Rajoy recoloca a Lassalle al frente de la Secretaría de Estado de Agenda Digital

Lassalle sustituirá en el cargo a Víctor Calvo-Sotelo, hijo del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, y nieto, por parte de madre, del ex ministro franquista de Educación José Ibáñez Martín. Sus nuevas funciones pasarán por pilotar el nuevo dividendo digital previsto para 2020, encargarse de la nueva Legislación de RTVE y las futuras nueva concesiones de licencias de TDT.

Este nuevo organismo se deberá encargar de dialogar con empresas de telecomunicaciones y operadores de televisión, algo nada fácil dados los últimos acontecimientos. Esto significa que la actual banda en donde se ubican los canales de TDT será posiblemente ocupada por la telefonía 4G y 5G. Esto implicará poner en marcha el tercer proceso de reordenamiento y resintonización de antenas y televisores en menos de quince años. Otro reto es abordar un nuevo sistema de financiación de RTVE que sustituya a la de 2010 cuando se quitó la publicidad de RTVE.

A primera hora de esta mañana se confirmaba un rumor creciente en los círculos políticos cántabros; la posible salida de Lassalle de la secretaría de estado de Cultura. El Consejo de Ministros nombrará, este mismo viernes, como responsable del área a Fernando Benzo Sáinz, actual subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Lassalle finaliza así un periodo de cinco años bajo el mandato de José Ignacio Wert y más tarde, de Íñigo Méndez de Vigo como ministros de Cultura, en el que protagonizó algunos momentos cargados de polémica que pusieron en su contra a buena parte del sector cultural.

Desde la Comisión de Cultura del Congreso, de la que fue nombrado portavoz en 2008 antes de auparse al cargo de Secretario de Estado, su objetivo pasaba por lograr una estrategia global que reforzara a España, convirtiéndola en una potencia culturalmente competitiva. Lassalle abogaba por dos nuevas leyes: la de propiedad intelectual/creativa y la de acción cultural exterior, haciendo del Instituto Cervantes un buque insignia que proyectara al mundo las industrias cultuales españolas. Todo ello a través de la "sensatez y la responsabilidad" asociadas a "la importancia que tiene la Cultura para nuestro país". Sin embargo, sus buenas intenciones se encontraron de frente con la realidad.

Varapalos

"España necesita elaborar una Ley de Propiedad Intelectual que esté a la altura de las circunstancias y que se adapte a los cambios tecnológicos de nuestro tiempo. Una Ley que proteja la creación y la autoría, que lo haga con celeridad, inmediatez y contundencia, pero respetando las garantías que exige el Estado de derecho", afirmaba en sus primeras comparecencias.

Con sus actuaciones, a partir de la llamada Ley Sinde (ideada por el gobierno socialista pero aprobada por el ejecutivo popular) España logró salir de la llamada Wacht List, una especie de lista negra estadounidense que señala a los países donde no se da una respuesta eficaz a la violación sistemática de los derechos de propiedad intelectual. Washington reconoció así los esfuerzos del Gobierno en esta materia.

A pesar de ello, a día de hoy, el Tribunal Supremo ha anulado el canon digital y el Instituto Cervantes se ha visto obligado a realizar un recorte en sus actividades con el cierre de varias de sus sedes en el mundo. Y qué decir de la Ley de Mecenazgo o el IVA cultural, que puso en su contra a todos los colectivos, gremios, asociaciones e incluso usuarios por aumentar hasta el 21% el gravamen. La primera ha sido una de sus grandes batallas perdidas ya que no fue capaz de poner de su lado al ministro Montoro en cuestiones fiscales. La idea de Lassalle para fomentar la inversión privada en la cultura a cambio de una rebaja fiscal, una apuesta tan personal como política, no encontró refrendo en Consejo de Gobierno.

