Medio Ambiente da el primer paso para demoler Vuelta Ostrera

Tras las denuncias de los ecologistas por ubicarse la estación en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, el juez dio de plazo hasta 2020 al Estado para encontrar otra ubicación para una nueva depuradora. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ya adelantó en una entrevista a este periódico que este mismo año se tomaría una decisión sobre cuál es la mejor opción. Y será en febrero de 2017 cuando se adjudique la redacción de este anteproyecto.

El Estado encargó hace tres años un estudio con seis posibles ubicaciones y cuyas conclusiones son demoledoras. De todas las alternativas que aparecen en el informe en Suances, Barreda, Miengo y Requejada, los autores otorgan la mayor puntuación a una ladera situada a solo 300 metros de la actual central. Es decir, se demolerá una depuradora que costó 24 millones de euros financiados en un 85% por el Estado y en un 15% por el Ejecutivo regional para volver a construir otra prácticamente al lado por 87 millones, según los cálculos de precios que hacen los técnicos y que varían mucho desde los 53 hasta los 111 millones en función de su ubicación y sus características.

A 300 metros de la otra

"Parece poca distancia, pero es lo suficiente para cumplir la ley: sales del dominio público marítimo terrestre y no estás en zona de especial protección. Nosotros hicimos lo posible por salvar la instalación actual, pero tenemos que cumplir la sentencia del Supremo", señaló en su momento Tejerina.

Esta nueva ubicación es la bautizada como Vuelta Ostrera 2, unos terrenos rodeados de pastos de ganadería situados aguas abajo del meandro de la actual depuradora, a solo 300 metros de ella. Aunque no se han detectado lugares de especial interés geológico, la construcción de la estación en este emplazamiento supondrá "un impacto moderado", dado que se localiza en una ladera en la que será necesario "un desmonte significativo", según el informe.

Vuelta Ostrera es el principal engranaje del Plan Saja-Besaya, un proyecto de 145 millones de euros de inversión total que incluía la instalación de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que nunca se llegó a construir y que debía enviar los vertidos, ya tratados y que ahora se devuelven a la ría, a tres kilómetros de la costa. Ese emisario, que estará en la playa de Los Locos, aparece ahora de nuevo en las bases del concurso publicado por el Ministerio, ya que la nueva estación deberá estar conectada para verter al mar y no a la ría.