Media legislatura a golpe de pactos

Su gobierno en minoría y, por tanto, su debilidad en el Parlamento han acentuado las dificultades de la dupla PRC-PSOE durante esta primera mitad de legislatura. Han necesitado de aliados temporales, de lealtades con fechas de caducidad, para sacar adelante sus proyectos legislativos. En sólo dos años, el bipartito se ha visto abocado a gobernar a golpe de pacto. Una situación inédita, acostumbrados a la 'manu militari' de los que juntaban más escaños tras las elecciones. Además del reencuentro entre regionalistas y socialistas, Podemos y Ciudadanos han jugado un papel clave, turnándose como socios del Ejecutivo en la oposición y obligándole a hacer concesiones importantes. Cuando el Ejecutivo no quiso tocar los impuestos en 2016, Podemos le obligó a subir el IRPF. Y cuando presentó una reforma fiscal para 2017, Ciudadanos la vetó.

Falta aliento

Apoyado en el bastón de los nuevos partidos, el Gobierno ha consumido la mitad de un mandato con evidentes síntomas de recuperación, pero en el que también han quedado al descubierto los efectos crónicos que ha dejado la crisis a su paso: a la región le falta aliento para seguir el ritmo de crecimiento del país y los contratos de trabajo, aunque las colas del paro se han reducido, pecan casi todos de temporales y muchos de ellos son precarios.

El Gobierno tampoco ha sido capaz de sanear sus propias cuentas en estos dos primeros años. La deuda tocó su techo histórico con 2.890 millones de euros el pasado diciembre, 123 más que sólo un año antes. El dato es más escalofriante si se compara con la anterior etapa del bipartito. Cuando Revilla dejó Peña Herbosa tras perder las elecciones de 2011, la región debía 1.293 millones. Una legislatura y media después es más del doble.

El déficit también ha mermado la capacidad de maniobra del Ejecutivo, incapaz de contenerlo el año pasado. Los incumplimientos de los objetivos dictados por el Ministerio son cada vez más graves -el doble de lo permitido en 2016- y Hacienda ya ha marcado a Cantabria como una de las comunidades con mayores problemas de estabilidad financiera.

Aquella región con la que el bipartito estrenó su segunda etapa de gobierno tenía 44.595 parados, el 62% de ellos de larga duración y cuatro de cada diez eran menores de 25 años. Un escenario desolador que convirtió al empleo en la palabra más repetida en los programas electorales de los partidos.

El Gobierno decidió construir su política laboral desde la Concertación Social, una noticia que desató la euforia entre los sindicatos, que habían denunciado la desaparición de la mesa de diálogo en la anterior legislatura. Su uso, sin embargo, ha sido cíclico. Empezó muy fuerte, pero tanto los sindicatos como la CEOE ya han empezado a intensificar las críticas al Gobierno. O al menos a una parte de él. "La Administración se está echando la siesta", llegó a decir el presidente de la patronal cántabra.

La comparación con la herencia que dejó el PP arroja algunos puntos a favor del bipartito. Hay 3.274 desempleados menos -el mejor dato desde mayo de 2009-, el paro juvenil se ha reducido un 3,2%, las exportaciones suponen 36 millones más que hace dos años y la producción industrial se ha incrementado un 4,3%. Son datos objetivos de esa recuperación que nadie niega después de los años más oscuros de la crisis.

Pero todo tiene una doble lectura. Si rascamos la superficie de esas cifras, encontramos realidades preocupantes todavía en la región. Durante esta primera mitad de mandato, la calidad de los contratos ha entrado en barrena. Sí, se hacen más, pero la temporalidad, cuando no la precariedad, se han adueñado del mundo laboral. El 24,6% del total no son fijos, tres puntos más que en mayo de 2015. Y con un agravante: el 94,6% de las contrataciones nuevas que se hacen tienen fecha de caducidad. Sólo el año pasado emigraron 4.700 cántabros, de entre 25 y 45 años, para trabajar fuera. Todo a pesar de que uno de los ejes del acuerdo de catorce páginas ente PRC-PSOE fue "crear empleo digno y de calidad".

Una de las medidas laborales más importantes que ha tomado el Gobierno en este tiempo está enfocada, precisamente, a mejorar la calidad de los contratos. Este mismo mes, la Consejería de Economía acordó destinar 4,2 millones de euros a la aplicación del nuevo decreto de ayudas a la contratación indefinida, que tendrá a los jóvenes, los parados de larga duración y las desempleadas mayores de 45 años como principales beneficiarios. "Revertir la tendencia de fuerte expansión del empleo temporal y reducir el desempleo de determinados colectivos son los objetivos del nuevo decreto", reconoció el propio Juan José Sota.

