¿Qué pasó en realidad en Ecomasa?

El carrusel de comparecencias girará en torno a este único asunto, que tiene como principal e inicial argumento es la auditoría de la Intervención General, cuyo informe sobre la gestión del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) entre los años 2010 y 2012 revela que hubo significativas irregularidades en las ayudas que este organismo otorgó a diversas empresas privadas de la región. "No se ha evaluado si los proyectos presentados van a generar actividad productiva suficiente para soportar los costes de contrataciones indicados 88 empleados Ecomasa y, a su vez, que no afecte a la solvencia y a su capacidad para devolver el préstamo que le ha sido concedido", destaca el interventor en el informe sobre el ICAF fechado en octubre de 2014.

Las conclusiones de la auditoría pública coinciden en algunos puntos con la que el bipartito PSOE- PRC encargó a una firma privada en 2015: según 'Ernst & Young', los dueños de Nestor Martin utilizaron gran parte del dinero público para ir construyendo su propio grupo empresarial, por lo que en realidad una buena parte de las ayudas otorgadas por ICAF y Sodercán (vía préstamos, avales y compra de acciones y que según el informe del Tribunal de Cuentas asciende a 18 millones de euros) no llegó al proyecto inicial de Maliaño, sino que habría servido para financiar la red societaria tejida.

El asunto está en los tribunales y desde el martes, en sede parlamentaria, con el fin de contestar cuestiones como por qué el Gobierno cántabro inyectó ese dinero, y por qué, hoy en día, los trabajadores se siguen sintiendo "los principales paganos".

El dinero de los trabajadores

Todo comenzó con el cierre de la planta de Teka. Nestor Martin surgió como una operación respaldada por el Ejecutivo de Ignacio Diego en 2012 para salvar parte de los empleos de la fábrica de electrodomésticos. Nestor Martin, marca comercial que en Cantabria utilizaba la sociedad Ecomasa, recibió de manos del Gobierno una inyección de 18 millones de euros. A cambio, debía contratar a 87 de los 171 despedidos de Teka. No obstante, un último trámite para los 'recolocados' ha dejado desnudos a los trabajadores ya que como parte del acuerdo, los trabajadores de Teka cedieron en 2012 a su nueva empresa las indemnizaciones recibidas por sus despidos: 3,2 millones de euros que pusieron de sus bolsillos para abrir la fábrica. Sin embargo, la actividad de Maliaño no acabó de despegar, los pedidos no llegaban y una vez se dio respuesta a los encargos ya en cartera, la maquinaria se quedó sin fuelle hasta pararse. Así fue como, tres años después de la inyección pública, la planta entró en concurso de acreedores. Después, tras varios expedientes de regulación de empleo (que se tragaron mes a mes las ayudas por desempleo de los trabajadores que habían pagado de su bolsillo la puesta en marcha de la planta de Maliaño), la fábrica cerró en septiembre del pasado año. Paradójicamente, los despedidos por Ecomasa no han cobrado todas sus indemnizaciones porque la empresa se declaró insolvente.

¿Qué solución cabe para ellos? «Los trabajadores hemos sido los principales paganos de los problemas y el cierre de Ecomasa y ahora la mayoría estamos en el paro y sin prestaciones», aseguraba este lunes el presidente del antiguo comité de empresa, Luis Gómez, a este periódico, horas antes de que arrancara la mastodóntica comisión de investigación sobre una empresa liquidada para la que se están buscando compradores y cuya máximo acreedor es el Gobierno de Cantabria.

Los administradores concursales piden en el informe final al Juzgado de lo Mercantil de Santander la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, a los que reclaman 2,3 millones de euros por daños y perjuicios. La comisión de investigación que arranca esta tarde pedirá en la pequeña sala de la segunda planta del hospital San Rafael otro tipo de reclamaciones: la verdad sobre qué sucedió en realidad con Nestor Martin.