El acusado de gastar la pensión de su padre fallecido pensaba que eran ahorros

"Sacaba dinero cuando me hacía falta, pensando cuando se acabe se acabó", ha afirmado durante el juicio en la Audiencia de Cantabria el acusado, que se enfrente a una pena de 2 años y seis meses de prisión por ocultar durante quince años a la Seguridad Social y al banco que su padre había muerto para lucrarse con la pensión.

El padre del acusado, marino mercante de profesión, tenía reconocida una prestación por incapacidad permanente absoluta de 1.500 euros mensuales.

Murió el 25 de febrero de 1998, a los 62 años, en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid, pero la Seguridad Social siguió ingresando durante quince años la pensión en una cuenta de una sucursal de Santander, casi 300.000 euros de los que el hijo gastó 84.000, como ha reconocido durante el juicio.

El propio acusado comunicó lo ocurrido a la Seguridad Social en el año 2013, cuando supo que el director del banco había logrado por fin localizar a una hermana del fallecido, que le contó que había muerto más de una década antes.

El padre, que vivía en Madrid, abrió esa cuenta cuando se desplazó una temporada a casa de su hermana en Santander para tratar de curarse de un grave alcoholismo, y autorizó a su hijo a sacar dinero para administrárselo porque, debido a su enfermedad, le estaban robando.

No hubo "mala fe"

Según la versión del acusado, la autorización que le otorgó su padre para manejar la cuenta se limitaba a la extracción de dinero, pero no podía controlar los movimientos y tampoco conocer el saldo. Por eso nunca supo cuánto dinero había en la cuenta, aunque imaginaba que mucho, porque su padre no tenía patrimonio y había estado toda la vida trabajando y con una "buena nómina".

Durante toda la declaración, ha mantenido que nunca supo que el dinero procedía de la pensión y que sacaba cantidades -lo hacía en distintas sucursales de Madrid- conforme lo iba necesitando, pensando que cuando se acabara, "se acabó". El acusado ha subrayado que nunca actuó de mala fe y tampoco quiso estafar a nadie, sino que es una persona "dejada con los papeles", y ha mostrado su disposición a devolver "hasta el último céntimo".

Para apuntalar este argumento, ha afirmado que si hubiera querido estafar, habría sacado todo el dinero porque ha estado mucho tiempo en paro y lo necesitó cuando su empresa "se fue a pique" y su mujer tuvo que pedir un préstamo personal para tratar de sacarla a flote.

Desde que se destapó que su padre había cobrado la pensión después de muerto, ha añadido, él y su familia han sufrido "un calvario".

Cuando el fiscal le ha preguntado si nunca tuvo curiosidad por saber cuánto dinero había en la cuenta una vez que su padre había fallecido, ha respondido: "No, la verdad es que no".

Delito de estafa

La defensa ha pedido la absolución, mientras que la Fiscalía ha mantenido la petición de condena a dos años y seis meses de cárcel por un delito de estafa, porque considera los argumentos del acusado "ajenos a toda lógica".

Según el fiscal, cuando muere un familiar, lo mínimo es saber si queda en la cuenta "mucho o poco, al menos para pagar los gastos del entierro". La acusación particular, que ejerce la Seguridad Social, ha rebajado la petición inicial de condena de 6 años a 2 años y seis meses, pero por un delito de apropiación indebida, y que se declare al banco responsable civil solidario por no haber cumplido con la obligación legal de comprobar, cada año, si el titular de una cuenta sigue vivo.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene que se trata de un delito de estafa porque aunque el hecho en sí es una apropiación indebida de dinero, no comunicar el fallecimiento de un familiar es una forma de engaño por omisión.