PRC y PSOE, con criterios unánimes en las políticas laborales, han chocado, y mucho, en esta legislatura. Aquella famosa expresión de 'los dos gobiernos' que acuñó Ignacio Diego se ha hecho más patente que nunca. Ni ellos mismos lo han escondido con desplantes púbicos en momentos puntuales de la legislatura. De hecho, desde el primer minuto quedó claro que el matrimonio era sólo de conveniencia.

Municipios y Sodercán

No fue gratuito que en el acuerdo de legislatura hubiera un punto específico en el que el PSOE se daba por enterado de que los comités locales del PRC "son los competentes para realizar los pactos en los municipios". De hecho, existió cierta intranquilidad en ambas formaciones, en las horas previas a la constitución de los ayuntamientos, sobre lo que ocurriría en algunos municipios. Finalmente, el apretón de manos entre regionalistas y socialistas se escenificó en veinte de ellos y todos quedaron contentos.

Pero fue Sodercán la que provocó más tensiones entre ambos partidos. Con las cartas de las consejerías encima de la mesa, llegó el momento de repartirlas boca arriba. Para el PSOE eran irrenunciables las dos más sociales, Educación y Sanidad, ya que "forman parte de la identidad del partido", dijo en su día el diputado Ramón Ruiz. Pero tampoco estaban dispuestos, como el PRC, a renunciar a las áreas productivas que mayores réditos pueden aportar en un escenario de recuperación económica. La Consejería de Industria fue la que provocó más roces antes de que el PRC se quedara con ella, a cambio, eso sí, de entregar Sodercán, la mayor empresa pública y vinculada históricamente a Industria, al PSOE.

Francisco Martín, el fichaje estrella de Revilla, se quedaba así sin la herramienta financiera más potente para sus proyectos industriales. Una decisión que todavía hoy, dos años después, sigue teniendo consecuencias políticas en las relaciones de ambos partidos.

De Podemos a Ciudadanos

El acercamiento del presidente a Podemos, que facilitó su investidura y la aprobación del primer Presupuesto, no gustó nada a los socialistas, que también le echaron en cara a Revilla sus buenas palabras a Mariano Rajoy tras la reunión que mantuvieron en La Moncloa. El órdago del partido de Pablo Iglesias cuando llegó la hora de negociar las segundas cuentas -"o dimite Salvador Blanco en Sodercán o no hay acuerdo"- dejó vía libre al PSOE para cortar el cordón umbilical que unía a Podemos con el Gobierno. Ciudadanos, más laxo en sus exigencias, se convirtió en un aliado más cómodo.

Pero el desgaste entre ambos socios de Gobierno ha sido constante durante los dos años. La anulación del Plan General de Santander, la futura Ley del Suelo, las basuras de Guipúzcoa y, sobre todo, las sonoras discrepancias en el reparto de dinero en el segundo Presupuesto han sido momentos claves para entender el distanciamiento entre socialistas y regionalistas. Lejos suenan ahora las palabras de Revilla tras firmar el acuerdo de Gobierno con el PSOE: "Es el típico pacto lógico, que no da lugar a ninguna historia rara y no crea mal ambiente en la región, entre dos partidos progresistas con posiciones similares en temas de calado y una coincidencia casi absoluta en sus propuestas y denuncias".

En lo que sí han coincido plenamente ha sido en que casi todo el esfuerzo financiero debía ir orientado a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Casi en el primer minuto de la legislatura, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, aprobó un Plan de Emergencia Social de 85 millones de euros para combatir la pobreza en la región.

La apertura del nuevo Valdecilla también ha sido uno de los hitos de esta legislatura, aunque el Gobierno no enmendó finalmente el criticado contrato público-privado ideado por el PP.

Una de las áreas más problemáticas ha sido el mundo rural. Los ataques de los lobos y los buitres, la brucelosis, la sequía, el precio de la leche y la pérdida de población han supuesto muchos quebraderos para las políticas que, en este caso, lidera el PRC.

Éste ha sido el mandato en el que Cantabria se ha convertido en bandera contra la implantación de la Lomce y pionera, no sin polémica, de un nuevo calendario escolar a la europea. También el lábaro ha conseguido convertirse en un símbolo oficial de la región, los edificios ilegales y deshabitados de El Cuco se derribaron y se engordó el Fondo de Cooperación Municipal, clave para la economía de los ayuntamientos. El proyecto del AVE ha quedado enterrado, pero el Estado ha puesto en marcha en estos dos últimos años un Plan B, el tren de altas prestaciones con Madrid. En 2019, cuando se haga balance final de legislatura, podremos saber cuántos problemas de Cantabria ha podido arreglar finalmente el Gobierno en estos cuatro años. No serán todos. Ya lo avisó Revilla.