Ciudadanos no ve "razones objetivas" para haber invertido dinero público en Ecomasa

En una rueda de prensa, el diputado regional de la formación naranja Rubén Gómez ha tachado de "preocupantes" las primeras conclusiones que su grupo ha sacado de la documentación que ha revisado hasta el momento y en la que, según ha dicho, se desprende la "falta de control" de algunas empresas y entidades públicas dependientes del Ejecutivo regional, como el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), a la hora de conceder inversiones "con absoluta discreccionalidad" para proyectos de empresas privadas.

En lo relativo al 'caso Ecomasa', el de la fábrica de estufas que se puso en marcha en Maliaño (Camargo) con cerca de un centenar de los trabajadores despedidos de Teka y sobre el que se ha constituido una Comisión de Investigación en el Parlamento de Cantabria para determinar el destino de 18 millones de dinero público, Gómez ha afirmado que en la documentación revisada "no se ve" la existencia de un plan de viabilidad o industrial en este proyecto o una justificación de su potencialidad estratégica.

Además, ha señalado que ya en octubre de 2013 --la fábrica se puso en marcha a comienzos de ese año-- ya hay un informe de seguimiento en el que se advierte de que la empresa acumula unas pérdidas de 2,4 millones de euros, "más de lo esperado", y anuncia problemas de Tesorería y ha afirmado que los informes remitidos ya en 2014 sobre Ecomasa son ya "pavorosos". Cerró finalmente y despidió a todos sus trabajadores en febrero de 2016.

Falta de documentación y trabas

Ciudadanos asegura que en la documentación "faltan muchas cosas" y reclama que se remitan. Entre lo que la formación naranja echa en falta está el texto completo del acuerdo alcanzado entre Teka y los trabajadores despedidos que entraron en Ecomasa, del que --dice-- no está en los anexos, y también la parte relativa a la causa judicial abierta en relación a este proyecto empresarial.

La formación naranja ha criticado las "trabas" que, en su opinión, está poniendo el actual Gobierno regional (PRC-PSOE), con, primero, el retraso en la entrega de la documentación, recibida "a principios de septiembre", cuando contaban con tenerla ya en julio o agosto, y luego no remitiéndola completa, haciendo que no se puedan iniciar las comparecencias en la Comisión de Ecomasa.

C's avisa de que la Comisión tendría que haber comenzado ya y cree que, con esta actuación del Ejecutivo regional, "da la sensación" de que pretende convertir la Comisión de Investigación en una "al uso" y para el enfretamiento político, como, a su juicio, fueron la de GFB o la de Cantur.

Además, el partido naranja no ve interés por parte del Gobierno en favorecer la participación en ellos de los partidos que han llegado al Parlamento regional esta legislatura, como es el caso de Ciudadanos y también de Podemos. De hecho, ven un intento de "desbordarles" para que no puedan hacer su trabajo "adecuadamente".

Condición para apoyar los presupuestos

Al margen de estas críticas al Gobierno de Cantabria por la forma en que, a su juicio, está actuando con la documentación del 'caso Ecomasa', desde Ciudadanos también se ha criticado al bipartito por no haber hecho dice C's-- "absolutamente nada" para dotar a las empresas y entidades públicas, como el ICAF, de protocolos de actuación y mecanismos de control que impidan que éstas queden, en cada momento, "al albur" de los partidos que las controlan.

En este sentido, ha avisado que, de cara a la negociación de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2017, para Ciudadanos será una "exigencia con mayúsculas" e "innegociable" el dotar a las empresas públicas de estos mecanismos.

"Nombres con los que no se contaba"

Gómez no ha querido adelantar por el momento ninguno de los comparecientes que solicitarán para su paso por la Comisión, si bien ha apuntado que, durante la revisión de la documentación, se han encontrado "nombres" con los que "no contaba" y con "más protagonismo" del que se imaginaban.

Como ejemplo, ha citado los del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, y del regionalista Rafael Pérez Tezanos, diputado del PRC en la pasada legislatura, y que durante la etapa de Gobierno del PP fueron, según ha señalado, miembros del Consejo de Administración del ICAF.

Gómez ha señalado que, dado que formaban parte de dicho órgano, estos conocen "de primera línea" lo que se habló en las reniones y las decisiones que se tomaron en el ICAF sobre el proyecto Ecomasa, las motivaciones y sus opiniones al respecto, algo que, según ha lamentado, no aparece indicado en las actas que han consultado y que, en su opinión, deberían explicar.