El Supremo pone contra las cuerdas a la ministra Tejerina para que derribe Vuelta Ostrera

En una providencia hecha pública ayer, el Alto Tribunal designa a la ministra como responsable de la ejecución y le advierte de las consecuencias penales en caso de incumplimiento. Aunque la resolución judicial no lo cita expresamente, el apercibimiento se refiere al delito de desobediencia.

Los jueces no van de farol e instan a la titular de Medio Ambiente a que dicte las órdenes procedentes para llevar a efecto sin dilaciones la sentencia, con expresa indicación de "remover cuantos obstáculos, demoras y trámites innecesarios se hayan acordado". Para ello, establecen que la ministra dé cuenta cada mes de las decisiones adoptadas al respecto y de la evolución de la ejecución.

Desde que en octubre de 2005 el Supremo ordenara el derribo de la depuradora al estimar el recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), se ha producido un auténtico duelo al sol entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sala III de lo Contencioso Administrativo del Supremo para ver cuál de los dos agota primero la paciencia del otro. El último episodio, el que colmó la paciencia del tribunal, se produjo el pasado mes de enero.

Entonces el Supremo denegó la tercera moratoria solicitada por la Administración condenada (la primera se produjo en 2006), que pretendía prolongar de nuevo el plazo hasta el año 2021, cuando la vida de la infraestructura está ya amortizada. La Sala amenazó con cerrar la instalación en marzo e iniciar su inmediata demolición si el Ministerio volvía a retrasar el plan ambiental de la nueva depuradora.

Vencido el plazo con creces, el Supremo ha puesto nombre y apellido al responsable de ese incumplimiento la ministra de Medio Ambiente, a la que requiere para que explique al tribunal las razones por las que su departamento ha elegido el camino más largo para elaborar el estudio ambiental necesario para construir una nueva infraestructura.

La Administración tenía dos vías para cumplimentar este trámite: por un lado, ir directamente a una evaluación ambiental, más rápido y directo, que hubiera supuesto un gesto de la buena voluntad del Ministerio para cumplir la sentencia; y, por otro, la tramitación de un documento de alcance o avance de estudio ambiental, que supone una demora en el proceso. Por eso, la Sala reclama al Ministerio que razone y documente esa decisión y que diga además quienes son las autoridades y técnicos que la adoptaron y justificaron.

Las continuas reprobaciones del Supremo en estos doce años de frustrada ejecución no han servido hasta ahora para nada. En su providencia del pasado mes de enero, el Tribunal reñía al Ministerio de Medio Ambiente por "no respetar" el calendario establecido y por las "innumerables incidencias" que han ido obstaculizando la demolición.

Fue ARCA quien recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2001, que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados para ser ocupada por la estación depuradora de Vuelta Ostrera. En 2005, el alto tribunal consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto que ésta establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Aquella resolución judicial conmocionó a la comarca Saja-Besaya, que llevaba décadas demandando el saneamiento de la ría de San Martín, y supuso una convulsión política que llegó al Parlamento. Dos prórrogas sucesivas, en 2006 y 2013, permitieron limpiar las aguas de Torrelavega y los municipios de su entorno.

En marzo del año pasado el Estado debía de haber presentado los planes ambientales de las seis ubicaciones marcadas en un estudio técnico como las mejores opciones para construir la sustituta de Vuelta Ostrera. Pero no lo hizo. Ocho meses después, ante la ausencia de noticias, ARCA presentó una reclamación al Supremo, que desembocó en el auto conminatorio de enero.

Entonces, los jueces exigieron a Medio Ambiente que tramitara "sin dilaciones indebidas" los seis planes mbientales, unos deberes que debió de presentar en sede judicial el pasado mes de marzo. De lo contrario, advertía el tribunal, la depuradora sería clausurada y demolida.

Ante este ultimátum, el abogado del Estado presentó un recurso en el que reconoció los retrasos en la ejecución de la sentencia, pero no por culpa del Ministerio, sino debido a "las exigencias impuestas para sustituir la instalación existente por otra". Además, el letrado solicitó una nueva prórroga hasta el año 2021 para presentar los planes ambientales. El Supremo rechazó de plano el recurso.

Seis alternativas

El Ministerio ha propuesto seis emplazamientos: Cuchía, Requejada, isla de Solvay, Hinojedo, Barreda y en terrenos aguas abajo del meandro de Vuelta Ostrera, a unos 300 metros al norte de la actual estación depuradora. De todos ellos, el Ministerio se decantó directamente por el que recibe más puntuación de los técnicos: la ladera próxima a la instalación. Es decir, su intención es demoler una depuradora que costó 24 millones de euros financiados en un 85% por el Estado y en un 15% por el Ejecutivo regional para volver a construir otra prácticamente al lado por 87 millones, según los cálculos de precios del informe.

En el Parlamento todos los grupos políticos, excepto Podemos, han unido sus votos para evitar la demolición de la depuradora, en tanto que el presidente Miguel Ángel Revilla afirmaba recientemente que no se demolerá "mientras no haya alternativa".