, la calle Alta y Torrelavega, tiene a su cargo a 688 de los 892 usuarios de la atención a domicilio que presta el Gobierno en toda la región, según las estadísticas oficiales publicadas el pasado mes de febrero. Por ese trabajo, que incluye el cuidado de las personas dependientes, tareas domésticas y de orientación y educación a las familias, cobrará 10,8 millones de euros durante los próximos tres años. En concreto, 6,1 millones por el servicio en la capital y 4,7 millones por las zonas de Torrelavega, Campoo y el Besaya.

Antecedentes

Más allá de un conflicto laboral en el seno de una empresa privada, en el que una Administración pública no tiene competencia, este ERE tiene repercusiones sociales y políticas, ya que podría llegar a afectar a un servicio de atención a la dependencia del que el Gobierno autonómico es garante. Es decir, debe velar porque sus usuarios reciben la atención que necesitan esté o no privatizado o externalizado, como es el caso. De momento, no se ha producido ninguna protesta, según la dirección del ICASS y como la propia vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, aseguró esta misma semana. «Tenemos en marcha una encuesta de satisfacción tanto a los usuarios como a los familiares sobre cómo se presta este servicio. No tenemos constancia de ninguna queja de momento», señaló la dirigente socialista.

La compañía se presentó al concurso público convocado por el anterior Ejecutivo del PP, en abril del año pasado. Su oferta económica para cubrir el servicio en Santander fue de 14,24 euros la hora, la más baja de las ocho empresas que optaron al contrato. Para cubrir el área de Torrelavega, Seralia propuso 15,19 euros la hora, la tercera más reducida. Estos precios a la baja y la «excesiva» importancia que el pliego de condiciones da a la oferta económica un 30% de la valoración total son dos de las principales causas, según los sindicatos y la dirección actual del ICASS, de que a la compañía no le salgan ahora las cuentas.

«El anterior Gobierno, en julio de 2015, es decir, estando en funciones, resolvió el contrato del servicio de ayuda a domicilio primando el precio en lugar de la calidad», lamentó la actual directora del ICASS, Feli Lois.

La empresa, sin embargo, lo achaca a un desfase entre el número de horas de servicio previstas y las prestadas en realidad. Sin embargo, el pliego de condiciones es muy claro en ese sentido: «El número de horas estimado es meramente orientativo, sin que exista ninguna obligación del ICASS de garantizar un mínimo de horas anuales». Es decir, tanto sindicatos como Gobierno coinciden en que Seralia conocía perfectamente el escenario y las condiciones cuando se presentó al concurso. De hecho, durante todo el proceso sólo hubo un recurso, el de otra de las compañías presentadas, por la inexistencia, precisamente, de un suelo de horas garantizadas, pero fue desestimado y el contrato se adjudicó el pasado noviembre.

El acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la compañía obliga a comunicar «cualquier movimiento, altas o bajas, de trabajadores». La empresa ya ha dado de baja a siete trabajadores este año por diversos motivos tres por razones disciplinarias y cuatro por «la situación negativa del sector», pero de momento no ha existido ningún contacto oficial sobre el ERE entre Seralia y el Gobierno regional.

Oficiosamente, la dirección del ICASS conoce la intención de presentarlo y no esconde su «preocupación», por lo que reforzará el control sobre el servicio y, si se incumple, llegará «hasta donde haga falta para garantizarlo». Esto incluye desde sanciones hasta la revocación del concurso en un escenario extremos, aunque esta última opción podría conllevar el pago de una indemnización. «Los usuarios pueden tener la tranquilidad de que el Gobierno, como garante del contrato, va a vigilar que el servicio se siga prestando en óptimas condiciones», subrayó Lois.