Ambuibérica tiene seis meses para renovar la flota de ambulancias del servicio urgente

Ayer entró en vigor la nueva adjudicación, la correspondiente al transporte sanitario urgente, que seguirá conduciendo Ambuibérica, la compañía de HTGroup, aunque para esta nueva etapa ha cambiado de marca: ahora se llama Autransa. A partir de ahora, tiene seis meses por delante para renovar la flota de cincuenta vehículos (incluidos los de reserva) y cumplir con las prescripciones del contrato suscrito con el SCS por 32,4 millones para los próximos dos años, prorrogables otros dos. Desde la empresa sostienen que, cuando culmine esa actualización, «Autransa contará con la flota más moderna, dotada de un equipamiento de vanguardia, con la que la población de Cantabria notará la mejoría del servicio».

El pliego establece que en la puesta en marcha ningún vehículo podrá tener más de cuatro años desde la fecha de matriculación ni más de 50.000 kilómetros y que, a lo largo del contrato, el máximo permitido será de siete años de antigüedad y 200.000 kilómetros recorridos. Es decir, que «alcanzados esos límites deben ser sustituidos obligatoriamente por otros de las mismas características». Así que en las ambulancias en circulación más recientes el cambio en estos días puede ser únicamente de pegatinas, porque los colores se mantienen como se conocen, con el amarillo para los equipos del 061.

No obstante, el documento recoge también que, «debido a la excepcionalidad del momento actual en relación al suministro de vehículos y sus componentes, en caso de no ser posible cumplir las condiciones de este apartado al 100%, la empresa deberá presentar un plan de incorporación de los vehículos de tal manera que se cumplan dichas condiciones en el menor plazo posible». Lo que sí ha tenido que incorporar ya en el arranque del nuevo contrato son las cuatro ambulancias exigidas de más respecto a las que tenía el servicio con el anterior: una de Soporte Vital Avanzado (SVA) destinada a Castro Urdiales, que ha sido la que ha puesto en pie de guerra al personal del SUAP, por «no contemplar la Gerencia de Atención Primaria una dotación de personal especializado en emergencias ligada a esa UVI móvil», y las tres de Soporte Vital Básico (SVB) previstas para Polanco, Renedo y Reinosa. Además, desde la empresa apuntan que se han ampliado de 12 a 24 horas las ambulancias de SVB de Santander y Laredo.

Con ello, la flota del transporte sanitario urgente estará integrada por siete ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) -más tres de reserva-, 31 de SVB -y otras siete de repuesto-, un vehículo de intervención rápida y otra unidad de apoyo logístico para múltiples víctimas. Desde Autransa destacan que «el aumento de los recursos y de las franjas horarias conllevará también un incremento de la plantilla».

Si bien el pliego no especifica la cifra de trabajadores del servicio urgente, se calcula que serán alrededor de 350, una vez descontado el centenar largo de profesionales del programado (los que realizan las rutas de pacientes desplazados para terapias o procedentes de altas hospitalarias), que son los que se quedan descolgados de la mejora salarial. La razón: ese lote del contrato -por primera vez se había dividido en dos, después de plantearse la internalización- quedó desierto. Sólo se presentó la firma SSG, que fue descalificada por no cumplir con los requisitos exigidos y que, después, recurrió el proceso. Y mientras no haya una resolución judicial, no se puede repetir el proceso, así que continúa la prórroga del contrato anterior, lo que para la compañía implica «seguir perdiendo dinero».

Así las cosas, se da la circunstancia de que Ambuibérica continuará prestando el doble servicio, pero en condiciones muy distintas. El urgente, con el precio ya ajustado al mercado, al convenio colectivo del sector y vehículos renovados -cabe recordar que el nuevo pliego mejoró notablemente la cuantía del anterior-; y el programado, sin mejora alguna y con el lógico descontento de la plantilla por la discriminación generada respecto al resto de compañeros. Sabedores del riesgo de conflicto, los sindicatos habían pedido a la Administración un contrato puente para minimizar esas diferencias hasta que el proceso se repitiera y hubiera nueva adjudicación, pero la respuesta de Sanidad es que tiene las manos atadas hasta que se levante la suspensión cautelar del juez derivada del recurso de SSG.