El ministro Planas choca con Ribera: «No estoy de acuerdo con la protección especial del lobo»

«Es un tema muy polémico. Ahora se trata de pasar al lobo de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial, y como ministro no estoy de acuerdo. Comparto la preocupación de los ganaderos y como ministro de Agricultura, estoy a su lado», apuntó.

Planas considera que hay que ser «capaces de situar claramente cada cosa en su lugar». «No es una decisión de mi Ministerio, sino de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, y respeto esa decisión, pero ya dijimos en el curso de su elaboración, hasta en dos ocasiones, que la regulación actual nos parecía suficiente», aseveró.

«Creo que hay que buscar el justo equilibrio en esta situación en el que consigamos mantener la biodiversidad y también al mismo tiempo tener en cuenta las preocupaciones del sector ganadero y de la ganadería extensiva», añadió.

El debate no solo ha trascendido a nivel político. También a nivel jurídico hay diversas opiniones sobre cómo afectará la nueva orden ministerial, que será recurrida por el Gobierno de Cantabria, a las comunidades autónomas. «Esta propuesta sigue las recomendaciones expresadas por el Comité Científico en el dictamen emitido, si bien afecta no tanto al control poblacional del lobo por parte de la Administración, ahora mismo también en cuestión en Cantabria, como al sector de la caza», apunta Nilo Merino, abogado que trabaja con varias aseguradoras y ha llevado diversos casos de ganaderos que han perdido reses por ataques del lobo.

«No dudo que la contestación que se ha expresado por diversos colectivos frente a esta propuesta tendrá continuación cuando se apruebe la anunciada orden ministerial que incluya en el listado a toda la población de lobos de la península. La discusión jurídica y en sede judicial está servida», apunta.

Por su parte, los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción, colectivo que está pendiente de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre la actual normativa en la región, coincide que lo que se ha aprobado «es sacar al lobo de la lista cinegética, lo que no impide que las comunidades puedan seguir haciendo controles de población». Eso sí, señalan –a la espera de conocer el contenido de la orden– que lo que no se puede hacer es una gestión como la que se hacía hasta ahora, «que en cada batida de jabalí se pudiera cazar algún ejemplar de lobo». «Se le saca de la condición de especie cinegética. Controles sí, pero de forma motivada y justificada», apuntan. Frente a estas consideraciones está la de José del Río, abogado especializado en asuntos contencioso-administrativos que entiende que lo que hace el Estado es incluir al lobo dentro del patrimonio natural de España, «que está dentro de la ley de Biodiversidad, y eso es competencia exclusiva del Gobierno central en materia medioambiental». Sin embargo, las comunidades autónomas, según apunta este letrado, tienen la competencia exclusiva de la caza. «Entonces Cantabria seguramente dirá qué es lo que se puede cazar o no. Lo que pasa que al incluir al lobo en el patrimonio natural deja de ser una especie que se puede cazar porque debe ser protegida por la competencia del Estado sobre el medio ambiente». Como ejemplo, Del Río comenta que «Cantabria podría gestionar un bosque, pero no talar una encina si está protegida porque no formaría parte del bosque explotable». Ante esto, este abogado entiende que «el Gobierno de Cantabria, al tener la competencia de la gestión del medio ambiente, puede gestionar ese bien ambientalmente protegido (el lobo) con un límite, no matarlo». ¿Y cómo lo gestionaría? «Pues estableciendo zonas de reserva para el lobo, fijar indemnizaciones para los ganaderos que justifiquen los daños... Tienen un límite. Al ser especie protegida no se puede matar», insiste Del Río, al tiempo que entiende que esta protección puede ser discutible «ya que para preservar el lobo podría necesario hacer alguna cacería selectiva». En este sentido, también apunta que para gestionar el medio ambiente pueden darse algunas circunstancias que justifiquen el sacrificio de algún lobo. «¿Qué pasaría si un lobo se ha convertido en una ejemplar especialmente dañino para el entorno? Quizá habría que localizarlo, dormirlo y llevarlo a un sitio donde esté protegido».

A la vista de que las comunidades se han opuesto a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica, este abogado entiende que esto puede acabar en el Tribunal Constitucional por una «invasión de competencias por parte del Estado».

Inquietud y tensión se palpó ayer en la reunión que mantuvieron varios representantes de agrupaciones ganaderas con el consejero del ramo, Guillermo Blanco. Los perturba primero la incertidumbre en torno al nuevo escenario, pero el responsable de Ganadería del Ejecutivo regional sofocó el incendio en la misma línea que lo hizo la pasada semana, cuando aseguró que hará todo lo que esté en su mano para que el actual plan de gestión del lobo sea el que continúe rigiendo el control de la especie en Cantabria.

Del Parlamento llegaron también reacciones. De un lado la del secretario Ejecutivo de Ganadería del PSOE, Juan José Sánchez:«Respetamos la decisión de incluir al lobo en el listado de Especies de Protección Especial, pero diferimos del criterio utilizado. Hay que encontrar un equilibrio entre mantener la biodiversidad y proteger los intereses ganaderos». En el PP el dardo fue directo a esa falta de coordinación:«Los socialistas dicen una cosa en Madrid y otra en las comunidades y esto eso genera desconcierto», protestó el diputado de los populares y expresidente de la asociación Asaja, Pedro Gómez.