Profeta en su tierra

Respecto a las actuaciones más locales, Lassalle puso el punto de mira en diversos proyectos, entre los que Altamira, la Fundación Comillas o, más recientemente, el Centro Botín o la sede asociada del Museo Reina Sofía, centraron su atención.

El proyecto del Archivo Lafuente en Santander vivió sus mejores momentos cuando coincidieron a la vez una serie de factores que invitaban a pensar en un prometedor futuro. El alcalde y el presidente del gobierno de Cantabria entonces, De la Serna y Diego, eran del PP. Lo mismo que el propio Lassalle, responsable de Cultura desde Madrid, con un presidente en Moncloa también del PP. Sin embargo este póker no resultó ganador y el proyecto sigue adelante con el empuje del entonces alcalde para adelantar la financiación, con cargo a las arcas municipales, de la remodelación del edificio del Banco de España.

Fue él quien replanteó el papel de la Fundación Comillas como centro de influencia del eje Atlántico, aprovechando el potencial del español, colaborando con instituciones de Europa y Latinoamérica. Básicamente se trataba de hacer de Comillas un punto de encuentro entre ambas realidades en torno a temas como el comercio o la cooperación al desarrollo.

Respecto al Centro Botín, Lassalle valoró desde el inicio del proyecto la "enorme rpercusión" que tendría pasa Santander, Cantabria y España esta infraestructura. Lo mismo quiso plantear con Altamira, haciendo del Museo cántabro un "referente del arte rupestre" que incluyera convertir a la instalación de Santillana del Mar en sede del centro de estudios de la prehistoria de la Unesco.

Lassalle siempre portó la equiqueta de ser uno de los hombres más cercanos al presidente, Mariano Rajoy y un perfil de intelectualidad y diálogo cimentados en sus puntos de vista y en sus diversas publicaciones. Desde John Locke a Menéndez Pelayo, el cántabro representa la corriente liberal dentro del Partido Popular. También tuvo su espacio en las crónicas rosas por su matrimonio con la diputada del PSC Meritxell Batet, con quien tuvo dos hijos y cuya relación finalizó hace escasos meses.

El ex secretario de Estado de Cultura se llevó a su equipo a otros dos cántabros: Susana de la Sierra como directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) y Miguel Ángel Recio, para hacerse cargo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Como consecuencia del cambio de área, Diego Movellán ocupará el escaño de José María Lassalle en el Congreso de los Diputados.

El perfil de Benzo

Benzo (Madrid, 1965), que sustituye en su cargo a José María Lassalle, es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Tras comenzar su carrera en la Administración en el Ministerio de Justicia, como consejero de cooperación judicial internacional, ocupó diversos cargos en el Ministerio del Interior entre 1996 y 2001.

Entre estos cargos, destacan el de asesor del Gabinete del Ministro, director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad y secretario general Técnico. En 2001, fue nombrado director general de la Sociedad Estatal de Equipamientos e Instituciones Penitenciarias.

En el año 2002, pasó a ocupar el puesto de director gerente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, donde permaneció hasta 2007. Tras pasar por la empresa privada, desde el año 2009 y hasta la actualidad, ha sido asesor del Grupo Popular en el Parlamento Europeo.

En 2011 fue nombrado subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y desde entonces ha formado parte del patronato de varias instituciones, como el Teatro Real, el Museo Thyssen, la Biblioteca Nacional de España o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), entre otras.

Además, Benzo ha sido responsable de asuntos taurinos dentro de este departamento, que reactivó la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, reunida por primera vez en 14 años en febrero de 2013 para el estudio de medidas de fomento y protección de la tauromaquia.

Ese mismo año, el Pleno de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos aprobó el Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.

Fernando Benzo también ocupó el cargo de director de la Oficina del arquitecto Santiago Calatrava en 2007 y unos años después el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratos de Calatrava relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón, por las que citó como imputados, entre otros, a Benzo. Finalmente, el juzgado archivó la causa y desestimó asimismo los recursos presentados.