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La empresa social Amica ha respondido este sábado a la exigencia del sindicato USO de que cumpla la sentencia en su contra diciendo que «acata» la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que le condenaba por la retirada de pluses a raíz de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en su filial Soemca Empleo pero que «no se han agotado ni los plazos ni los procedimientos de aplicación» de la resolución judicial. Para la entidad, USO hace un flaco favor a los trabajadores y sus empleos con sus denuncias en un momento económico como el actual, en el que se están consiguiendo mantener 600 puestos de trabajo «sin haber pedido ni un solo ERTE».
La dirección también lamenta la postura de USO «justo ahora que se ha rescatado a las 20 personas de la plantilla de Reinosa, reabriendo un gran centro de trabajo que estaba abocado al cierre». A la apertura de esa instalación acudió ayer el presidente Miguel Ángel Revilla, donde hizo público su apoyo a la entidad y valoró la labor social que realiza en sus centros especiales de empleo, donde tienen trabajo centenares de cántabros con discapacidad.
La Unión Sindical Obrera, que llevó a juicio a la empresa por haber quitado pluses a sus 250 trabajadores de la lavandería industrial Soemca (con instalaciones en Torrelavega y Maliaño) en el momento en que subió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -para absorber ese incremento- la acusó este viernes de no cumplir la resolución judicial y la advirtió de posibles sanciones e incluso embargos judiciales de bienes. El sindicato aseguró que Amica ya ha agotado los plazos para ejecutar la sentencia, pero la empresa lo niega, al tiempo que lamenta que USO acuda a los tribunales «con denuncias continuas».
Amica ha explicado que ha presentado dos escritos al juzgado, que aún no han sido contestados por el Juzgado de los Social, lo que la lleva a afirmar que «no se han agotado ni los plazos, ni los procedimientos de aplicación de la sentencia». Este extremo ya fue rechazado por USO de antemano, toda vez que esos recursos se refieren a la forma del procedimiento y no al fondo de la cuestión, que es el pago a los trabajadores de cantidades mensuales que se les han retirado, así como los atrasos.
La empresa ha reiterado, no obstante, que esta controversia «está pendiente de resolución del Tribunal Supremo», del que espera que «unifique doctrina» porque «siendo el SMI igual en toda España, no es lógico que se interprete su aplicación en Cantabria de forma diferente a otras comunidades autónomas».
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Amica rechaza, por otro lado, las críticas del sindicato sobre las características especiales de la sociedad, que capta anualmente subvenciones públicas. En este sentido, ha asegurado que ha pagado las nóminas de los trabajadores «con todos los incrementos del SMI, y justifica las subvenciones recibidas, sin existir ninguna objeción por parte de los servicios de la Administración Pública».
Sostiene que las subvenciones que se han concedido se calculan sobre el SMI, y todas las personas trabajadoras perciben al menos los 965 euros establecidos por el Gobierno. Por ello, ha indicado que los complementos salariales a los que hace mención la sentencia, obligarían a abonar cantidades por encima del SMI «que en ningún caso son objeto de subvención»
A juicio de Amica, a USO «poco parece importarle» el mantenimiento del empleo cuando «amenaza» con embargar los centros que dan trabajo a más de 340 personas en lavanderías y confección. Además, la empresa reprocha a USO que «tampoco parece importarle» que el pasado año se perdieran cuatro centros en los que se prestaban servicios de lavado de ropa, con casi 40 puestos de trabajo, ni que la empresa haya recolocado a esas personas «sin haberles producido ningún perjuicio laboral».
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Ana del Castillo
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