Asaja Castilla y León dice que los controles sanitarios del ganado en Cantabria «no son fiables»

De acuerdo con la última información oficial que facilita la Dirección General de Sanidad de la Producción del Ministerio de Agricultura, la prevalencia de tuberculosis en Cantabria se sitúa en el 0,5%, en tanto que la de Castilla y León es del 1,63%. Es decir, tres veces superior. Con esta diferencia en el nivel de erradicación alcanzado en ambas comunidades autónomas, para el Gobierno de Cantabria resulta «difícil creer que la situación sanitaria de la cabaña ganadera de Cantabria pueda constituir un riesgo para la de Castilla y León».

Asaja asegura que sus principales recelos tienen que ver con una normativa autonómica que delega el diagnóstico de la enfermedad objeto de erradicación en veterinarios contratados por el propio ganadero, lo que, a su juicio, «le resta la debida imparcialidad». En el resto de autonomías la «práctica habitual» es que las pruebas diagnósticas las realicen veterinarios oficiales o empresas contratadas por la propia Administración. «En materia de sanidad animal no se puede ser juez y parte. Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo para controlar enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis bovina aplicando programas rigurosos que han supuesto el sacrificio de miles de cabezas de ganado cada año y limitaciones en los movimientos de los animales, así como la observancia de las más estrictas medidas de bioseguridad, lo que no ha ocurrido en todos los territorios», sostiene el colectivo castellano y leonés.

Por todo ello, pide a su Gobierno autonómico que esté vigilante ante la llegada de animales desde Cantabria. Ante esto, el equipo de Oria niega la mayor y defiende que no sólo es que su sistema tenga mejores resultados, sino que «además lo apoya todo el sector». A juicio de la Consejería, es una polémica artificial que responde a intereses de tipo sindical y político. Al respecto, la Consejería anima a Asaja a revisar el diseño y ejecución de la campaña de saneamiento ganadero, no en Cantabria sino en Castilla y León.

Y también a que confronte con sus colegas si el recurso a una empresa privada en la comunidad castellano y leonesa, en la que «se adjudica la campaña sobre una base de precios a la baja, por ejemplo», es mejor sistema para lograr buenos resultados que la encomienda a una empresa pública, como en el caso de Cantabria, cuyo sistema de tarifas garantiza un nivel mínimo de calidad en el servicio antes que el precio.

Por último, añade que la nueva regulación de saneamiento ganadero que Cantabria ha puesto en marcha este año no es contraria a la normativa nacional ni comunitaria.