Una auditoría revela que Mare adjudicó contratos mayores a dedo

La auditoría fue remitida ayer a los medios de comunicación por la Consejería de Medio Ambiente y mañana, lunes, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos comparecerá en público para analizar sus conclusiones. El informe, de 76 páginas, cuestiona el sistema de contratación desarrollado en los dos últimos años del Gobierno del PP, cuando el ahora senador Javier Fernández presidía el Consejo de Administración de la empresa pública en su calidad de consejero de Medio Ambiente.

El informe, realizado por la Intervención General, revela que se adjudicaron a dedo contratos importantes, cuyo presupuesto superaba los 100.000 euros, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Según aflora la auditoría, Mare invitaba a distintas empresas, vía correo electrónico, a participar en el proceso de contratación, y en muchos casos ni siquiera se constituía un órgano colegiado para valorar las ofertas recibidas. A Intervención le resulta «especialmente relevante» la ausencia de esa mesa de contratación para fiscalizar las ofertas en contratos Sujetos a Regulación Armonizada (SARA), que son aquellos contratos de obras cuyo valor supera los cinco millones de euros y los de suministros y servicios superiores a 200.000 euros.

El documento alerta de que en determinados contratos, sobre todo en los adjudicados directamente, «no existe autorización previa» para contratar por parte del órgano competente; y en otros, la persona que lo autoriza no es la competente para ello. Además, ninguno de los expedientes analizados cuanta con el visto bueno del departamento financiero para dejar constancia de que hay dinero suficiente para celebrar el contrato; ni de informe jurídico que verifique que el procedimiento y la selección de la oferta se ajustaban a Derecho. En muchos casos ni siquiera se conocía el valor estimado del contrato, un «aspecto esencial» para determinar el procedimiento a seguir.

Mare tampoco justificaba ni motivaba el procedimiento elegido para contratar, ni se ponderaban los criterios de adjudicación de un contrato. Además, la empresa pública incumplía otro requisito ineludible en la contratación pública, como es la «justificación previa» de la necesidad de contratar. En su informe, los auditores advierten de que no se exigía «ningún requisito de solvencia ni capacidad de contratar» a los empresarios.

De acuerdo con la auditoría, entre 2013 y 2014 Mare adjudicó 64 contratos mayores, la mayor parte por los procedimientos restringido (un 39%), abierto (26,5%) y directamente (un 16,63%). En todos estos últimos se han incumplido todos los principios contractuales a los que está sujeta la entidad (publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación). La auditoría constata también que Mare realizó pedidos, de manera directa y sin concurrencia, como si fueran un contrato menor cuando, por su importe, se trataba de contratos mayores.

Además, el informe señala que ninguno de los contratos analizados fue autorizado por el Consejo de Administración de Mare, sino que la adjudicación recayó o bien en su presidente o bien en el director general, a pesar de tratarse, en muchos casos, de contratos de elevada cuantía y con una amplia vigencia.