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Miércoles, 19 de abril 2017, 07:47
El consejero de Economía, Juan José Sota, confirmó ayer que el Gobierno de Cantabria tendrá que realizar ajustes presupuestarios. Una medida a la que le obliga el Ministerio de Hacienda como condición para recibir el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Como adelantó ... este periódico y ayer corroboró el dirigente socialista, Montoro aún no ha detallado la cifra concreta de los recortes, pero la Consejería trabaja sobre una primera previsión de 32 millones de euros. "Podría andar en torno a esa cifra", señaló Sota, que considera el montante como "bastante pequeño y mínimo" en relación al global del Presupuesto, que asciende a 2.601 millones de euros. "Cantabria no tendrá que hacer grandes recortes porque obtendrá más ingresos de los previstos en las cuentas de este año", aseguró. El Ministerio le remitió una comunicación el pasado lunes 10 de abril a la Consejería de Economía, pero también al resto de comunidades incumplidoras del objetivo de déficit, para hacer ajustes si quieren recibir el dinero que necesitan para pagar las facturas de proveedores del primer trimestre.
Esta petición de Hacienda tiene su origen, según el consejero, en que Cantabria cerró el año pasado con un 1,4% de déficit cuando el objetivo estaba fijado en el 0,7%. Por eso, criticó que PP y Podemos digan que los ajustes se deben a que el Presupuesto para este año es "ficticio o mentiroso" cuando, para él, es "realista".
De hecho, destacó que los ingresos del sistema de financiación van a ser mayores que la previsión marcada por el bipartito en las cuentas, aunque se tendrán que destinar a financiar déficit y no se podrán usar para otros gastos. "Por tanto, el ajuste no tiene que ver con el Presupuesto de 2017 sino que viene del déficit causado por la no recepción de fondos prometidos por el Gobierno de España", denunció el consejero. En este sentido, apuntó que los 22 millones no recibidos de la partida para pagar las obras del Hospital Valdecilla han computado como déficit, aunque ahora se van a tratar de recuperar con una enmienda del PSOE en el Congreso. "Son dos décimas del PIB y es muy importante para la región", añadió.
A esos 22 millones, se suman otras partidas que el Estado no ha transferido, como los fondos para poner en marcha la Lomce o para financiar la Ley de Dependencia. Además, se tuvo que abonar la paga extraordinaria, lo que supuso un desembolso de 20 millones de euros.
Sota también reconoció que el aumento del déficit se produjo al no conseguir vender, vía subasta, bienes inutilizados por la Administración cántabra, como la finca Labat, una sede de antiguos juzgados en la calle del Sol o la antigua residencia La Pereda. De hecho, el Gobierno ha previsto ingresar 10 millones este año por estas ventas, así como 12 por la concesión del Puerto de Laredo y 56 millones por el impuesto de Sucesiones. Tres partidas que desde la propia Consejería reconocen que será difícil recaudar por completo.
El proceso está en la fase inicial de análisis de las cuentas de cada Consejería, que deben hacer una revisión de las partidas de forma que, ejecutando el presupuesto en vigor, "no se afecte a políticas en marcha". El consejero de Economía ha pedido que los ajustes que finalmente se tengan que llevar a cabo no afecten en ningún caso a los compromisos adquiridos con Ciudadanos para la aprobación del presupuesto regional en el Parlamento.
Sota subrayó que el pasado lunes, 10 de abril, la situación se puso en conocimiento de "todos los consejeros" para preparar el plan de ajuste que se deberá aprobar en Consejo de Gobierno en el segundo trimestre. Miguel Ángel Revilla, sin embargo, aseguró ayer desconocer la existencia de esos recortes. "No sé si alguien se lo trasladó o no al presidente", apuntó Sota, considerando que "normalmente no se le informa de que se está iniciando un trámite".
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