Ambuibérica se siente «maltratada»: «Las pérdidas son brutales y al SCS le da igual»

El sindicato UGT califica este anuncio de «chantaje» a la Administración para forzar la nueva licitación, pero la propia compañía lo describe como «las consecuencias de la tomadura de pelo» de la que han sido víctimas por parte de la Consejería de Sanidad y que «nos ha llevado absolutamente al límite». «Hemos aguantado hasta donde hemos podido, pagando religiosamente los sueldos todos los meses», defiende la concesionaria, asumiendo «unas pérdidas brutales, que sólo el año pasado ascendieron a 3,2 millones», pero contando que «ya estaban preparados los pliegos del nuevo concurso» y que había empezado la cuenta atrás.

Esa era la versión que habían dado tanto el anterior consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, como la exgerente del SCS, Celia Gómez. «Pero mintieron», se queja la adjudicataria, porque «lejos de poner fin a este contrato ruinoso, lo que hicieron fue prorrogarlo de forma forzosa» en febrero, que es cuando expiraba el plazo del anterior. «Y por una cuantía inferior a la que correspondería», añade. Por eso, Ambuibérica respondió de entrada con un recurso de alzada, que fue rechazado, y ahora va a dar el siguiente paso: Recurrir por la vía contencioso-administrativa esa prórroga que juzga «ilegal» y que se negó a firmar. ¿Por qué el cambio de planes de Sanidad? Es la pregunta que se hace una y otra vez la compañía, que lamenta «la falta de voluntad política para resolver esta situación tan grave».

Desde 2018, que «saltaron por los aires las reglas del juego», a raíz de la sentencia que les obligaba a pagar como horas extra el exceso de jornada de las guardias, el agujero en las cuentas de Ambuibérica por el contrato con el SCS supera los siete millones de euros. «Hemos seguido todos los pasos que marca la ley para hacer frente a estas circunstancias sobrevenidas; primero la solicitud para buscar el reequilibrio del contrato (otras comunidades sí han revisado los pliegos), y después incluso la rescisión, que también se nos denegó», advierte.

Desde el equipo del nuevo consejero, Raúl Pesquera, se han limitado a decir que «la prórroga estaba incluida en el contrato firmado con la empresa» (cuatro años de duración con dos años prorrogables) y que estaba «previsto así desde el inicio». El sindicato USO desveló a comienzos de semana, cuando ya avisó de la posibilidad del descuelgue del convenio, que en su último encuentro con el actual gerente del SCS, Rafael Sotoca, les reconoció que «acaban de llegar» y que «estaban de paso». En esa cita, según USO, Sotoca les dejó entrever la intención del Gobierno de prorrogar el contrato otro año más y que «no tenían prisa en publicar un nuevo pliego». Una información que choca con las conversaciones mantenidas meses atrás con la adjudicataria, que se siente «maltratada» y «engañada».

Llegados a este punto, a la empresa de las ambulancias no deja de sorprenderle que no haya habido «ningún movimiento» por parte del SCS para intentar frenar un conflicto que puede provocar el «deterioro de un servicio tan esencial como es el del transporte sanitario». La plantilla, que también contaba con las subidas salariales ligadas al nuevo concurso, afronta ahora «desmoralizada» el inicio de las negociaciones del ajuste laboral. «Es frustrante para todos», advierten desde la compañía, conscientes del daño para el bolsillo de sus trabajadores. «Y aún así, es imposible que compensemos las pérdidas, como mucho, las atenuaremos».