Los diputados díscolos del PP mantienen su pulso con Cospedal y no relevarán a Van den Eynde

En un ambiente de tensa cordialidad María Dolores de Cospedal, que por fin ha decidido interceder en este asunto; el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, y el diputado y coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera (un 'fontanero' del partido situado con Sáenz de Buruaga desde el comienzo de la crisis interna), recordaron a Ignacio Diego, Luis Carlos Albalá, Mercedes Toribio, Cristina Mazas, Ruth Beitia, José Manuel Igual, Francisco Rodríguez Argüeso y Santiago Recio que los mandatos del Comité Ejecutivo Regional son de obligado cumplimiento, según reconocieron a este periódico fuentes del partido. Sin embargo, uno a uno, prácticamente la totalidad de los presentes tomó la palabra para argumentar su negativa al cambio. También comunicaron a Madrid que la demanda presentada para reclamar la anulación del congreso que dio el poder a Buruaga y la suspensión cautelar en sus funciones de la junta directiva tampoco se va retirar.

Ante un bloqueo de las negociaciones, en donde las dos partes fijaron sus posiciones, Génova y los diputados acordaron «seguir buscando soluciones» y «volver a reunirse en próximas fechas para lograr lo mejor del partido». Para ello acordaron mantener un pacto de silencio al considerar que las trifulcas públicas a través de los medios de comunicación y de las redes sociales no hacen más que ahondar el conflicto interno.

Los diputados cántabros, eso sí, reconocieron ante Madrid a Buruaga como su legítima presidenta y opinaron, como vienen haciendo públicamente cada vez que se les pregunta, que se está perdiendo mucho tiempo en los debates internos. En Génova recalcaron, una vez más, la necesidad de conseguir unidad interna de cara a las elecciones autonómicas y locales de 2019, en las que los populares se jugarán recuperar el Gobierno de la comunidad. También les explicaron que, a día de hoy, no se ha tramitado ningún expediente de expulsión; la Comisión de Derechos sólo ha iniciado un procedimiento informativo con toda la documentación que ha recibido desde Santander.

La medida que finalmente acuerde Génova dependerá de cómo se califique la postura de los diputados cántabros. Es decir, si se entiende que es una falta grave o no, las sanciones se corresponderán con esa definición. En una rueda de prensa, la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, indicó el 1 de junio que iban a pedir a Madrid que abordara este asunto con la «máxima celeridad», dada la «gravedad de los hechos». A pesar de ello, un mes después, Génova ya ha mantenido dos encuentros (uno sólo con Diego y el resto conjuntamente), pero la resolución prácticamente no ha avanzado nada.

Guerra interna

La guerra interna abierta en el PP de Cantabria arrancó en el congreso regional celebrado el 25 de marzo, en el que la hasta entonces secretaria general, María José Sáenz de Buruaga, se impuso por tan solo cuatro votos a Ignacio Diego.

Los afines al expresidente autonómico no aceptaron el resultado, hablaron de presuntas irregularidades y llegaron a solicitar a la dirección nacional la apertura de una investigación, así como la suspensión cautelar de la dirección del PP cántabro que encabeza Buruaga. La cosa no quedó ahí y el 5 de mayo presentaron una demanda judicial pidiendo directamente la nulidad del congreso regional.

La negativa a aceptar el relevo del portavoz parlamentario es un episodio más de una división interna que ya dura casi tres meses.