ARCA se opone a ambos escenarios y pide proteger las zonas rústicas: «Para el ladrillo está el urbanizable»

Entiende que, con la nueva Ley, Cantabria se aleja de la normativa nacional y la que tienen la mayoría de autonomías del norte de España, donde la región será el territorio con un modelo urbanístico más liberalizado. García subraya que el postura del bipartito consagra la posición que introdujo el PP en 2012: «Ese cambio convirtió en normal y posible lo que es excepcional. Transgrede la lógica de que se urbaniza en lo urbanizable y no se urbaniza en el suelo rústico».

El colectivo apuesta porque los suelos rústicos, que se corresponden en su mayoría con terrenos fértiles, se reserven para los usos tradicionales. «Si se pone ladrillo ahí se sella la despensa alimentaria, porque una vez que se construyen ya son imposibles de recuperar», cuenta García, que anticipa que aunque muchos de estas fincas están en este momento sin uso, con la crisis del transporte y de suministros es previsible que en un futuro próximo vuelvan a convertirse en indispensables para usos agrícolas o madereros.

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«Más allá del impacto en el paisaje, esto significaría acabar con un recurso económico que una vez hormigonado no se recupera jamás. Sería una regresión importante. No se entiende cómo a unos políticos que tienen la misión de planificar a largo plazo se les ocurre hacer esto», concluye.

ARCA forma parte, con otros colectivos ecologistas o de agricultores, de la plataforma que trata de impedir que prospere la Ley del Suelo y en el que también están Izquierda Unida y Podemos. Estos dos partidos lamentaron que el PSOE «se vea arrastrado al pacto del ladrillo» de PRC y PP. A juicio de IU y Podemos, el borrador de la Ley propuesto por la Consejería regionalista de Obras Públicas «ya es suficientemente lesivo» para los intereses de la comunidad «como para que demos más pasos atrás» en la ordenación del territorio y los usos del suelo, en referencia a las enmiendas tanto de populares como las conjuntas de PSOE y PRC.

En este sentido, el líder de IU Israel Ruiz Salmón defiende que la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico «no puede seguir permitiéndose a una distancia máxima de 200 metros del núcleo», tal y como reivindica el PP. Y explica que este anteproyecto, «lejos de proteger el suelo rústico de los procesos edificatorios, consolida y amplia las modificaciones anteriores de nuevos usos y edificaciones aisladas en suelo rústico».