Los 'dieguistas' ahondan en la división del PP cántabro y acuden a los tribunales

Los principales cabecillas del sector dieguista optaron ayer por guardar silencio. Ni siquiera confirmaron el hecho de que la denuncia fuera presentada. Tampoco se extrañaron. Lo advirtieron en su momento y el paso estaba decidido. Faltaba únicamente confirmar la fecha, obligada también para cumplir el plazo máximo de cuarenta días para las reclamaciones desde la celebración del congreso de los populares. La demanda se presentó este miércoles y será el Decanato el que la derive próximamente a uno de los Juzgados de lo Civil de la capital. Según pudo saber este periódico la presentaron a través de un abogado asturiano y no se descarta acudir más adelante también a la vía penal. Hay, de hecho, un sector más visceral dentro del grupo que reclama dar cuanto antes este paso.

Un abogado muy concreto

Ni la fecha ni la elección del abogado son casuales. Todo estaba en la hoja de ruta. El letrado elegido es Manuel Estrada, que representó a unos exconcejales del PP que consiguieron tumbar el congreso en el que el PP de Gijón eligió a su presidente por unas irregularidades en el censo del partido. Con él ya se contactó antes de acudir a Génova con la carta para la dirección nacional del partido. Ya por entonces se le dio la orden de redactar la demanda civil y presentarla antes del vencimiento del plazo (los cuarenta días) si desde la sede central de los populares no movían pieza. Y no la han movido. Más bien, todo lo contrario si se tiene en cuenta que nadie recibió a los que viajaron desde Cantabria y que dieron por bueno el resultado del congreso regional.

Por todo eso se movió ficha ayer. Además, según pudo saber este periódico, los dieguistas cuentan con un informe jurídico elaborado por otro abogado de Madrid en el que hablan de la comisión de supuestos delitos, entre los que citan la financiación ilegal del partido. Un extracto de ese documento acompañó, precisamente, a la carta que entregaron a un conserje en el viaje a Madrid.

Con todo, la presentación de la demanda civil fue el movimiento más importante del día en el serial de los populares cántabros, pero no el único. Al arranque de la batalla también en el plano judicial se sumó un capítulo más en la guerra de trincheras que mantienen los diputados en el seno del propio Grupo Parlamentario. Allí tampoco son capaces de acercar posturas y las diferencias de criterio se hicieron ayer otra vez patentes. Los partidarios de Buruaga y la propia presidenta (que ya ocupa en el hemiciclo cuando le toca intervenir el escaño que ocupaba Diego) insisten en que el Grupo debe acatar y reproducir en su estructura la disciplina del partido. La nueva situación. Sin embargo, los afines a Diego, que son mayoría, no están dispuestos a ceder y prefieren actuar con autonomía Eduardo Van den Eynde, uno de los más críticos con Buruaga en todo el proceso sigue siendo el portavoz. Una división interna palpable en las formas y en el fondo.

Lealtad Popular

Guerra judicial, lucha interna y presión a través de las redes sociales. Tres frentes abiertos. En este último destaca un perfil llamado Lealtad Popular. De entrada, por su logo. El mismo o muy similar, porque falta la gaviota (el charrán, que hubo debate también con eso) que el oficial del partido, pero sustituyendo una de las pes por una ele. Está plagado de mensajes del tipo "esperemos que pronto se gestione la crisis en el Partido Popular de Cantabria", "queremos un Partido Popular de Cantabria limpio y que no sólo se centre en intereses electoralistas" o "el Partido Popular debe poner orden de una vez, no puede mirar para otro lado".

Lo último que han colgado es un vídeo con declaraciones del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en un programa de televisión. "No es ninguna suposición, lo sabe todo el mundo", dice Revilla al hilo de las denuncias sobre el presunto pago de cuotas de casi quinientos afiliados desde la cuenta bancaria de un vecino de Laredo el único aspecto que hasta ahora había llegado ya a la vía judicial a través de una denuncia. "Aparentemente un pucherazo de tomo y lomo", asegura el presidente regional. "Esperamos que desde el Partido Popular de Cantabria se investigue y se limpie la imagen del partido. María José Sáenz de Buruaga debe responder a Miguel Ángel Revilla", escriben en el muro de esta página junto al vídeo.

Los credores de esta cuenta que se puso en marcha en el mes de abril la describen como un "espacio abierto de debate político, económico, social y cultural de las diferentes sensibilidades existentes en el centro derecha cántabro". Abierto poco después del fin de semana en el que se celebró el Congreso que terminó con la victoria de Buruaga por un estrecho margen. Sólo cuatro votos, una diferencia que, lejos de calmar los ánimos, encendió las distancias. Incluso tras la aparente mano tendida de Diego aquella misma noche. "Estoy a disposición de la nueva presidenta de mi partido. Su suerte será la de todo el PP", dijo el expresidente. Una intención puesta muy en duda al hilo de la actuación de sus partidarios.

"Si la respuesta de Ignacio Diego y sus partidarios a la oferta de mano tendida es tratar de destruir el partido como organización, que nadie dude de que actuaremos con la normativa y con toda la voluntad de impedir semejante desatino", manifestó la secretaria autonómica, María José González Revuelta, ante la visita a Madrid con las cartas de denuncia de medio centenar de dirigentes, alcaldes y líderes de setenta municipios cántabros. Ellos amenazaron con acudir a la justicia. Ella aseguró que "las personas que no reconozcan a la dirección se situarán a sí mismas al margen de los procedimientos democráticos internos y de la lealtad que deben a todos sus compañeros, y deberán responder de sus decisiones ante las instancias correspondientes".