El reparto de farmacia causa la primera discrepancia entre Valdecilla y Ferrovial

La comisión de seguimiento, que coordina el director de Gestión Económica del SCS, Javier González, ha trasladado a Smart Hospital una cuestión que «han pasado por alto»: «Los traslados internos no sanitarios son responsabilidad de la adjudicataria». Dicho de otra forma, sostiene que quien tiene que asumir el coste del personal que tiene asignada la función del reparto de farmacia por las plantas de hospitalización los carros de unidosis es la concesionaria. Y aplica el mismo argumento para el movimiento de historias clínicas, labores ambas que ahora desempeñan celadores de la plantilla de Valdecilla, y que entiende que debe cubrir la empresa con su propio personal. «Entre los dos servicios, hablamos de que afecta a diez trabajadores, y aunque no parece que sea gran cosa, si sumas el salario de todos ellos durante los 20 años del contrato, te encuentras con que Valdecilla desembolsa cinco millones de euros que no le corresponde», explica González. Así que la discrepancia está sobre la mesa de negociación. Y tampoco la aludida parece dispuesta a ceder.De hecho, fuentes cercanas a Smart Hospital defienden que «se está cumpliendo escrupulosamente lo que dice el contrato sobre logística y transporte».

Desde el SCS admiten que «estas reuniones están generando mucho estrés», ya que «aunque inicialmente la empresa accedió a asumir ese coste, dio marcha atrás». El último paso que se ha dado es trasladar el asunto a la Gerencia de Valdecilla, que en breve plazo convocará a la comisión mixta (formada por Ferrovial y el SCS) en un último intento por alcanzar un acuerdo. Si no lo consiguen, quien deberá aclarar quién tiene razón será la asesoría jurídica de la Consejería de Sanidad.

Controlar los beneficios

El director de Gestión Económica no descarta que puedan surgir controversias en otros servicios. Y limpieza podría ser el primero de ellos, porque «el personal se queja de que se le está apretando al máximo». Por eso se investigará el margen de beneficio que le queda a la adjudicataria y «si está prestando el servicio con la mayor calidad posible». González recuerda que el contrato fija ese margen en el 12%, con lo cual el excedente debería retornar a las arcas públicas.Sin embargo, se quiere determinar también qué porcentaje se embolsan las contratas dependientes de la sociedad instrumental Smart Hospital. Por ello, la comisión de seguimiento ha reclamado a la concesionaria el plan económico-financiero, para saber cuál es la rentabilidad de cada servicio y qué se negoció cuando se firmó el contrato. La empresa, que asegura que ya lo presentó en julio de 2014, responderá a la petición con la actualización de los datos de 2015.

Otra de las quejas que se ha comunicado a la concesionaria es «el retraso en la puesta en marcha de la aplicación informática Aurora. Es la herramienta en la que se deben registrar las incidencias en el funcionamiento de los servicios y, con ellas, las posibles penalizaciones que acarrean, y resulta que dos años después del inicio del contrato aún no está disponible». La crítica va de lleno hacia la adjudicataria, que es quien debe encargarse de su implantación, tal y como se recoge en el contrato. La empresa se ha comprometido a tenerla operativa a finales de mayo, implantándose de forma progresiva en el mes de junio.