El PP acusa a Pablo Zuloaga de diseñar «un presupuesto impregnado de sectarismos»

Así se expresó el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ante la comisión de Economía de la Cámara, donde presentó el presupuesto que manejará su macroconsejería durante 2020, que se eleva a 129,3 millones de euros, un 2,6% más que este año, y que quiere ser reflejo de «una nueva etapa y de una forma diferente de acercar la acción de gobierno a la ciudadanía». De ellos destacó que buscan «mejorar la calidad de vida de los cántabros a través de políticas de igualdad, de la economía del conocimiento, de la defensa de la cultura, el patrimonio y la identidad, y del fomento de la actividad deportiva».

El más crítico con las cuentas de la Consejería fue el Partido Popular, principal partido de la oposición; a través de su portavoz parlamentario Íñigo Fernández, acusó a Zuloaga de diseñar un presupuesto «impregnado de sectarismos, porque llamarlo tratos de favor o amiguismo sería feo». Una afirmación que fundamentó en que «la mayoría» de los convenios con ayuntamientos para mejorar las instalaciones deportivas municipales van a parar a manos de alcaldes socialistas («11 para el PSOE –partido del que Zuloaga es secretario general– y tres para el PP», afirmó), y en la «adjudicación a dedo» de subvenciones culturales «sin convocatoria, valoración de actividades, justificación, informe técnico o libre concurrencia. Da dinero a quien usted quiere y como usted quiere, a capricho», denunció Fernández.

El consejero contestó cuestionando al representante del PP «qué ayuntamientos considera que no deben recibir subvenciones para mejorar sus infraestructuras deportivas», recordándole si también le parecen mal las ayudas que percibirán los de Santander (gobernado por el PP junto a Ciudadanos), Torrelavega (PRC-PSOE) o Astillero (Cs).

Criticó igualmente Fernández de que se trata de un presupuesto «opaco», poniendo como ejemplo que transfiere seis millones de euros a la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte, un dinero «que es muy difícil de seguir y controlar». Ante esta acusación, Zuloaga indicó que «absolutamente todas las cuentas son públicas y pasan el control del Tribunal de Cuentas y el Parlamento».

Fernández también arremetió contra la estructura de la macroconsejería que dirige Zuloaga, que ha crecido de cinco a siete direcciones generales, «lo que supone un importante aumento del gasto para las arcas públicas». «Esta es la consejería de los gastos en altos cargos que no son necesarios –definió–, porque hay tres directores generales que suman bajo su mando doce funcionarios».

Fue aquí cuando Zuloaga elevó el tono de sus respuestas, recordando al PP que en el pasado dirigió gobiernos en Cantabria «con diez consejerías» –el actual tiene nueve–, lo que Fernández negó, y remarcando que, por encima de todo, el objetivo es «sacar adelante» las políticas del Gobierno de Cantabria. «Y, a veces, invertir en construir es más caro que invertir en destruir, que es lo que venían haciendo ustedes», aseveró. El consejero puso como ejemplo «los recortes en la financiación de la Universidad de Cantabria que caracterizaron el Gobierno del PP entre 2011 y 2015, que condujeron a que no estuviera ni siquiera garantizado el pago de las nóminas, o los recortes en las becas para los estudiantes. Frente a esta actitud, para nosotros la UC es un vector de igualdad».

Concluyó el vicepresidente lamentando que el portavoz del PP no dedicara «ni un minuto» de su intervención «para hablar de igualdad», área a la que su Consejería dedica cinco millones y «eje transversal» de la acción de gobierno del bipartito.

También desde la oposición Félix Álvarez, líder de Cs, valoró que aunque las cuentas de este departamento son «las más equilibradas» de todas, forman parte de un Presupuesto General de Cantabria «mentiroso», con unos gastos «irreales» y unos ingresos «inflados».

El portavoz de la formación naranja denunció que existe una propuesta incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de Cantabria de 2020 para modificar la ley de patrimonio cultural, que «torpedea» el proceso para reconocer los bienes de interés cultural, «en vez de facilitar» el procedimiento, que «queda en manos del poder discrecional» de la Consejería de Cultura, al suprimir la obligatoriedad en la notificación de dichas denegaciones.

Zuloaga valoró como «muy desafortunadas» las palabras de Álvarez por criticar el trabajo de los funcionarios y defendió que ningún empleado público utiliza un criterio «discrecional» para decidir sobre un proyecto, «sino que se ciñen a la ley y a los conocimientos técnicos» en referencia al reconocimiento de los bienes de interés cultural.

Por su parte, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, criticó que el presupuesto de la Consejería de Zuloaga presenta un «riego por goteo» con sus partidas, aunque ese riego «no llega a todo». Entre las distintas críticas que transmitió, lamentó que no se incrementen las ayudas destinadas a la natalidad (se destinan 1,6 millones) cuando «Cantabria se está convirtiendo en una región de jubilados a marchas forzadas».