Un acusado de quedarse dinero de la venta de coches dice que usó «parte» para pagar deudas con proveedores

En su declaración, uno de los dos acusados de quedarse dinero de la venta de vehículos de segunda mano que no eran de su propiedad, sino que los tenían en depósito en su concesionario, ha indicado que usó «parte» del importe obtenido -en seis operaciones- para «pagar deudas» pendientes contraídas con distintos proveedores, como talleres mecánicos, de carrocería o gestorías.

Así lo ha manifestado este miércoles el socio y apoderado del establecimiento, ubicado en la localidad cántabra de Mioño (Castro Urdiales), en el arranque del juicio contra ambos en la Audiencia Provincial, en el que también ha declarado su entonces pareja y administradora de la mercantil, destinada a la compraventa de coches de ocasión.

Los adquirían a dos sociedades de Madrid a través de su responsable -al que han imputado las citadas deudas-, con el que habían alcanzado un acuerdo por el que les proporcionaba los automóviles como depósito. Así, los tenían en su establecimiento a cambio de una diferencia en la venta, es decir, que se habían comprometido a quedarse con un margen en cada operación y entregar el resto de lo obtenido a sus propietarios.

Están siendo juzgados por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, por los que la fiscal solicita tres años de prisión -por quedarse con dinero de seis compraventas, y no siete como contemplaba inicialmente el escrito de acusación provisional-, mientras que la acusación particular eleva su petición a trece años, al imputarles 41 operaciones fraudulentas por las que también les reclama 167.500.

El socio del concesionario castreño enjuiciado ha explicado a la Sala de la Sección Tercera de la AP que desde 2016 tenían un «acuerdo verbal» con el dueño de los vehículos, con quien «pactaba» las ventas y el importe de las mismas, en función de las cuales «fijaba» las comisiones por cada operación. Ha señalado que se dejaba constancia de todas ellas, «siempre manuscritas», y ha asegurado que en el concesionario «facturaban» las comisiones hasta que se rompió el acuerdo, por un «conflicto personal».

Según su versión, el dueño de los vehículos se «enfadó» porque no quiso ir a trabajar con él a Madrid, y después de advertirle con llevarse todos los que había en depósito en el concesionario, dejó de hacer transferencias de los coches. En el interrogatorio de las partes, ha destacado que en total vendió unos «250 vehículos», aunque movimientos bancarios «no habrá más de veinte, si los hay», ha apostillado, después de aseverar que el madrileño insistía en que los pagos se hiciesen «en efectivo».

En cualquier caso, ha remarcado que solo hubo «problemas» con los seis últimos turismos, comercializados en el segundo semestre de 2018, a raíz del citado enfado «personal» y el cese de las transferencias por parte del propietario, a pesar de que él hacía «presión» para que las hiciera.

Ante esto, y unido también a que «cerraba» su negocio, decidió destinar «parte» del importe obtenido con esas últimas operaciones a «pagar deudas» de las empresas madrileñas con gestorías y talleres -mecánicos, de carrocería-, por gestiones administrativas para las compraventas y revisiones o reparaciones de los automóviles.

En este punto, ha enfatizado que el socio de la capital «contraía» dichas deudas, pero él «daba la cara», ante los clientes y los proveedores también, a los que se «debían 19.000 euros» de los que consiguió «reunir 13.000». «Como se iba a cerrar el concesionario, él quería dejar esas deudas, y yo le dije que las iba a abonar», ha aseverado el procesado, antes de reafirmar que tenía «poderes para hacerlo» además.

Ha añadido que cuando que advirtió al propietario de los turismos que iba a destinar dinero de las compraventas al pago de las deudas, «se enfadó» e incluso le «amenazó de muerte». «Puso a una persona debajo de mi casa durante unos días», ha remachado el acusado, que nunca antes se había dedicado a la compraventa de vehículos y que solo había tenido relación con el mundo del motor a nivel deportivo, como piloto de rallies.

Mientras, su entonces pareja, que se dedicaba a la estética, figuraba como administradora del concesionario «por conveniencia», porque el gestor así se lo recomendó cuando fue a constituir la empresa de compraventa de coches, dada su condición de autónoma, ya que también les aconsejó que formaran parte de la misma tres socios.

«Yo no hacía nada en la empresa», ha señalado esta procesada, que ha detallado al respecto que a veces iba por la oficina o hacía «favores» que les pedían su compañero y el otro miembro de la sociedad -limpiar coches, llevarlos a pasar la ITV, etc- por los que no percibía «ningún sueldo».

Así, ha apuntado que no estuvo presente en las ventas ni intervenía en transferencias pese a que se hicieran a su nombre, dada su condición de administradora. A pesar de ello, sí sabía «cosas» del funcionamiento de la empresa porque se las contaba su pareja -hasta que dejaron la relación en 2017-, por ejemplo que el responsable de la mercantil de Madrid «era el que decidía todo». A su juicio, era «una persona rara, extraña y peligrosa», pues cuando surgió el conflicto entre ambos la «amenazó» si no le decía donde estaba su exnovio.

En la vista también han comparecido cuatro testigos y se ha leído la declaración ante la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción de un quinto, un comprador de un turismo afectado por el cese de las transferencias que denunció los hechos «al sospechar que algo raro estaba pasando».

El primero que ha testificado ha señalado que adquirió el coche en agosto de 2018 en el concesionario de Mioño y que le daban «largas» cuando pedía que lo pusieran a su nombre, por lo que se «mosqueó» y también presentó denuncia. Así, estuvo circulando hasta diciembre, meses en los que hizo 4.000 kilómetros con un vehículo que estaba «de baja temporal» en Tráfico y por lo que lo tiene «inmovilizado» desde hace «cuatro años».

Otro cliente que pagó «en mano» el coche «a los tres días» de comprarlo, decidió «enviarlo a chatarra» tras varios meses sin que lo pusieran a su nombre, ya que no lo podía conducir y tenía que pagar el seguro además. «Estaba acorralado en una situación en la que no quería perder más dinero», ha manifestado.

Un tercer afectado ha indicado que sí lo está usando porque así se lo autorizó una jueza de Castro, al entender que era «absurdo» que lo tuviera parado al ser él «perjudicado» por un conflicto entre dos empresas.

Finalmente, a propuesta de la defensa, ha comparecido el propietario de un taller, cuñado del acusado, en el que hacían trabajos de reparación y mantenimiento de los coches del concesionario, que primero «iban abonando mes a mes» aunque quedó una deuda que persiste en la actualidad, de cerca de 3.000 euros.

La vista continuará el jueves a partir de las 10.00 horas con la declaración del resto de testigos, la prueba pericial, las conclusiones definitivas de las partes e informes.