Valdecilla ahorraría 102 millones con una gestión pública, según el estudio que encargó el Gobierno

Tanto regionalistas como socialistas se mostraron desde el minuto uno en contra de este modelo de contratación que dejaba en manos de la empresa concesionaria no solo la conclusión del edificio de las Tres Torres (incluido en la fase III, con el que se cerraba el plan director iniciado en el año 1999 por el Instituto Nacional de Salud), sino también la gestión de doce servicios no clínicos de todo el hospital durante un plazo de 20 años. Un paquete que elevaba el valor del contrato hasta los 760 millones (882 con IVA). Ambos partidos se comprometieron a tumbarlo y han buscado sin éxito la forma de conseguirlo. Tampoco la encontraron por la vía judicial.

Convencidos de que con el cambio de modelo Cantabria pierde más que gana, encargaron este estudio al Grupo de I+D+i de la Universidad de Cantabria solicitando una comparativa de los dos escenarios posibles: el elegido por el PP, bajo el argumento de que se optaba por la colaboración público-privada por la situación financiera de la comunidad autónoma para no aumentar el déficit público, y el descartado, que era el sistema de contratación pública. El punto de inflexión de aquella elección se sitúa en agosto de 2012, que es cuando, después del parón prolongado de las obras, el Gobierno rescindió el contrato con la unión temporal de empresas integrada por FCC, OHL y Ascán y decidió readjudicar el proyecto para «terminar de una vez por todas el hospital», como defendió con firmeza la entonces consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga.

Ese agujero de incertidumbre que impedía cerrar la herida abierta tras el accidente de 1999 se ahondó cuando falló la financiación estatal. En 2002, con el traspaso de las competencias de Sanidad a Cantabria, el Gobierno central ratificó que pagaría de forma íntegra la reconstrucción del hospital, pero un lustro después ya se habían extinguido los 206 millones recogidos en el convenio.

Tras más de una década reclamando el pago del sobrecoste de la construcción (100 millones), la región recibió una primera partida de los Presupuestos Generales del Estado en 2013. A día de hoy, aún faltan de pagar 44 millones que deberían llegar en los dos próximos años, aunque quedan pendientes los otros cien adelantados por Cantabria.

El cambio de rumbo

Con las obras en punto muerto, en enero de 2013 se inició el expediente, el engranaje de la colaboración público-privada materializada en enero de 2014, que es cuando Ferrovial-SIEC se convirtió en adjudicataria, constituyéndose como la sociedad Smart Hospital S. A. Un contrato que incluía, además, la dotación de mobiliario, equipamiento general y electromédico, con una inversión de 101 millones de euros, la factura energética de Valdecilla y de su centro satélite, el Hospital de Liencres, así como la renovación informática, que supuso reemplazar los 3.000 ordenadores distribuidos por el complejo y crear un Centro de Proceso de Datos (CPD).

Pues bien, el informe de la Universidad de Cantabria indica que, en términos de coste comparado, el modelo de construcción y prestación de servicios mediante el sistema tradicional de gestión pública habría supuesto un ahorro de 102 millones de euros. Así, frente a los 882 millones de euros que representa en total del contrato de colaboración público-privada (CPP), la alternativa pública supondría un montante de 780 millones.

La metodología utilizada para llegar a esta conclusión es el análisis que en términos anglosajones se conoce como Value for Money (VFM), muy común en los diferentes países de la Unión Europea. En definitiva, calcula el ahorro de costes o la ganancia en calidad derivada de la provisión y operación privada de infraestructura frente a la pública. O lo que es lo mismo, demuestra el acierto o el fracaso de la elección para el bolsillo de la Administración.

Para ello, los investigadores han tenido en cuenta el contexto social y económico en el que se desarrolla la actividad del Hospital Valdecilla, sin olvidar la evolución demográfica y la proyección del envejecimiento poblacional, que en 2009 alcanzaba un índice del 17,97% y para 2034, que es el año en el que expira el contrato con Ferrovial, será del 26,3%, lo que sin duda repercutirá en las necesidades asistenciales. Además, se han introducido variables del entorno macroeconómico (PIB, inflación, tipo de interés, deuda) y microeconómico que afectan al centro hospitalario, desde la productividad de servicios y el coste laboral al precio y consumo de electricidad, gas natural y agua.

Desglose de gastos

En el análisis comparativo de los dos escenarios, el equipo de la Universidad desglosa los costes de la construcción, de financiación y amortización, de gestión de servicios y de explotaciones comerciales -la empresa adjudicataria asume también la cafetería y el aparcamiento subterráneo de Valdecilla Sur, todo el equipamiento de vending (máquinas expendedoras), así como el servicio multimedia de la infraestructura (televisiones, teléfonos e internet, cuya renovación precisamente acaba de concluir con una inversión cercana a los 900.000 euros)-. La principal diferencia que encuentra se refiere a los costes de financiación y reposición, que en el caso de haberse optado por el modelo de gestión tradicional hubiera reportado un ahorro de 48 millones de euros, según el estudio de la UC.

A esta cifra, se añadirían los 35 millones de diferencia resultante en la gestión de los servicios, más los 17,5 millones de ahorro fiscal y 1,8 millones en la construcción. De ahí sale la cuenta de los 102 millones en un contexto calculado como más probable. Pero el documento, también plantea otros dos escenarios posibles, el optimista, que eleva el ahorro a los 180 millones de haberse continuado con el modelo de gestión pública; y el pesimista, que lo reduce a 50 millones.

En el análisis detallado de cada uno de los servicios que ha pasado a gestionar la empresa, los economistas señalan que la mayor repercusión negativa se detecta en el de informática y el de impresión y reprografía, argumentada en su alto componente de progreso técnico e innovación y crecimiento de tasas de productividad. Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que a partir del año 2025 -a mitad de la vigencia de la adjudicación-, los costes de la empresa superarán a los ingresos, con el consiguiente riesgo para la ejecución del contrato. Por el contrario, durante los primeros años (2014-2020) los ingresos superarán los costes, apuntan.

El Gobierno confió este complejo informe a la Universidad, desde el convencimiento de que la experiencia sería positiva para la Facultad de Económicas, ya que no hay ningún precedente de investigación de este calado a nivel nacional. Como apuntó el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, cuando confirmó el encargo, «podíamos haberlo sacado a concurso y que lo hubiera asumido una consultoría, pero nos parece más interesante que lo hagan profesores y alumnos de la Universidad, el ente más neutral que puede haber». Esta investigación centrada en el análisis del contrato de Valdecilla y su comparativa con el modelo anterior enlaza con otra sobre el impacto económico en la prestación sanitaria de Cantabria. Ambas le han costado a la Administración más de 42.000 euros -21.175 euros cada una- y representan un paso más en el seguimiento estrecho que el Gobierno está decidido a hacer a la adjudicataria, tras la auditoría de las obras y la comisión de control de todos los servicios asumidos.