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El Partido Popular de Cantabria fue la primera formación política en reaccionar a la información publicada ayer por este periódico en relación a la precipitada salida de la directora general de Economía, Montserrat García, de la Presidencia de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE). Como ... mar de fondo, las dudas sobre la legalidad del convenio para reestructurar la deuda que el Racing mantiene con la Administración, así como la devolución de la marca del club. García fue informada acerca de la dudosa tasación del valor de la citada marca en 2016 y entendió que el asunto podía acabar en los tribunales, por lo que no quiso cargar con esa responsabilidad y tuvo que acabar dimitiendo ante notario después de que la Consejería previamente no le aceptara la renuncia.
El PP ayer consideró que se han confirmado actuaciones «más que reprochables» en la OPE, lo que, en su opinión, supone «una prueba más» de que el Gobierno regional cesó al interventor general, Gabriel Pérez, para «tapar anomalías» en la gestión. Pérez, que había elaborado diversos informes críticos con el actual Ejecutivo, fue relevado en febrero por Pedro Pérez Eslava, hasta ese momento, entre otros cargos, presidente de la Oficina y la persona que más al tanto estaba del proceso para armar el nuevo convenio con el Racing. García, de hecho, nunca había conocido en detalle este proyecto ni sus implicaciones tras la potencial firma, que aún no se ha producido ante las dudas esbozadas por los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.
La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, se pronunció así en una nota de prensa en la que advierte de que al Ejecutivo regional «cada vez le cuesta más tapar los escándalos que se acumulan en las Consejerías». A su juicio, «estamos hablando de nuevo de los tejemanejes de este Gobierno con el Racing, de volver a manipular informes para que cuadren las cuentas y se firme un documento lesivo para las arcas públicas», subrayó la popular.
González Revuelta criticó que este «chanchullo» de la Consejería de Economía encabezada por Juan José Sota (PSOE) se une al cese del interventor general «por querer arrojar luz sobre la irregular gestión del Servicio Cántabro de Salud», que recae en el área de Sanidad, que también gestiona el Partido Socialista.
Además, advirtió de que detrás de estas informaciones sobre irregularidades en la gestión se evidencia «una estrategia coordinada» por el líder socialista, Pablo Zuloaga, el consejero de Economía y la titular de Sanidad, María Luisa Real, para «tapar irregularidades y cortar cabezas a los que discrepen y quieran sacarlas a la luz».
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