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Costó mucho, pero PSOE y PRC se pusieron de acuerdo para elaborar de manera conjunta las enmiendas a la Ley del Suelo que está ... tramitando en estos momentos el Parlamento de Cantabria. Los portavoces de los socios del Gobierno bipartito han firmado el documento, pero ahora ambas formaciones tienen versiones contradictorias sobre el alcance del pacto que, si no hay sorpresas, saldrá adelante gracias a su mayoría en la Cámara. El desencuentro tiene que ver con una modificación sustancial que socialistas y regionalistas introducen sobre el borrador que elaboró la Consejería de Obras Públicas y que se refiere al asunto más polémico para los ecologistas: la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
En estos momentos, con la norma en vigor, que data de 2012 y que impulsó el Ejecutivo de Ignacio Diego (PP), un particular puede pedir licencia para levantar una casa en cualquier municipio de la región siempre que cumpla una serie de exigencias. Se introdujo entonces la figura de las corolas, zonas rústicas anexas a los pueblos en los que estaba permitido el crecimiento urbanístico. De hecho, en los últimos diez años se han concedido 1.425 autorizaciones. Antes de que PRC y PSOE presentaran sus enmiendas esta semana, el proyecto del departamento que dirige José Luis Gochicoa para sustituir a la norma actual establecía un nuevo criterio. En realidad eran dos criterios distintos en función del tamaño del municipio. Para los de más de 5.000 vecinos se prohibía expresamente esta posibilidad, pero en cambio se ponían menos trabas para los que no alcanzan esa población con la idea de favorecer la lucha contra la despoblación. Las enmiendas socialistas y regionalistas dan otra vuelta de tuerca y corrigen el texto de Obras Públicas. En lo relativo a los ayuntamientos pequeños no hay cambios, pero sí una gran novedad en los medianos y grandes.
«Se podrá autorizar excepcionalmente en todos los municipios de Cantabria, durante el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, la construcción en suelo rústico de protección ordinaria, de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales». Esa es la literalidad de la enmienda de la discordia, que introduce una disposición transitoria de 24 meses. Es decir, que si la nueva Ley del Suelo se aprueba este junio, como pretende Revilla, hasta mitad de 2024 los propietarios de suelo rústico tendrán el visto bueno de la Administración para poner ladrillos siempre que la vivienda «se encuentre a un máximo de cien metros del suelo urbano residencial o núcleo rural» y que no haya otra ley que lo impida -el Plan de Ordenación del Litoral u otras figuras de protección, por ejemplo-.
Para el PSOE, está claro que esta opción de urbanizar el suelo no urbano en toda Cantabria -municipios de más y de menos de 5.000 personas- es temporal y durante dos años. Pero el PRC tiene una interpretación diferente. Lo que señala este grupo es que, en la práctica, la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico en los 102 ayuntamientos está asegurada más allá de esa fecha. Una vez que se abra la puerta, aunque tenga un limite temporal, se buscará la fórmula legal para que no se cierre. Técnicamente es sencillo: basta una modificación legal que se puede hacer con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que se aprueba cada año junto a las Cuentas y que permite cambiar el artículo de las leyes de una forma rápida y casi sin debate.
Los regionalistas, que rectifican así la propuesta inicial de su compañero Gochicoa, están seguros de que será así. Tanto que entienden que esta enmienda responde a las demandas que viene realizando el PP hace semanas y que, por tanto, existe la posibilidad cierta de que la Ley del Suelo se apruebe con el consenso de los tres grupos de la oposición.
«Existirá una moratoria que limite a dos años la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico tal y como está ahora. En el momento en que entre en vigor la ley empezará a contar el reloj», insistía ayer el vicepresidente regional Pablo Zuloaga (PSOE), para el que no hay dudas de que los ayuntamientos solo tendrán esos 24 meses para seguir avanzando en las licencias que ya podrían tener en marcha. Y a partir de ahí, se retomaría el espíritu de la norma que diseñó Gochicoa y solo habría licencias en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es decir, que esa moratoria es taxativa: «Está limitada en el tiempo precisamente para garantizar un desarrollo ordenado». En contra de la lectura que realiza el portavoz del PRC, Pedro Hernando -la otra persona que firma las enmiendas del bipartito junto a la socialista Noelia Cobo-, para Zuloaga el planteamiento de los partidos del Gobierno «es discrepante con la postura del PP». Según el líder socialista, se conseguirá avanzar en un desarrollo «ordenado y sostenible» y se evitarán «los desmanes que han llevado a Cantabria a acumular sentencias de derribo». Es decir, el mismo texto lo interpretan de forma opuesta.
La lectura que realiza el PSOE sí que coincide con la del PP. Ambos creen que la nueva norma, dando por hecho que las enmiendas saldrán adelante, será más restrictiva. Los socialistas lo celebran y los populares lo lamentan. Desde que se aplica la normativa en vigor, vigente desde 2012, cuando se modificó parcialmente el texto de 2001, la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico estaba permitida en toda Cantabria sin límite temporal. Se podía construir en las corolas, que incluían los 200 metros siguientes al núcleo del pueblo, y no los 100 metros que figuran tanto en el proyecto de Gochicoa como en el que resultará si salen adelante las enmiendas del bipartito. El PP también advierte de que se va a limitar «al máximo tanto la superficie a ocupar» dentro de una finca rústica privada como el número de viviendas a construir en las corolas.
Pablo Zuloaga
Vicepresidente de Cantabria (PSOE)
Pablo Diestro
Presidente de la Federación de Municipios (PRC)
No solo la dirección del PRC da por hecho que la disposición transitoria se convertirá 'de facto' en indefinida, también la Federación de Municipios (FMC) que preside el regionalista Pablo Diestro. «Estamos satisfechos porque en el tema de la construcción en suelo rústico, las enmiendas del bipartito tienen en cuenta nuestras peticiones. Salvo muy pocas excepciones, la disposición transitoria novena -la que desde 2012 permite esta práctica- está dando muy buen resultado. Los pueblos están creciendo poco a poco y sin presión urbanística», afirma. Diestro se muestra contento de que finalmente no se vaya a diferenciar entre municipios de más y de menos de 5.000 habitantes, porque este criterio penalizaba a pequeños núcleos que forman parte de ayuntamientos grandes. Y pone el ejemplo de su propio municipio (Reocín) o de Cabezón de la Sal, donde las pedanías «son tan rurales como los de cualquier localidad de las que sí está por debajo de esa barrera».
El presidente de la FMC ya avanza que la transitoriedad se va a prorrogar más allá de 2024 y subraya que los alcaldes de todos los partidos, incluidos los del PSOE, están de acuerdo con que así sea. Porque consagra el modelo de crecimiento tradicional de los pueblos en Cantabria, donde durante siglos se ha ido construyendo vivienda de forma dispersa «en la finca del padre o del abuelo».
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