El PP no ve "ningún motivo" en la auditoría de Valdecilla para anular el contrato público-privado

"Rotundamente no", ha dicho, en una rueda de prensa, la secretaria autonómica del PP y exconsejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien ha "salido al paso" de las valoraciones realizadas por el Gobierno a raíz de este informe en las que denunciaba "numerosas irregularidades", "incumplimientos" y deficiencias cometidos por la adjudicataria del contrato, la UTE Ferrovial-Siec, y anunciaba el inicio de un proceso de reclamación de penalidades.

Sáenz de Buruaga ha calificado el informe encargado por el Gobierno regional sobre las obras de "incompleto", "deliberadamente sesgado" y "carente del mínimo rigor" y ha dudado que sirva para "fundamentar" y pedir responsabilidades a la adjudicataria.

"Una cosa es que sirva para iniciar un expediente sancionador y otra cómo termine", ha aseverado Sáenz de Buruaga.

La exconsejera ha recordado que el Gobierno regional tendrá que atender las alegaciones de la adjudicataria y ha censurado que haya dado a conocer públicamente el informe antes de escuchar a la empresa. "Primero te llama ladrón y luego te pregunta", ha criticado.

Informe "A la carta"

Sáenz de Buruaga ha afirmado que se trata de un informe "a la carta" y ha llamado la atención sobre la "directa vinculación" de la empresa que lo ha realizado, ROMA, con un alto cargo del Gobierno nombrado por el PSOE, que es la directora general de Presupuestos, Eugenia Gutiérrez Díaz-Velarde, hermana del administrador único de la compañía autora del documento, Juan Carlos Gutiérrez Díaz-Velarde.

La 'popular' ha asegurado que la "única vía" que tiene el actual Gobierno para intentar resolver el contrato es "buscando el incumplimiento". "Pero lo siento mucho: faltan razones", ha aseverado.

"Irregularidades"

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Sáenz de Buruaga ha desmentido algunas de las supuestas "irregularidades" e "incumplimientos" denunciados el viernes por la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y la consejera de Sanidad, la también socialista María Luisa Real, como son las críticas por la falta de mortero en la plata -4 del hospital y la marquesina no instalada en el acceso a las consultas.

Y es que, en contra de lo afirmado por Díaz Tezanos y Real, Sáenz de Buruaga ha asegurado que ambos aspectos no estaban incluidos en el proyecto aprobado.

En cuanto a los cambios introducidos en la obra respecto a lo proyectado, Sáenz de Buruaga, sin querer profundizar en aspectos técnicos, ha asegurado que todas estas modificaciones, incluida la supresión de cuatro ascensores, están "justificadas", avaladas por los técnicos e incorporadas a los expedientes.

En este sentido, ha señalado que en todas las obras se producen modificaciones.

Y respecto a los ascensores, ha afirmado que "cree recordar" que dos se suprimieron para usar ese hueco para subir determinadas instalaciones a las plantas superiores y otros dos se sustituyeron por montacargas.

En todo caso, ha asegurado que el número de ascensores es "suficiente".

Por otra parte, también ha criticado que el informe cuantifique supuestos ahorros en algunas partidas, derivados, por ejemplo de la sustitución de porta-rollos y jaboneras de acero inoxidable por unos de plástico o la no colocación de unas cortinillas separadoras en las habitaciones, pero no se haga una cuantificación entre el coste del proyecto presupuestado y lo gastado por la adjudicataria en la obra.

Supuestos ahorros de la adjudicataria

Sáenz de Buruaga ha acusado al Gobierno regional de causar "indefensión" a las empresas de la UTE adjudicataria con sus afirmaciones sobre estas "irregularidades" e "incumplimientos" y ha defendido son compañías "serias" y "de prestigio" y advierte de que "no van a quedar en cuestión" por unas "cortinillas" y "porta-rollos".

En este sentido y para comprobar si la adjudicataria ha incurrido en "ahorros" frente a lo presupuestado, Saenz de Buruaga ha opinado que es "temerario" realizar esa afirmación sin tener el informe con la liquidación, medición y valoración final del coste de la obra y por ello ha solicitado al Gobierno que se lo reclame a la empresa.

En su opinión, de haberse tenido en cuenta esa liquidación y valoración de obra para el informe realizado el resultado habría sido distinto.

Y es que ha mencionado la posibilidad de que este documento señalara que el gasto asumido por la empresa puede haber sido superior al presupuestado.

Así, ha reivindicado que, gracias al contrato de colaboración público -privada suscrito por el Gobierno regional del PP en la anterior legislatura, no se admiten reclamaciones de la empresa al Gobierno si hay sobrecostes en la obra y, si existen, deben ser asumidos por la adjudicataria.

Además, ha asegurado que también gracias a ese contrato el Ejecutivo puede reclamar a la empresa que subsane las posibles deficiencias que puedan encontrarse -algo que, según la 'popular, el bipartito no ha hecho "ni una vez" en el primer año de Gobierno- o imponerle penalidades.

En este sentido, para Sáenz de Buruaga, el anuncio del Gobierno regional de que va a iniciar un proceso de imposición de penalidades a la empresa, demuestra que la adjudicataria no queda "exonerada" de que le sean impuestas sanciones o reclamadas responsabilidades hasta 2017 tal y como apuntó unos días antes de las elecciones generales del 26 de junio el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil.

"¿Quién mentía entonces, quién miente ahora?", se ha preguntado la secretaria autonómica del PP cántabro, que también, en contradicción a lo afirmado por Díaz Tezanos el viernes, ha asegurado que "hubo seguimiento y control" en las obras de Valdecilla, "más que en ninguna otra".

También ha recordado que las obras han contado con "todas las certificaciones" y, tras su conclusión, ha contado con las licencias oportunas de todas las Administraciones para entrar en funcionamiento.