Sólo nueve ayuntamientos incumplen el plazo legal de pago a proveedores

La morosidad del sector público, consecuencia de la crisis económica, ha causado estragos entre los proveedores. El retraso mayor se produce en las corporaciones locales, que tardan una media de casi 61 días en pagar en el conjunto del Estado. En Cantabria, tres ayuntamientos presentan los peores datos: San Pedro del Romeral, con un retraso en los pagos de trece meses; Arredondo, con una demora de un año, y Escalante, que tarda siete meses en hacer frente a las facturas, cifras que superan ampliamente al plazo legal de 30 días. Hay además otros seis (Ruesga, Miengo, Alfoz de Lloredo, Corvera de Toranzo, Valderredible y Santa María de Cayón) que incumplen el periodo permitido, aunque con morosidad menos pronunciada.

En contrapartida, los 93 ayuntamientos restantes, incluyendo los más grandes (Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales, El Astillero, etc.), cumplen ampliamente los periodos de pago fijados por ley, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de marzo.

San Pedro del Romeral, municipio situado en la comarca del Pas-Miera, con 461 habitantes y más de 400.000 euros de presupuesto, y Arredondo, en la comarca del Asón-Agüera y una población de 480 habitantes, arrastran una situación deplorable en sus cuentas públicas.

El período medio de pago es un ratio entre las facturas ya abonadas y pendientes. La alcaldesa de San Pedro del Romeral, Azucena Romero (PP), que gobierna con mayoría absoluta, señala que ya están pagando en el plazo de dos meses a los proveedores, aunque su período medio de pago (390 días, es decir, multiplica por trece el plazo legal) refleja deudas heredadas del anterior equipo de gobierno que presidió el regionalista Pedro Gómez, actualmente concejal. «Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos muchas facturas en el cajón que no estaban recogidas en el presupuesto. Todavía se deben las fiestas locales del año 2014, y a la empresa pública MARE debemos 37.000 euros», subraya incómoda con el tema.

El portavoz regionalista niega la mayor y asegura que dejó un ayuntamiento saneado y que la alcaldesa «no paga porque no quiere, porque dinero hay». Gómez sostiene que «nunca he tenido facturas en el cajón porque se registraban todas», y que, al finalizar su mandato, dejó una deuda con proveedores de 56.000 euros, mientras que su sucesora acumuló en los seis primeros meses de gobierno facturas sin pagar por 211.000 euros. El edil del PRC mantiene que las empresas, hartas de no cobrar, están acudiendo a los tribunales. Así lo ha hecho la empresa que ejecutó las obras de ampliación del cementerio municipal, pero la demanda no llegó a juicio porque el Ayuntamiento se allanó y saldó la deuda, según ha reconocido la propia Azucena Romero.

Arredondo, en rojo

Establecer relaciones comerciales o prestar servicios al Ayuntamiento de Arredondo también es sufrir. Esta administración aparece en segundo lugar en el podio de morosos. El periodo medio de pago a proveedores en este ayuntamiento es de 362 días (una cifra 12 veces superior al plazo permitido por ley). Su alcalde, Leoncio Carrascal (PRC) dice que los problemas de liquidez impiden afrontar las facturas de sus proveedores. Según sus cálculos, adeuda «en torno a los 100.000 euros» a proveedores, y hay facturas retenidas del año 2015. El regionalista subraya que los problemas de solvencia financiera comenzaron en 2013, cuando «particulares y empresas dejaron de pagar al Ayuntamiento el IBI, el agua y otros servicios». Desde entonces los impagos suman ya 100.000 euros (todo cifras estimativas que el alcalde cita de memoria), lo que «ha creado problemas de liquidez». Los cobros fallidos del Consistorio han provocado a su vez una inmensa bola de nieve de facturas impagadas.

Carrascal anuncia mano dura con los morosos, porque el Ayuntamiento ha contratado a una empresa de recaudación que «va a empezar a embargar. Primero se mandarán las notificaciones y luego se ejecutarán los embargos de nóminas o lo que se pueda para cobrar».

El caso de Escalante es bien distinto. Acumula un retraso medio en el pago a proveedores a marzo de este año de 213 días, pero no por problemas de tesorería, como en el caso anterior, sino por una cuestión coyuntural. En 2016 este ayuntamiento estuvo siete meses sin secretario interventor, lo que «bloqueó» los pagos, explica su alcalde Juan José Alonso (PP). En la actualidad, «se paga a 40 ó 45 días como mucho y la Junta de Gobierno se reúne cada quince días para tramitar los pagos, pero quedaban facturas de ejercicios anteriores que no se pudieron hacer frente porque no había secretario».

Otros seis ayuntamientos superan también el plazo legal de 30 días, pero con ratios muy inferiores. Se trata de Ruesga, Miengo, Alfoz de Lloredo, Corvera de Toranzo, Valderredible y Santa María de Cayón.

Los 93 ayuntamientos restantes no sólo se encuentran dentro del plazo legal, sino que anotan ratios que se sitúan muy lejos del límite de 30 días establecido en la Ley de Morosidad. Incluso hay 41 ayuntamientos, como el de Camargo, Reinosa, Comillas o Puente Viesgo, que tienen un índice negativo. Hay que tener en cuenta que el período medio de pago empieza a computar transcurridos 30 días desde que un proveedor registra la factura. Por ello, los ayuntamientos que abonan su deuda comercial por debajo de 30 días presentan un ratio negativo.

Santander tarda en pagar a sus proveedores 21 días, sin contar ese mes de colchón que establece el Ministerio de Hacienda para elaborar su estadística. La concejala Ana González Pescador subraya que el Ayuntamiento «ha ido rebajando progresivamente en los últimos años el periodo medio de pago a sus proveedores», hasta el punto de situarse «entre las administraciones que pagan con mayor agilidad a sus proveedores». El Ayuntamiento de Torrelavega tarda 1,8 días. «No tenemos tensiones de tesorería y pagamos todos los días de la semana, lo que supera todas las expectativas», señala el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega. En El Astillero el periodo medio de pago es de 16 días, debido a «la labor ingente del interventor y su departamento, a que se ha mejorado la liquidez presupuestaria y a que se ha mejorado la información interna», subraya el concejal Salomón Martín.

Mención aparte merece Camargo, que reduce su plazo de pago y cumple con los proveedores en 5,6 días. El concejal Héctor Lavín dice que se trata de un Ayuntamiento «completamente saneado».