La auditoría en la Asociación de Hostelería detecta «deficiencias significativas» en la gestión

Aunque la versión oficial es que los resultados de la auditoría no influyeron nada en aquellos hechos, desde el entorno de Bedia sí se nombró este informe como detonante de su decisión de cesar a la directora. El único problema, según esas versiones, fue que lo hizo sin pasar antes por la junta.

En la carta enviada el pasado 3 de noviembre, la empresa HFC Consultores explica que ha realizado un estudio y evaluación del control interno de la Asociación de Hostelería como parte de la auditoría encargada para los años 2022 y 2023. Como el objetivo principal no era «identificar necesariamente todas las deficiencias que pudieran existir», no se realizaron «procedimientos más extensos sobre el control interno». Pero, pese a ello, los expertos detectaron «deficiencias significativas» en la gestión, tanto en la propia Asociación como en la sociedad Patrimonio Hostelero, creada en 2001, durante el mandato de Miguel Mirones, para gestionar su actividad inmobiliaria y la formación y escuela.

En el escrito de noviembre, los consultores dicen que la auditoría está «prácticamente terminada», pero no pueden emitir el informe debido a que la Asociación no les ha facilitado documentación clave para poder hacerlo.

En primer lugar, se quejan de que no han recibido la contabilidad del año 2023 hasta el día antes de enviar esa carta, por lo que no han podido «completar esa revisión». Y, por otro lado, tampoco se les han facilitado las cuentas anuales de ninguna de las dos sociedades firmadas por su órgano de gobierno. «Si no disponemos de ellas, no habría cuentas que auditar», le recuerdan a la junta directiva de la Asociación.

Pese a la falta de estos documentos que bloquea el informe final, los consultores remitieron un detallado documento que relata «deficiencias significativas de control interno de ambas entidades», además de un borrador de informe provisional. Sin embargo, debido a los problemas de gestión internos, como la ausencia de papeles o de justificaciones de transacciones y cobros, los auditores no pudieron «obtener evidencia que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales».

En una entrevista publicada por El Diario Montañés el pasado 14 de enero, la actual presidenta de la Asociación de Hostelería, María Ángeles Pérez, negó que la auditoría hubiera detectado problemas internos de gestión. «La información sobre la auditoría debe quedar internamente en la Asociación, pero solo habla de las cuentas, no tiene nada que ver con aquello –la crisis interna de finales del año pasado que supuso la dimisión de Javier Bedia–», señaló entonces.

Frente a estas declaraciones, la lista de quejas de los auditores es amplia, desde no haber tenido acceso a las actas del Consejo de Administración ni de la Asamblea General hasta la falta de «control interno que asegure el adecuado y oportuno registro de las transacciones y que todas se encuentran debidamente autorizadas», según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Precisamente, durante aquellos días de crisis interna se hicieron públicos algunos de esos posibles problemas de gestión, como subvenciones públicas que es necesario devolver porque no se ha cumplido con los planes. La presidenta aclaró que solo existe una ayuda pública que es necesario reembolsar al Gobierno, con fecha de 2013 y por valor de 54.000 euros. Y negó que existan facturas a proveedores sin pagar desde hace tiempo y que las cuentas estuviesen sin aprobar, como también se había denunciado.

La Asociación celebrará elecciones este año y María Ángeles Pérez ya ha anunciado que no se presentará, por lo que la hostelería cántabra tendrá en 2024 un nuevo presidente: el quinto en los últimos dos años.