Más de 6.400 pacientes han salido de la lista de espera por la vía privada pero facturada al SCS

En concreto, 561 pacientes han adelantado de esta manera sus cirugías, tras comprobar que en el sistema público no iban a ser operados antes de los tres meses, que es el plazo a partir del cual se puede optar a esta derivación a la asistencia privada o concertada. Son casi el doble de los que tramitaron este certificado el año pasado de enero a septiembre: 296. En total, el balance de 2021 ascendió a 341 intervenciones quirúrgicas realizadas a través de ese recurso muchas veces desconocido por la población. Es decir, que a falta de los datos del último trimestre, este año ya se han acogido a la ley de garantías para operarse 200 personas más que en todo el ejercicio pasado. Y eso sin contar los que no han logrado tramitarlo, según denunció recientemente el sindicato UGT, porque «no han sido informados de las opciones posibles ni del coste que deberán afrontar».

Por lo general, el Hospital Santa Clotilde y el de la Mutua Montañesa son los destinatarios de los pacientes acogidos a esta ley, por ser los centros con los que el SCS tiene firmado el acuerdo marco quirúrgico para aliviar las listas de espera -contrato que acaba de salir a licitación por valor de 22 millones de euros por cuatro años-, «siempre que se trate de procedimientos incluidos en ese concierto», especifica Óscar Fernández Torre, subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS. Las operaciones más remitidas son las de Traumatología y Ortopedia (cadera, hombro, rodilla, sobre todo), que es la especialidad que históricamente tiene el mayor volumen de pacientes en cola para ser intervenidos (5.000 constaban en el balance de junio) y, por tanto, que acumula más demora (una media de 166 días). Si se resuelve por medio de centros ya concertados, el paciente no tiene que adelantar el dinero. Pero también puede ocurrir que se trate de una patología no incluida en la cartera de servicios de estos hospitales. En ese supuesto, «se busca la opción privada que mejor convenga», añade. «Lo más importante para poder derivarlo es que el paciente no tenga comorbilidad (obesidad, cardiopatía, etc), ya que lo principal es su seguridad. Incluso si hay riesgo de complicación, el centro al que es enviado puede denegarlo». Y hay especialidades que están excluidas de la ley de garantías, como ocurre con Cirugía Plástica, Maxilofacial y Oncología, así como los trasplantes o los tratamientos de Reproducción Asistida.

A las personas que recurren a este derecho para adelantar intervenciones quirúrgicas hay que añadir las que han tramitado la petición para acceder a una primera consulta con un especialista. Un total de 408 hasta septiembre, frente a los 178 del año pasado en el mismo tramo de tiempo. En este caso, se abre la posibilidad de recurrir a un privado, a cuenta de las arcas públicas, cuando la demora en el sistema público supera los 60 días.

Por ejemplo, un paciente derivado hoy por su médico de cabecera a Dermatología de Valdecilla. Si la lista que tiene por delante le remite a 2023, cumple con el requisito principal para entrar en el marco de la ley de garantías, que se puede solicitar en el propio centro de salud o a través de los servicios de atención al usuario de los hospitales. Eso sí, tendrá que abonar lo que cuesta la consulta, que varía en función de la patología: desde los 70 euros de una dermatitis hasta los 220 por una urticaria, según la tabla de precios públicos de la Consejería de Sanidad. De 145 a 235 euros oscilan las consultas de Cardiología; de 135 a 500 euros, las de Neumología -la más cara es la del síndrome de apnea obstructiva-; de 135 a 280 las de Neurología, dependiendo si es por deterioro cognitivo, cefalea o epilepsia; y sobre 180 euros las de Pediatría.

Pero además de los que están pendientes de pasar por quirófano o de una consulta con un facultativo especialista, hay un tercer grupo de pacientes que también puede hacer uso de la ley de garantías para acortar los tiempos de espera, que son los que necesitan una prueba diagnóstica, siendo las de radiología las más demandadas con diferencia. La lista de espera es tal, dentro de la red del Servicio Cántabro de Salud, que ha obligado a «ampliar el horario incluso por las noches -caso de las resonancias magnéticas de Valdecilla- y a realizar programas especiales por la tarde (horas extra) también en Sierrallana». Y aún así, la lista no para de crecer, lo cual tiene su reflejo también en los solicitantes de esta prestación.

Si de enero a septiembre del año pasado fueron 1.134 los pacientes que pidieron hacerse la prueba por la vía privada reembolsable, toda vez que ya habían superado el tiempo máximo de espera en la pública (30 días), en lo que va de 2022 esa cifra se ha multiplicado por cinco: 5.517. De hecho, la avalancha de derivaciones, que desde el SCS atribuyen, en parte, al efecto del «boca a boca», hizo que meses atrás se cambiara el procedimiento de pago. En lugar de sufragarlo directamente la Administración (ese sistema duró unos meses), se volvió al método de cobro al paciente, que después tiene que tramitar la devolución.

El coste oscila entre los 180 euros de una resonancia simple a los 300 si precisa de estudios de mayor complejidad. «El principal adjudicatario, dentro del acuerdo marco de pruebas diagnósticas, que está dividido en lotes, es el Hospital Mompía, que asume el 55% de las peticiones», añade Fernández Torre. Aunque también hay otras opciones, como la Mutua Montañesa o el Centro de Radiodiagnóstico Sardinero.

El subdirector justifica el notable aumento de pacientes que solicitan acogerse a la ley de garantías por lo que denomina «demanda inhibida: a la demanda habitual de este año se ha sumado todo lo que dejamos de consultar en los dos años de pandemia, cuando todos entendíamos que los hospitales estaban volcados con el covid». Es por eso que ahora, ni con planes de choque, se da abasto para rebajar las demoras. Suben las consultas, los volantes para pruebas diagnósticas y, a la postre, las incorporaciones a las listas de espera para operar, sin perder de vista las urgencias, que también se mueven en registros récord.

«Toda la actividad, tanto quirúrgica como de consultas especializadas, está por encima de la previa a la pandemia», subraya Fernández. Para aliviar la lista de espera para operar, se tira de los centros concertados, que al año asumen «unas 3.000 intervenciones (el 10% del total)» -precisa-, incluidas en el acuerdo marco que ahora toca renovar y que se ha licitado en 22 millones de euros. Según el balance presentado a comienzos de año por el SCS, en 2021 se realizaron 30.970 operaciones en los hospitales públicos (5.313 de urgencia), frente a las 28.363 del año anterior, por debajo aún de las 33.409 de 2019. Y se derivaron a centros concertados 3.452, más que el primer año de la pandemia (2.847), pero menos que en el anterior (4.082).