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Álvaro San Miguel
Jueves, 24 de marzo 2016, 07:46
En este momento hay 1.521 españoles encarcelados en el extranjero, doce de ellos cántabros. La inmensa mayoría los expertos calculan que un 81% cumple condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas. «Personas desesperadas, captadas por las mafias para hacer ... de mulas. Hombres y mujeres sin antecedentes penales que se vieron arrinconadas por la crisis», destaca el presidente de la Fundación +34, Javier Casado, de la mayoría de esos presos en el exilio. Esta organización, que cuenta con más de 700 voluntarios en todo el mundo, lucha para que se respeten los derechos humanos de todos los presos excepto terroristas y condenados por delitos de sangre y agresiones sexuales. Su principal objetivo es evitar que siga aumentando la cifra de españoles fallecidos en cárceles foráneas: setenta en los últimos cuatro años.
El presidente de la Fundación +34 (por el prefijo telefónico de España) visitó ayer Santander para reunirse con el Gobierno regional, exponer la situación de los cántabros que cumplen condena fuera del país y pedir para ellos apoyo institucional. El Ejecutivo informó tras el encuentro de que planteará ayudas e impulsará iniciativas parlamentarias con el objetivo de mejorar la asistencia a esos ciudadanos. Actualmente, ocho cántabros permanecen encarcelados oficialmente en el extranjero, a los que habría que añadir cuatro más que no quieren que se comunique la situación penal a sus familiares.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, aseguró que Cantabria tiene interés en la propuesta de la Fundación y «quiere comenzar a dar pasos» para mejorar la respuesta institucional a estos ciudadanos, un problema que corresponde «en una parte importante» al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, pero que la Comunidad Autónoma también puede complementar dentro de sus competencias de asistencia y protección a sus ciudadanos en el exterior. Según los cálculos del presidente de la Fundación +34, la ayuda económica necesaria para garantizar la asistencia a los presos cántabros no sería superior a 10.000 euros al año.
De la Sierra se ha comprometido, al igual que han hecho recientemente otras autonomías como Castilla y León y Aragón, a impulsar ayudas e iniciativas en el Parlamento regional para implicar a la región e incrementar el apoyo a los ciudadanos cántabros que se encuentran encarcelados sin garantías, sin una mínima alimentación o asistencia sanitaria.
A su juicio, se trata de un «tema importante» y en el que es conveniente la unanimidad de los grupos parlamentarios. «Si en otros sitios se ha conseguido, en Cantabria también estamos en las mejores condiciones para llevarlo adelante», afirmó el consejero, que se encargará de trasladar la propuesta a los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria.
Los cántabros
De los ocho cántabros que constan oficialmente, dos se encuentran en cárceles de Perú, dos en República Dominicana, uno en Colombia, uno en Ecuador, otro en Portugal y uno más en Alemania. El director de la Fundación defendió la importancia de que las comunidades autónomas impulsen ayudas adicionales para estas personas que se encuentran en penales del extranjero, donde se «vulneran derechos humanos», tal y como ha reflejado en sus informes el Defensor del Pueblo
Casado se propone por ello aumentar la ayuda humanitaria y facilitar que estas personas cumplan sus condenas en cárceles de España, «donde la vida es un derecho y no una suerte».
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