La Oficina de Bruselas cuesta 150.000 euros anuales con un alquiler blindado hasta 2020

Otras comunidades, como Aragón, Asturias, Navarra y Castilla y León lo hicieron en su momento, pero el Gobierno regional está atado de pies y manos. Cuando se firmó el contrato de alquiler de esta Oficina, en abril de 2011, a menos de dos meses de las elecciones autonómicas que ganó el PP por mayoría absoluta, se aceptó introducir una cláusula por la que Cantabria se comprometía a pagar íntegramente la renta hasta junio de 2020.

Este tipo de blindajes son habituales en Bruselas, aunque con condiciones más laxas. Otras comunidades incluyeron excepciones en sus contratos para poder revisarlos cada tres años, sin comprometerse a plazos tan largos como el de Cantabria. Aragón, que en 2014 pudo rescindirlo, empezó a ahorrarse 100.000 euros anuales al cerrar su sede e integrarse en el edificio de Exteriores. Ahora, además de los salarios, sólo paga al Estado 14.000 euros anuales por los dos funcionarios que ocupan sus instalaciones.

Cantabria tendría que poner 678.000 euros encima de la mesa para cumplir con los cuatro años de contrato que le quedan. Es decir, la rescisión es imposible y no tendría sentido. En sus alegaciones al Informe de Intervención, fechado en noviembre de 2015, la directora de la Oficina, Inmaculada Valencia, que acaba de regresar a su puesto en Bruselas tras cinco años de excedencia en los que ha desempeñado el cargo de directora general de Economía y Asuntos Europeos, defiende que, a cambio de ese blindaje de casi una década, el arrendatario se ofreció a perdonar el alquiler del primer año y asumir el coste de las obras de reforma hasta un límite de 150.000 euros.

Debate reabierto

El informe del alto funcionario se cuida mucho de recomendar la clausura de la sede, ya que la decisión sobre el tipo de representación que se quiere tener en Bruselas es eminentemente política y corresponde tomarla a cada Gobierno. «Su apertura no fue una decisión política neutra y tampoco lo es decidir cerrarla o pedir su cierre», añade Valencia en su escrito.

Cantabria abrió su primera Oficina en Bruselas en 1998, en un piso de 180 metros cuadrados situado en el Boulevard du Regent, enfrente de la famosa torre de la Plaza Madou, de 120 metros de altura y 33 plantas, donde trabajan actualmente 1.500 empleados de la dirección general de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Durante sus siete primeros años de actividad la plantilla la formaron dos funcionarios y dos becarias por periodos de tres meses.

En 2005 se reforzó con un trabajador más y, además, se expandió el espacio con el alquiler de otro local en el mismo edificio para albergar salas de reuniones y conferencias. Hasta que en 2011, el propietario del inmueble decidió venderlo a otro empresario que lo convirtió en un Aparthotel, obligando a la delegación cántabra a marcharse.

Como recuerda el Ejecutivo cántabro, en aquel momento aún no existía ninguna oferta de Exteriores para reunificar las oficinas autonómicas y, después de evaluar tres presupuestos, se optó por la sede actual en el mes de abril, con la obligación de permanecer allí, o al menos de pagar el alquiler, durante los siguientes nueve años. Al bipartito sólo le quedaban entonces dos meses en el Gobierno.

«No es baladí»

Los reparos de Intervención en los gastos que supone esta sede reabren el debate sobre la necesidad de que Cantabria cuente con una oficina propia en Bruselas, ajena a la representación que ya ejerce el Ministerio de Exteriores.

Para Inmaculada Valencia, el interés de disponer de un espacio propio «no es baladí». «Las oficinas regionales permiten tener un vínculo directo con la UE y sirven para crear redes de colaboración con otras regiones y facilitar la participación autonómica en las delegaciones estatales. No solo impulsan la participación de los gobiernos autonomicos, sino que permiten extraer el máximo provecho de su participación en Bruselas», destaca en sus alegaciones.

Sin embargo, el Gobierno central no es de la misma opinión. Desde 2012, Exteriores insiste en que mantenerlas abiertas supone un gasto superfluo, una decisión caprichosa y su gestión sería más eficaz si se centralizaran. Seis autonomías se acogieron a la oferta del Estado, pero a alguna de ellas, lejos de ahorrarle dinero, les salió muy caro. Navarra también tenía un contrato blindado que expiraba en 2015 y pagó 193.000 euros de golpe por incumplimiento de contrato, mientras que al mismo tiempo tenía que pagar 14.000 euros anuales al Estado por mudarse a su edificio.

Según la directora de la oficina cántabra, algunas comunidades han reconsiderado su posición y están abriendo sus propias oficinas, ya que «la integración modifica el espíritu de las mismas, siendo dudoo que puedan seguir desempeñando las tareas que hasta ahora tenían encomendadas». «Aparte de un dudoso ahorro, puesto que no se pueden comparar espacios que no son comparables, no ofrece ninguna ventaja en cuanto al estatus del personal de las oficinas y tampoco procura una relación privilegiada con el personal de Exteriores», apunta Valencia en su escrito.

Pero el alquiler no es el único gasto de Cantabria en Bruselas. Según las cuentas de 2014 las últimas auditadas por la Intervención la Oficina supone un desembolsó de 40.000 euros al año en dietas, seguros, gastos de gestión, limpieza, reparaciones y comunicaciones, entre otras partidas. Además, la Consejería de Economía paga directamente, sin cargo al presupuesto de la delegación, 19.000 euros de las nóminas de los dos becarios.

Nómina ahorrada

Uno de los gastos más fuerte es el de las nóminas de los tres funcionarios. Las retribuciones de la directora, el técnico gestor y el administrativo ascienden a 140.000 euros anuales. Durante los últimos años esta cifra ha sido menor debido a que no se ocupó la plaza de jefa de oficina que se quedó vacante en 2011. Valencia, desde su puesto de directora general de Economía y Asuntos Europeos, ha seguido ejerciendo sus anteriores funciones y la Administración se ha ahorrado una nómina que ahora, tras su regreso a Bruselas, debe volver a pagar.

La Intervención, sin embargo, pone reparos a esa doble dedicación que Valencia ha ejercido en los últimos años y llama la atención sobre un «posible conflicto de interés». En concreto, el alto funcionario menciona el artículo 9 de la Ley 1/2008, por la que los miembros del Gobierno «ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto en el sector público o privado».

Valencia, por su lado, interpreta que esta normativa es para evitar que un alto cargo desempeñe funciones en un organismo con intereses que entren en conflicto con su puesto en la Administración. Y no es el caso, apunta. «Lejos de eso, ha supuesto un esfuerzo añadido que ha permitido un considerable ahorro al Gobierno de Cantabria», concluye. Una alegación que Intervención desestima.