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El sindicato USO ha alertado este viernes de que Amica, empresa que da empleo a personas con discapacidad, se enfrenta a una sanción -e incluso a un embargo de bienes- por no ejecutar en plazo la sentencia condenatoria por la retirada de pluses económicos a raíz la subida del Salario Mínimo Interprofesional ... en su filial Soemca Empleo. Esta es un Centro Especial de Empleo que se dedica a la lavandería industrial y la confección y tiene sedes en Torrelavega y Maliaño y está enfrentada en un contencioso con la citada central desde que esta denunció ante la justicia que no ha aplicado a sus 250 empleados la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno central en 2019 y en 2020.
Ahora, USO asegura que Amica no ha ejecutado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Santander que favorecía a la plantilla, en su mayor parte personas con discapacidades severas a quienes se quitó los pluses que cobraban para absorber el incremento salarial a que obligaba la ley. El sindicato ha informado de que Amica fue requerida el pasado 16 diciembre para que -en el plazo de 10 días- cumpliera con lo estipulado en dicha sentencia, que es firme desde el 5 de noviembre tras ser ratificada por el Tribunal de Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En ella se había condenado a la sociedad dirigida por Tomás Castillo a abonar todos los complementos salariales que se habían retirado a los trabajadores de Soemca. USO ha indicado que la ejecución de la sentencia supone una subida salarial de entre 120 y 160 euros mes por nómina. Además, el abono de atrasos ascendería a más de 800.000 euros, pero estos tendrán que ser reclamados a través de demandas individuales. El sindicato ya ha puesto en marcha el mecanismo para pedirlos.
Desde USO se ha lamentado que, para no hacer frente a los pagos a los que está obligada, la empresa argumenta que ha recurrido con dos recursos, uno de revisión y otro de reposición. El sindicato aclara que ambos recursos se han planteado «contra la forma y no contra el fondo de la resolución judicial», por lo que en Amica «son conocedores de que la sentencia es firme» ya que sus reclamaciones no la suspenden.
Esta situación ha llevado a la central demandante a hacer público que la empresa social no está acatando la resoluciones judiciales, algo que tacha de «inaceptable» debido a las características de Amica, una entidad «receptora de fondos públicos» de forma sistemática para su funcionamiento.
De hecho, USO recuerda que la lavandería industrial recibió una partida extraordinaria de 1,26 millones del Gobierno de Cantabria que salió a su rescate con esta cantidad para compensar el impacto que la subida del SMI tendría en el colectivo laboral.
Cuando hace un par de meses el sindicato hizo pública la situación, Amica respondió diciendo que es necesario que el Tribunal Supremo aporte seguridad jurídica al sector de los Centros Especiales de Trabajo (ha habido sentencias distintas sobre el Salario Mínimo dependiendo de las comunidades autónomas) y avisando «del riesgo que corren los puestos de trabajo de muchas personas cuyo empleo ha costado años de esfuerzo crear» debido a esas subidas salariales.
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