El atasco para valorar la discapacidad afecta a 9.428 personas con esperas de año y medio

Pero esa demora en la valoración del ejemplo, basado en un caso real, no es una posibilidad, sino una consecuencia directa del monumental atasco que registra el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). La lista de personas pendientes del reconocimiento de su discapacidad asciende en la actualidad a 9.428, con una espera que en la mayoría de los casos llega al año y medio. Esta es una de las principales preocupaciones del equipo que encabeza Begoña Gómez del Río. Desde la Consejería de Inclusión Social reconocen el problema –se explica sin adornos a los afectados que pasan de vez en cuando por las oficinas a preguntar 'qué hay de lo mío'– y las dificultades que están teniendo para gestionar la acumulación de casos en cola.

¿Cuál ha sido la causa de ese tapón? Según apuntan desde Servicios Sociales, no es un motivo solo, sino una serie de factores en cadena, que parten de la actualización del Real Decreto 1971/1999 en el que se establecen los baremos de evaluación y el procedimiento para llegar a la declaración y calificación del grado de discapacidad. La normativa cambia –el nuevo decreto estatal 888/2022, de 18 de octubre, entró en vigor en abril de 2023– con el objetivo es que esa evaluación sea «uniforme» en todo el país, «garantizando la igualdad en el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación».

Hasta ahí la teoría. En la práctica, lo que hay de fondo es un endurecimiento del proceso. Las valoraciones resultantes con los criterios aplicados ahora pueden rebajar el grado de discapacidad con respecto al que se habría obtenido con los baremos antiguos.

El Defensor del Pueblo lleva tiempo denunciando los retrasos y el aumento de las quejas por este motivo. El colapso se repite, en mayor o menor medida, en toda España. El decreto nacional marca el camino, pero son los órganos competentes de cada comunidad autónoma los que tienen que emitir los dictámenes. En el caso de Cantabria, a través del Icass. Y ahí radica el segundo problema. La normativa dice que deben encargarse «equipos multiprofesionales integrados, en todo caso, por profesionales del área sanitaria y del área social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente». Un requerimiento que choca con la falta de médicos.

Desde Inclusión Social aseguran que no es un problema de dinero, que «si hubiera profesionales disponibles para reforzar esos equipos, se contratarían». Porque «la prioridad» es desatascar esa acumulación de personas a la espera de que les valoren su discapacidad. A diferencia de la evaluación de la dependencia, que recae sobre los facultativos de Atención Primaria, en el caso de la discapacidad, «esa labor debe asumirla personal funcionario» (no estatutario, que es el del SCS). En concreto, son los seis equipos del Centro de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO), situado en Cañadío, los que tienen que absorber la abultada demanda. Pero a esa necesidad de personal de refuerzo se añade, además, otra traba: la implantación de la aplicación informática para la valoración de la discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) –llamada Baredi–, que también ha tenido sus propias complicaciones (léase, más tiempo de retraso). De un lado, porque el convenio para la cesión del uso de esta herramienta por parte del Estado se aprobó en octubre de 2023, y de otro, porque la Administración ha tenido que formar al personal en su manejo, porque los baremos son distintos.

Mientras tanto, en la lista de espera para la valoración de la discapacidad han ido entrando más personas de las que han salido. Según los datos del Icass, en 2022 se recibieron 11.110 solicitudes y ese año se resolvieron 6.832 (el 61%). Yesa bolsa de carpetas sin abrir aumentó aún más en 2023: se registraron 12.633 peticiones y se dio respuesta a 8.035 (el 63%). Entonces, en la comparativa nacional, Cantabria aparecía como la séptima comunidad con menos demora, por detrás de Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Castilla y León. Y eso que el tiempo máximo de espera para emitir la resolución llegaba a los doce meses, el doble de lo que marca la propia orden del Gobierno cántabro, aprobada en noviembre de 2023 para desarrollar las pautas de la normativa estatal. En dicha orden se especifica, además, que deberá notificarse la resolución en tres meses en aquellos casos en los que concurran razones de interés público, bien relacionados con la salud, violencia de género, esperanza de vida o motivos de índole humanitario. En otras palabras, los casos que no pueden esperar tanto, entre los que se incluyen los menores de 6 años. Desde la Consejería aseguran que en esos supuestos la resolución es mucho más ágil.

El ranking nacional de demoras en 2023 lo encabezaban Extremadura y Canarias, con dos años de espera; seguido de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, con 18 meses. Pero si entonces la espera máxima en Cantabria para tener un dictamen era de un año, en enero de 2025 ya ha llegado a los 19 meses, al menos en las valoraciones que no conllevan diagnósticos de salud mental, los casos clasificados como puros (los mixtos son aquellos en los que intervienen también los psicólogos, y ahí la demora se sitúa en 13,5 meses). Precisamente, la introducción de baremos más estrictos han inclinado la balanza hacia el lado de los expedientes puros, que son los que obligatoriamente tienen que pasar por un médico. Otro factor más que alimenta el atasco.

Ni siquiera el haber resuelto a lo largo de 2024 un volumen de solicitudes del 95% sobre las presentadas –se recibieron 11.727 y se valoraron 11.131– ha conseguido paliar la 'mochila' de casos por evaluar que arrastran los equipos del Icass desde 2022.

Una espera que, lógicamente, indigna a quienes la están padeciendo. «Es lamentable. Estoy convencido de que habrá gente que se muera esperando a que le valoren su discapacidad. Para quien tiene una pensión en condiciones, esa demora igual puede asumirla, porque no le queda otra, pero es que al que vive con lo justo se le está privando de una serie de deducciones a las que tienen derecho y que le suponen una ayuda», se queja un afectado cántabro que prefiere no dar su nombre, «no vaya a ser que encima que pongan el último de la lista». Dice que no cree que le respondan a su solicitud «ni para el verano, cuando hará dos años del accidente que me llevó a la situación en la que estoy. Algo tienen que hacer para solucionar esto», concluye.