Los afectados por La Pasiega alegan en los tribunales que el PSIR no está en vigor

En estos momentos hay dos procesos judiciales abiertos en paralelo en los que se dirimirá si el PSIR, la figura urbanística que permite al Gobierno actuar sobre esos suelos antes rústicos, tuvo un error en su publicación hace año y medio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Un defecto de forma que podría tener consecuencias en los plazos de las obras y en los intereses económicos de los dueños de las fincas si los tribunales acaban dándoles la razón.

Fue en abril de 2022, en la pasada legislatura, cuando el Consejo de Gobierno del bipartito PRC-PSOE aprobó el PSIR de La Pasiega. Dos semanas después publicó su decisión en el BOC, acompañado por su índice y un enlace a la web externa del Ejecutivo regional donde se podía consultar íntegramente el documento. Es decir, en ningún momento el contenido completo del PSIR se publicó oficialmente en el BOC, como es práctica habitual con este tipo de normas, tal y como marca la ley y multitud de jurisprudencia del Tribunal Supremo.

No en vano, fuentes internas y especializadas del Gobierno de Cantabria han confirmado a este periódico que se trata de una situación a todas luces irregular, ya que una normativa de este tipo necesita de su publicación completa en el BOC para que entre en vigor. Y eso es, precisamente, lo que argumentan los afectados por las expropiaciones de los terrenos en los que se levantará el futuro polígono, cuyos terrenos han pasado de rústicos a urbanos tras la aprobación del plan. «No se está poniendo en entredicho la validez o no del PSIR, solo que no ha entrado en vigor por falta de publicación. Jurídicamente no existe», señalan en sus alegaciones ante los tribunales.

Algunos de los expropiados en la primera fase del plan fueron los primeros en llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el pasado mes de septiembre. Esta causa sigue abierta, aunque el juez ha denegado las medidas cautelares que los afectados pedían hasta que hubiera sentencia. Es decir, la obra sigue en marcha mientras se juzga si el PSIR llegó a entrar o no en vigor.

Al mismo tiempo, los propietarios de terrenos aún no expropiados -lo serán en las fases 2 y 3- también han acudido por su lado a los tribunales debido al perjuicio económico que consideran que han sufrido este año. Al cambiar la etiqueta de los suelos de rústico a urbano, el IBI se encarece notablemente, y alguno de esos propietarios ha pagado casi el doble de factura este año en comparación con el anterior. Ellos también alegan que al no haberse publicado el PSIR íntegramente, sus terrenos siguen siendo rústicos y, por tanto, exigen la devolución de lo pagado de más.

Las dos causas coinciden en que el PSIR es «ineficaz y no ha entrado en vigor», pero en ningún momento se cuestiona su validez. «La forma en la que se ha publicado -dicen- vulnera las garantías de autenticidad e integridad que exige la normativa del BOC». Y ponen como ejemplo el supuesto de que los planes generales o las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos no se llevaran al Boletín y se publicaran válidamente en las webs municipales: «No sabríamos cuál es el día que se publican ni el día que se modifican o se derogan». Para sostener su argumento hacen alusión a multitud de sentencias del Tribunal Supremo, como la de septiembre de 2012 en la que subraya que este tipo de normas urbanísticas «no entran en vigor hasta que no se haya publicado completamente su texto en el boletín correspondiente».

Tanto el Gobierno como la empresa encargada de las obras de La Pasiega, Vías-SIEC, creen que cualquier demora derivada de una sentencia contraria tendría un impacto importante en el proyecto. El Ejecutivo cuantifica en 2.345 euros el sobrecoste económico por cada mes de retraso durante el primer año, y de 5.096 euros si se produce durante el segundo año de los trabajos. Por su lado, la empresa alega que las fincas aludidas suponen «un camino crítico de la obra». Sin embargo, los afectados creen que la construcción se retrasaría, pero en ningún caso se suspendería. «No se puede apreciar un grave riesgo al interés general», defienden los demandantes.

A nivel político, este asunto ya se ha empezado a mover en el Ayuntamiento de Piélagos, donde AVIP tiene previsto presentar una moción para reclamar la eliminación de las liquidaciones tributarias a los afectados.